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Jorge Ospina Sardi

 

Debe implantarse una libertad contractual sin restricciones en materia laboral. La intervención de los gobiernos solo debe limitarse a impedir que se violen derechos fundamentales de los trabajadores.

 

Esos derechos fundamentales son básicamente los relacionados con la protección a la vida y la salud en los puestos de trabajo. Todo lo demás debe ser negociable. Situaciones tipificadas en los códigos civil y penal deben ser oportunamente resueltas por la justicia ordinaria.

 

Hay que decirlo una y otra vez: en las actividades productivas los trabajadores y empleados solo hacen contribuciones y aportes puntuales a unos resultados finales, cuyos riesgos y responsabilidades corren completamente por cuenta de los dueños de empresas (capitalistas y empresarios).

 

En contrataciones voluntarias, en ausencia de sistemas de esclavitud, de engaños e imposiciones a la fuerza, o de condiciones indignas de trabajo, no se configuran explotaciones o injusticias por parte de los dueños de empresas.  

 

Es imposible cuantificar cuánto representan las contribuciones y aportes de trabajadores y empleados en los valores finales de los bienes y servicios producidos. Esos valores finales solo se concretan en el momento de las ventas y dependen primordialmente de las utilidades marginales para los compradores y no de los costos de producción.

 

Dado que los valores definitivos de lo producido no dependen de los costos ni del trabajo incorporado sino de una manera muy indirecta, y que además trabajadores y empleados no asumen los riesgos de los resultados finales, entonces no hay base alguna para argumentar que ellos poseen el derecho a hacerse acreedores de beneficios adicionales a lo que serían sus contribuciones y aportes puntuales en las etapas de las cadenas productivas en las que laboran.

 

 

Las justificaciones para los actuales controles y regulaciones de los gobiernos en los contratos laborales, todas dirigidas a forzar a los dueños a pagarle a trabajadores y empleados por encima de sus contribuciones o aportes puntuales, se han respaldado en una anacrónica teoría de la explotación surgida por allá a mediados del Siglo XIX (ver mi libro Ensayos Libertarios, “Teoría de la explotación, derechos y creación de riqueza”, pp. 135-142, Unión Editorial Colombia, 2021). 

 

Resulta improcedente hablar de este tipo de explotaciones si se tiene en cuenta que es imposible cuantificar la magnitud de la incidencia de esas contribuciones y aportes puntuales en los valores finales de los bienes y servicios producidos. Esa incidencia puede ser incluso negativa si se incurre en pérdidas e insolvencias, en cuyo caso, si usáramos la jerga marxista, estaríamos hablando de ‘pluspérdidas’ en lugar de plusvalías. 

 

Esta situación se torna aún mas dramática con los grandes avances tecnológicos actuales dirigidos a aumentar productividades a través de la sustitución de trabajo humano a todo lo largo y ancho del espectro productivo, tal como está sucediendo y sucederá en forma muy intensa con la inteligencia artificial (IA). No se puede desconocer que el trabajo humano ha venido perdiendo importancia relativa en muchos procesos productivos.

 

De ahí que estén fuera de foco las extravagantes demandas de retribuciones no directamente relacionadas con las actividades laborales propiamente dichas. Con estos artificialmente elevados pagos que se dan con la implementación de las actuales legislaciones laborales, trabajadores y empleados explotan a los dueños de empresas y no al revés como lo pregonan los ideólogos socialistas. 

 

Hay entonces que flexibilizar al máximo los mercados laborales porque en medio de las circunstancias tecnológicas actuales y las que se vislumbran se vuelve imperativo elevar al máximo las productividades del trabajo humano. Para tales efectos, hay que derogar leyes laborales que encarnan una filosofía paternalista desfasada en la que trabajadores y empleados son vistos como unos desamparados menores de edad y los lugares de trabajo como unas especies de guarderías.

 

En otras palabras, “soltar las amarras” que actualmente inhiben el pleno desarrollo de las potencialidades del trabajo humano en los distintos mercados laborales. No hay otra alternativa si lo que se quiere es enfrentar los desafíos de tecnologías radicalmente innovadoras en productividades y que reemplazan mano de obra e inteligencia humana. 

 

 

La revolución libertaria propone que los términos de los contratos laborales sean, en aspectos esenciales, los que las partes acuerden libremente. Por ejemplo, entre otros aspectos, las causales de terminación de los contratos, las duraciones de los períodos de prueba, las indemnizaciones por los distintos conceptos, los criterios aplicables a los aumentos salariales, y la magnitud de los aportes patronales a la seguridad social.

 

También propone eliminar la fijación de unos salarios mínimos. Ellos generan informalidades y desempleos y no consultan las diferencias que puedan presentarse entre ocupaciones, lugares de trabajo y situaciones específicas en las que se encuentran las partes contratantes. 

 

Cada actividad productiva, cada industria, tiene sus particularidades en relación con las condiciones y circunstancias que moldean a sus mercados laborales. Las condiciones de trabajo, las ofertas y demandas de mano de obra en momentos específicos y las perspectivas en cuanto a resultados finales, así como otras particularidades, son muy cambiantes. Su evolución tiende a ser muy dinámica. No se entienden las razones por las cuales hay que introducirle una cantidad enorme de inflexibilidades y rigideces a estos mercados.

 

¿Por qué hay que garantizarle a trabajadores y empleados salarios y remuneraciones superiores a sus contribuciones y aportes puntuales? En el mundo fantasioso de políticos y gobiernos ocupa lugar prominente la idea de corregir desigualdades que son relativamente invariables. Todo el tiempo se la pasan viendo como concederle a distintos grupos de la población beneficios sin la contraprestación de esfuerzos y méritos. 

 

El credo socialista del Siglo XIX es el que todavía rige. Todo lo de esa ideología consiste en alterar en un sentido o en el otro los resultados que se darían si predominaran las libertades individuales y empresariales. Es un credo que utilizan políticos y gobiernos estatistas para superponer a las realidades tales como son, otras realidades totalmente artificiales y en ese proceso, engrandecer sus poderes y las expoliaciones de riquezas ajenas. 

 

 

Una revolución libertaria eliminaría estos y otros privilegios que son componentes integrales de unas realidades postizas. Se trata de privilegios que desalientan la generación de empleo y sustraen recursos que se requieren para financiar renovaciones y expansiones de las infraestructuras productivas.

 

Hay que optar por el camino inteligente de asimilar las realidades productivas tales como son y no tales como se las imaginan los políticos y burócratas que administran los gobiernos. Las realidades tales como son solo se manifiestan en su plenitud cuando imperan las libertades individuales y empresariales. 

 

Únicamente mercados laborales libres proporcionan las luces para evaluar acertadamente contribuciones y aportes en función de méritos y de escaseces y abundancias relativas. Sin esas señales basadas en las realidades tales como son, se tornan erráticas las decisiones de las partes involucradas y se acrecientan las incertidumbres y los riesgos en relación con los resultados de sus ejecutorias. 

 

Las economías solo prosperan –y las sociedades solo avanzan– cuando su población actúa en conformidad con las realidades tales como son, no cuando se engañan a si mismas intentando validar mundos ficticios saturados de derechos ilusorios.