Jorge Ospina Sardi

La revolución libertaria apela primordialmente al sentido común. Busca maximizar las libertades individuales y empresariales y centrar las actividades de los gobiernos en sus funciones básicas, eliminando intermediaciones corruptas, ineficientes y redundantes.

Los gobiernos por lo general son pésimos intermediarios en el logro de objetivos que benefician a las comunidades. Sus ineficiencias les son inherentes porque las motivaciones de sus administradores son las de maximizar poderes y gastos y no las de producir los mas útiles y baratos bienes y servicios y obtener en el proceso los mejores resultados netos. 

En los gobiernos no hay adecuadas y oportunas rendiciones de cuentas. Los gobiernos son disfuncionales. Los malos resultados no afectan mayormente a los responsables. Todos en los gobiernos “se lavan las manos”. Se refugian en una demagogia barata en la que prometen  “justicia social” e “igualdades”, sin consideración a costos y siempre incumpliendo con los nebulosos objetivos que se trazan.

Los políticos hablan como si fueran de ellos los recursos que le son expoliados a la población por medio de  impuestos, tasas y multas. Afirman que son ellos quienes darán educación gratis, salud gratis, vivienda gratis, etcétera y etcétera. Pero ellos no son mas que simples intermediarios en el reparto de unos dineros y recursos ajenos. 

Estrictamente hablando, el anuncio que se le debería escuchar a esos políticos y a los gobiernos debería ser: “nosotros, con la anuencia y aprobación de a quienes servimos y representamos, vamos a subsidiar la educación y la salud de tales o cuales grupos de la población.”

Y la explicación de esta decisión no debe terminar ahí. Está el tema del costo de oportunidad de estos recursos públicos. Entonces a ese anuncio habría que agregarle otro párrafo: “Estos subsidios de educación y salud a tales o cuales grupos de la población implican que habrá menos recursos para financiar subsidios a otros grupos de la población que los necesitan y en otras actividades prioritarias.”

Se llega así a una situación que nunca es explicada claramente por políticos y gobiernos. Primero, que esos subsidios ni son suyos ni son gratis. El costo es sufragado por los contribuyentes en un proceso en el cual políticos y gobiernos apenas son unos intermediarios. 

Lo segundo igualmente importante es que los beneficios de los recursos que se destinan a estos propósitos siempre hay que cotejarlos con los eventuales beneficios que se obtendrían en usos alternativos igualmente urgentes o prioritarios. 

Todo esto implica que quienes se benefician de los subsidios tienen que hacer muy buen uso de ellos o de lo contrario los deberían perder. Se trata de unos recursos que no caen del cielo y con los cuales se pueden atender otras necesidades igualmente importantes. Es decir, que es ante todo un gran privilegio ser favorecido con estos subsidios, mas aún si ellos no se refieren a derechos fundamentales ineludibles. 

En una revolución libertaria la preferencia es a otorgar subsidios a la demanda y no a la oferta. Es decir, la ayuda debe ser proporcionada directamente a los individuos y no a unas instituciones predeterminadas. Esta política es contraria a muchas de las prácticas actuales, especialmente entre quienes defienden la institucionalidad pública. 

Los defensores de “lo público” argumentan, por ejemplo, que sectores como la educación y la salud no deberían ser negocio y que la única manera de evitar que lo sean es con instituciones de carácter público no regidas por los criterios comerciales de pérdidas y ganancias que guían los mercados. 

Sin embargo, todos quienes trabajan en estos sectores “sociales” actúan con criterio comercial: esperan que su trabajo sea lo mejor remunerado posible. Al igual que el resto de los mortales, este es claramente su principal objetivo de vida. No están dispuestos a trabajar con remuneraciones y salarios menores a las que ellos consideran son los que merecen por el trabajo que realizan. 

En segundo lugar, los beneficiarios de los subsidios son los que mejor valoran o interpretan su situación específica. Idealmente, hay que concederles la opción de escoger entre un abanico de instituciones disponibles. Entre otras, con esta práctica se realzaría la competencia entre instituciones a todos los niveles, lo que elevaría eficiencias y calidades.

Finalmente hay que tener muy presente que las instituciones públicas son susceptibles de caer en manos de sindicatos y burocracias cuyos intereses giran alrededor de sus beneficios, sin importar mayormente la calidad de los bienes y servicios que producen. Y como si lo anterior fuera poco, sus trabajadores y empleados son frecuentemente escogidos con criterios diferentes a los relacionados con habilidades o méritos profesionales. 

De manera que son un disparate las tradiciones intelectuales estatistas que considera que en los sectores “sociales” no debería instrumentarse la racionalidad propia de los mercados. Han dado lugar a la proliferación de entornos complacientes con grandes ineficiencias y cuantiosos despilfarros en la utilización de los recursos públicos. 

Gracias a estas tradiciones intelectuales, se ha impuesto en esos sectores un “todo vale” que solo ha beneficiado a unos pocos en detrimento de los intereses de los grupos de la población a los que se pretende favorecer con los subsidios.

Entonces se produce esa paradoja que no han sabido explicar los ideólogos que idolatran “lo público”. ¿Por qué en actividades supuestamente no comerciales los costos de producción son mas altos y los productos finales de peor calidad que en las actividades que usan criterios comerciales de mercado?  

El criterio central en esto de los subsidios en sectores como salud y educación debe ser su eficacia, porque de lo que se trata es de subsanar lo mejor posible graves carencias y de elevar lo mas que se pueda la calidad de vida de los beneficiarios. Lo que interesa a pacientes y estudiantes es, por encima de cualquier otra consideración, acceder a servicios de la mayor calidad posible. 

Al analizar la situación de los subsidios hay que hacerlo con sentido común, sin fijaciones ideológicas, con la mira puesta en introducir los cambios institucionales necesarios para lograr eficiencias y calidades en el uso de los recursos públicos. Lo opuesto a quienes defienden una etérea idea de “lo público” que se usa como una fachada para sublimar intereses, muy específicos y comerciales por cierto, de unos políticos, unos burócratas gubernamentales y unos líderes sindicales.