Los medios de comunicación tradicionales callan. Pero no es Donald Trump quien está en graves problemas jurídicos sino la familia Clinton (Bill, Hillary y Chelsea).
Durante cerca de 25 años Bill y Hillary Clinton han desafiado al sistema jurídico con sus oscuras y controvertidas actuaciones. Llevan saliéndose con la suya gracias a su poder y a la complacencia de los medios de comunicación tradicionales. Bill, por ejemplo, ha dejado una estela de mujeres víctimas de acoso sexual y violación. Y ahora que el tema está sobre el tapete nuevamente con los escándalos de Harvey Weinstein y varias estrellas de Hollywood, muchos se preguntan si no ha llegado el momento de que el ex Presidente de Estados Unidos se sincere al respecto.
Como bien se sabe, cuando Hillary fue Secretaria de Estado manejó en forma irresponsable su correo electrónico y comprometió seriamente la seguridad nacional. Otros funcionarios recibieron condenas y sanciones por manejos menos comprometedores que el de la ex candidata presidencial, pero fue arbitrariamente exonerada por el ex director del FBI James Comey (cuya familia ha estado vinculada al clan los Clinton desde años atrás).
Meses después de la elección se vino a saber que la campaña de Hillary pagó por un “dossier” que contenía toda clase de información falsa acerca de su rival Donald Trump. Ese mentiroso dossier, que fuera elaborado por un ex agente de inteligencia británica con la ayuda de “informantes” rusos, fue entregado al FBI y otras agencias de seguridad de Estados Unidos y fue una de las piezas “probatorias” que en su momento sirvieron para iniciar el caso de una supuesta colusión de la campaña de Trump con el gobierno de Rusia.
Luego está todo este tema de la recepción de pagos a cambio de favores del gobierno. Quizás el mas sonado de estos casos actualmente es el de la venta de uranio al gobierno de Rusia, una operación que se concretó cuando Hillary era Secretaria de Estado. Dicen sus opositores que a cambio de esta aprobación la Fundación Clinton recibió cerca de US$145 millones en donaciones de los involucrados y que por esos días a Bill le pagaron US$500.000 por una conferencia en Moscú.
Pero es lo relativo al manejo de la Fundación Clinton lo que es mas vulnerable desde el punto de vista jurídico. Se trata de un entramado que comprende 10 iniciativas adscritas a la fundación principal. Estas iniciativas atienden cuestiones como el cambio climático, la pobreza en África, medicamentos a poblaciones marginadas, premios a personalidades vinculadas con la globalización, y ayudas a zonas afectadas por desastres naturales.
Actividades todas estas de difícil manejo y control por parte no solo de los administradores sino también de las autoridades gubernamentales encargadas de asegurar que los dineros recibidos como donaciones se destinen efectivamente a fines filantrópicos. En Estados Unidos estas donaciones generan descuentos tributarios y las fundaciones como tales están exentas de impuestos. Sin embargo, las autoridades de impuestos (a través del IRS) y la fiscalía o Departamento de Justicia (a través del FBI) son muy estrictos en la vigilancia de estos dineros.
Pues bien, para hacer la historia no tan larga, en el caso de la Fundación Clinton y sus iniciativas adscritas aparentemente se han violado todas las normas contables, tributarias y otras que aplican a este tipo de instituciones. Se trata de mas de mil millones de dólares en donaciones desde comienzos de la pasada década que no se saben a dónde fueron a parar.
Periodistas independientes e investigadores que han analizado a profundidad el asunto (y cada vez son mas) aseguran que se trata de una operación masiva de lavado de dinero, defraudación tributaria y tráfico de influencias en donde están directamente comprometidos no solo Bill, Hillary y Chelsea Clinton, sino también donantes como la Fundación Bill y Melinda Gates, otras reconocidas fundaciones, gobiernos extranjeros, famosas universidades y empresarios de renombre.
Hay que aclarar que los donantes son cómplices en los crímenes cometidos, puesto que tienen la obligación de velar por la transparencia y adecuada utilización de los recursos entregados. Es su dinero el que ha sido desviado hacia actividades ilegales y finalidades no filantrópicas.
