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Jorge Ospina Sardi

 

Colombia debe brillar en el firmamento. Hay que abandonar el sendero de la mediocridad por el que transita actualmente. Solo una revolución libertaria la sacará del marasmo en la que se encuentra.

 

Lo primero es abandonar la complacencia con los bajos crecimientos económicos, con la falta de realizaciones y logros, con las corrupciones que se han enseñoreado en todas las esferas del gobierno, con desánimos y pesimismos que carcomen sus fortalezas espirituales. Colombia está llamada a convertirse en una gran potencia regional.

 

Lo segundo es que la luz de la libertad se extienda por todos los confines del territorio colombiano. Hay que destrabar al país de controles y regulaciones y permitir que las actividades productivas se desarrollen plenamente. La carga de la prueba en decisiones sobre iniciativas productivas debe recaer enteramente sobre el gobierno y no sobre individuos y empresas. En lo posible hay que eliminar permisos gubernamentales previos. 

 

Ningún sector o actividad puede ser condenada al ostracismo productivo con políticas gubernamentales discriminatorias en su contra. El gobierno debe tratar a todos los sectores y actividades “con el mismo rasero”, es decir, siguiendo los mismos criterios, sin hacer diferencias entre ellos. 

 

Ningún individuo y ninguna empresa debe rendirle cuentas al gobierno de los resultados finales de sus actividades productivas ni sobre el destino y uso de sus patrimonios. Los sistemas tributario y cambiario deben ajustarse para garantizar el cumplimiento de este propósito. 

 

El gobierno no tiene por qué involucrarse en alterar los términos de los acuerdos y contratos que individuos y empresas negocian y pactan libremente entre si. Esto incluye los contratos laborales y los contratos comerciales a todos los niveles, y siempre y cuando no se presenten violaciones a las leyes consignadas en los códigos civil y penal. 

 

Cero emisión monetaria para financiar al gobierno. Cero déficit fiscal: se gasta lo que se recauda. Se prioriza el gasto público en favor de sus funciones básicas como son la justicia, la seguridad y defensa, la salud, la educación, las relaciones exteriores, y la participación en algunas obras públicas y proyectos de desarrollo regional. Se reducen ministerios, se eliminan entidades y oficinas públicas residuales y se limitan al máximo las contrataciones de personal por fuera de las nóminas oficiales.

 

Se privatiza todo lo que no corresponda a las funciones básicas mencionadas en el punto anterior. Se establece un sistema eficaz y financieramente sostenible de subsidios a la demanda en salud y educación y se fortalece el sistema privado de pensiones con aportes públicos para atender grupos especialmente vulnerables. 

 

A fin de avanzar hacia una mayor descentralización, las políticas relacionadas con las exploraciones y explotaciones petroleras y mineras y con el aprovechamiento de los recursos hídricos, así como los ingresos que estas actividades generan por concepto de regalías, se revierten por completo a los departamentos. El subsuelo pasa a ser de su propiedad. 

 

 

Ha hecho carrera en Colombia la creencia según la cual las “reformas” económicas e institucionales son aquellas que engrandecen el poder de las clases políticas y el tamaño y funciones del gobierno. Pero si de lo que se trata es de maximizar libertades individuales y empresariales para renovar energías económicas y sociales, las reformas han de ser en el sentido exactamente contrario al de esta decadente creencia popular. 

 

Es hora que los colombianos se enfoquen en la promoción de su bienestar y en la materialización de sus objetivos de vida. Las clases políticas los han desorientado con ese enfermizo énfasis consistente en volcar la atención pública hacía lo que han llamado “procesos de paz”, que no han sido mas que excusas para no lidiar con unos carteles y organizaciones criminales que han convertido a Colombia en el centro de sus operaciones. 

 

Las clases políticas han debilitado al sistema de justicia colombiano acogiendo la absurda tesis que si los crímenes tienen una “motivación política” entonces están completamente justificados, incluso los de lesa humanidad. A la caneca de la basura con estos enfoques cobardes y evasivos. En una revolución libertaria las cosas se llamarán por su nombre. 

 

Las víctimas son víctimas, los victimarios son victimarios, los crímenes y delitos son crímenes y delitos, sin importar los argumentos espurios con los que estas cómplices clases políticas colombianas han justificado lo que no puede tener ni perdón ni olvido. Los criminales y delincuentes siempre encontrarán y expresarán que sus “motivaciones” son las mas nobles y sublimes. Pero en esto, lo que importa no son las “motivaciones” sino la magnitud de los tremendos daños que hacen. 

 

En una revolución libertaria la prioridad es defender y proteger a la población que no delinque, a la población que con su trabajo enaltece al país y lo encumbra hacia nuevos y mas prósperos destinos, para lo cual es imprescindible fortalecer el sistema de justicia y la operatividad y capacidad de las fuerzas públicas y la policía.

 

 

Colombia puede evadir la mediocridad en la que está sumida. Hay que crear las condiciones para pasar de crecimientos económicos anuales mínimos a unos de 6%. Hay que enderezar rumbos. El norte es una muy superior libertad individual y empresarial acompañada de una mayor firmeza en el manejo de las causas de la justicia y del orden público. 

 

Está al alcance un mas luminoso destino para Colombia con una revolución libertaria que mediante transformaciones de los marcos institucionales y de las políticas amplíe los espacios en los que opera la sociedad civil y logre mejores resultados en la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de los colombianos.