Se han puesto en tela de juicio los actuales esquemas de globalización con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y con el surgimiento de movimientos populistas o nacionalistas en Europa.

 

Es indudable que ha habido una reacción planetaria contra una globalización caracterizada por flujos migratorios irresponsables, por un manejo excesivamente centralizado de aspectos fundamentales de la vida económica y social de los países, y por un desprecio hacía culturas nacionales y locales.

No deja de llamar la atención como los partidarios de la globalización actual intentan ridiculizar con argumentos simplones y clichés las tesis de los partidarios de nuevos esquemas. No reconocen que las contradicciones y abusos que se han dado con esta globalización han generado rechazos justificados entre la población.

Estos pontífices de la verdad acerca de un tema tan complejo como es este de la globalización tildan a sus opositores de “nazis” y de “racistas”. Perezosos mentales es lo que son: creen que ganan el debate a punta de calificativos insultantes y exageraciones.

Pero la verdad es que los electorados de distintos países han votado a favor de replantear aspectos centrales de los esquemas vigentes de globalización. La gran mayoría de los electores que han rechazado estos esquemas no son extremistas: simplemente quieren recuperar o rescatar espacios políticos, económicos y culturales que recientemente han perdido.

 

Es indudable que uno de los detonantes de la reacción contra los esquemas actuales de globalización ha sido la migración indiscriminada y en cantidades mayores que en pasado de países menos desarrollados hacía países mas desarrollados.

Dentro de estos flujos migratorios, el proveniente de regiones islámicas del Medio Oriente y África ha sido quizás el mas controvertido. Y las razones están a la vista: unas culturas fundamentadas en una religión, la islámica, que promueve la intolerancia y el desprecio hacia otras religiones, y cuyos valores son bastante antagónicos a los prevalecientes en las comunidades que los reciben.

Pero el problema no es solo con los flujos migratorios provenientes de países islámicos. El problema también se da con migraciones de países económicamente muy atrasados hacía países con un alto nivel de vida. Obviamente en estos casos las solas diferencias económicas tienden a generar grandes diferencias culturales y en sistemas de vida. Esas diferencias llevan a la formación de guetos en los países receptores y a una falta de integración que es caldo de cultivo para toda clase de fenómenos delincuenciales.

Aunque el tema de las políticas migratorias siempre será uno muy complejo (lleno de aristas) habría que dejar de un lado la emocionalidad y el ideologismo para llegar a soluciones prácticas. Ante todo debería ser una decisión soberana de cada comunidad. Si esa decisión es a través de elecciones, mejor. Y en realidad así ha sido últimamente en Estados Unidos y en Europa: los votantes se han manifestado a favor de reducir, ordenar y controlar mejor los flujos migratorios. Y eso no tiene nada de malo: es una sana reacción contra un manejo anterior cuyos resultados dejan que desear.

En otras palabras, cada país o comunidad debería ser soberana en la toma de decisiones sobre política migratoria. Si un país decide no recibir inmigrantes, ningún otro país tiene por qué obligarlo a hacerlo. Fue imperdonable que la Alemania de Angela Merkel en 2015, utilizando las instituciones de la Unión Europea, le torciera el brazo a otros países para que recibieran cantidades significativas no deseadas de inmigrantes del Medio Oriente.

Unas arrogantes y desconectadas burocracias, las que administran la Unión Europea, definieron unas cuotas de absorción de inmigrantes, sin importarles en lo mas mínimo el parecer y el querer de las poblaciones que iban a ser directamente afectadas. Los resultados electorales adversos no se hicieron esperar.

Al igual que como sucedió con las promesas de Donald Trump de poner un orden en la política migratoria de su país. O con el Brexit en el Reino Unido. Y la verdad, ¿quién dice que gobiernos legítimamente constituidos no tienen el derecho a diseñar autónomamente sus políticas migratorias?

 

Los esquemas actuales de globalización se han tornado demasiado ambiciosos o pretenciosos en sus alcances. Son dictatoriales. Por ejemplo, buscan uniformar a la fuerza toda clase de políticas económicas y regulatorias. Es una globalización que está dirigida a que las políticas de los diferentes países confluyan hacía un consenso, llevándose por delante soberanías y diferencias culturales. Su mira es la conformación de una especie de gobierno planetario regido por instituciones tipo Naciones Unidas.

Pero existen alternativas. Una de ellas, por ejemplo, es la que ha esbozado Donald Trump en sus giras internacionales. Por ejemplo, una globalización administrada desde países soberanos, cada cual compitiendo económicamente con prácticas comerciales y reglas de juego transparentes y justas. Apoyada en acuerdos bilaterales antes que en grandes acuerdos multilaterales.

Se trataría de una globalización en la cual el poder decisorio sobre políticas y regulaciones no quedaría en manos de unas instituciones y burocracias multilaterales que no tienen dolientes y que carecen de esquemas decisorios transparentes.

En este tipo de globalización hay lugar a una mayor tolerancia y flexibilidad con respecto a diferencias en políticas y regulaciones. Por lo menos no habría la pretensión de acomodarlas dentro de la camisa de fuerza de consensos multilaterales. Lo multilateral se limitaría a unas pocas áreas (por ejemplo, prácticas comerciales y temas de seguridad) y no como es el caso con tratados como el de la Unión Europea y el de Mercosur donde instituciones multilaterales deciden sobre aranceles, cuotas sectoriales de producción, regímenes tributarios y laborales, migraciones, y toda clase de reglamentaciones a minucias de la vida diaria. O también como en el caso del Acuerdo de Asociación Tanspacífico (TPPA) o el Acuerdo de París sobre cambio climático, de los cuales Estados Unidos se marginó cuando Donald Trump llegó a la Presidencia.

 

Que los gobiernos compitan entre sí en políticas económicas y regulatorias y en temas relacionados con lo social y cultural es lo mas conveniente. Esta es la única forma práctica de evitar que se confabulen para tomar el camino fácil de utilizar los procesos de integración y cooperación para realzar el poder de los políticos que se adueñan de ellos.

Entre mayor sea la competencia entre gobiernos por atraer inversiones y obtener lealtades y apegos del resto del mundo, mayor es la presión para la adopción de políticas amigables a la actividad productiva y menos expoliadoras y controladoras de sus poblaciones.

 

Porque al final de cuentas lo que distingue a los esquemas actuales de globalización es un creciente intervencionismo estatal. La tendencia de las últimas décadas ha sido la de aumentar impuestos, regulaciones y controles de todo tipo. Son los gobiernos haciendo de las suyas con el apoyo de tecnocracias obsecuentes y de medios de comunicación serviles. Es una globalización centralizadora de los poderes públicos y como tal, de estirpe socialista.

La actual es, en últimas, una globalización que amenaza las mas preciadas libertades individuales y que bloquea el surgimiento de entornos caracterizados por procesos decisorios descentralizados y desburocratizados. Nada mas justificado y oportuno, entonces, que la búsqueda de alternativas, tal como lo proponen movimientos y partidos políticos de lo que algunos llaman la nueva derecha.