Como bien se sabe, cuando Hillary fue Secretaria de Estado manejó en forma irresponsable su correo electrónico y comprometió seriamente la seguridad nacional. Otros funcionarios recibieron condenas y sanciones por manejos menos comprometedores que el de la ex candidata presidencial, pero fue arbitrariamente exonerada por el ex director del FBI James Comey (cuya familia ha estado vinculada al clan los Clinton desde años atrás).
Meses después de la elección se vino a saber que la campaña de Hillary pagó por un “dossier” que contenía toda clase de información falsa acerca de su rival Donald Trump. Ese mentiroso dossier, que fuera elaborado por un ex agente de inteligencia británica con la ayuda de “informantes” rusos, fue entregado al FBI y otras agencias de seguridad de Estados Unidos y fue una de las piezas “probatorias” que en su momento sirvieron para iniciar el caso de una supuesta colusión de la campaña de Trump con el gobierno de Rusia.
Luego está todo este tema de la recepción de pagos a cambio de favores del gobierno. Quizás el mas sonado de estos casos actualmente es el de la venta de uranio al gobierno de Rusia, una operación que se concretó cuando Hillary era Secretaria de Estado. Dicen sus opositores que a cambio de esta aprobación la Fundación Clinton recibió cerca de US$145 millones en donaciones de los involucrados y que por esos días a Bill le pagaron US$500.000 por una conferencia en Moscú.
Pero es lo relativo al manejo de la Fundación Clinton lo que es mas vulnerable desde el punto de vista jurídico. Se trata de un entramado que comprende 10 iniciativas adscritas a la fundación principal. Estas iniciativas atienden cuestiones como el cambio climático, la pobreza en África, medicamentos a poblaciones marginadas, premios a personalidades vinculadas con la globalización, y ayudas a zonas afectadas por desastres naturales.
Actividades todas estas de difícil manejo y control por parte no solo de los administradores sino también de las autoridades gubernamentales encargadas de asegurar que los dineros recibidos como donaciones se destinen efectivamente a fines filantrópicos. En Estados Unidos estas donaciones generan descuentos tributarios y las fundaciones como tales están exentas de impuestos. Sin embargo, las autoridades de impuestos (a través del IRS) y la fiscalía o Departamento de Justicia (a través del FBI) son muy estrictos en la vigilancia de estos dineros.
Pues bien, para hacer la historia no tan larga, en el caso de la Fundación Clinton y sus iniciativas adscritas aparentemente se han violado todas las normas contables, tributarias y otras que aplican a este tipo de instituciones. Se trata de mas de mil millones de dólares en donaciones desde comienzos de la pasada década que no se saben a dónde fueron a parar.
Periodistas independientes e investigadores que han analizado a profundidad el asunto (y cada vez son mas) aseguran que se trata de una operación masiva de lavado de dinero, defraudación tributaria y tráfico de influencias en donde están directamente comprometidos no solo Bill, Hillary y Chelsea Clinton, sino también donantes como la Fundación Bill y Melinda Gates, otras reconocidas fundaciones, gobiernos extranjeros, famosas universidades y empresarios de renombre.
Hay que aclarar que los donantes son cómplices en los crímenes cometidos, puesto que tienen la obligación de velar por la transparencia y adecuada utilización de los recursos entregados. Es su dinero el que ha sido desviado hacia actividades ilegales y finalidades no filantrópicas.
Los logros filantrópicos de la Fundación Clinton no se ven mayormente. Los pocos que son de mostrar no guardan relación alguna con el tamaño de las donaciones. Si va en serio aquello de Trump de “drenar el pantano” (drain the swamp) entonces los Clinton, administradores y donantes estarían expuestos a penas de cárcel.
Sin embargo, en Estados Unidos, a diferencia de otros países, no existe tradición de ex Presidentes y personalidades políticas de primer nivel condenados a penas de cárcel. Eso de que allá nadie está por encima de la ley no aplica en estos especiales casos. Si por fin se llegare a romper con esta tradición sería un quiebre histórico de grandes proporciones.