Jorge Ospina Sardi

Como una medida necesaria para proteger el fundamental derecho a la privacidad y garantizar las libertades económicas básicas, se requiere volver a implantar la reserva bancaria con todo el rigor del caso.

Ni los gobiernos, ni las entidades financieras, ni ninguna organización multinacional, deberían poseer la atribución de esculcar y entremeterse con el manejo privado de las riquezas bien habidas de personas naturales y jurídicas. 

Un aspecto fundamental de la libertad individual y que viene amparado por el derecho a la privacidad es el de la reserva de la información bancaria (también llamado secreto bancario). Con la única excepción de casos demostrados de delincuencia, ni los gobiernos, ni los establecimientos bancarios, ni terceros bajo ningún pretexto deberían gozar de la autoridad de examinar movimientos de capitales y dineros de naturaleza privada. 

Gobiernos, bancos y otras entidades financieras actualmente supervisan y vigilan hasta los mas ínfimos y miserables movimientos de capitales y dineros. Se la pasan escarbando y hurgando en los bolsillos ajenos, incluidos los de las personas naturales de escasos ingresos. 

Por ejemplo, toda persona que realice un movimiento bancario que supere la ridícula suma de 10.000 dólares o su equivalente en monedas locales, y viajeros internacionales que lleven consigo mas de 10.000 dólares en efectivo, son de inmediato catalogados como eventuales sospechosos de narcotráfico, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos. Esto en un planeta donde se transan diariamente el equivalente a trillones de dólares. Definitivamente situaciones como esta le dan la razón a quienes dicen que la estupidez humana no tiene límites.

Pero no se crea que el fisgoneo es solo para sumas superiores a 10.000 dólares. Lo es también en diversas circunstancias para giros y operaciones bancarias super minúsculas, incluso de menos de 100 dólares. Como si importara un carajo cuál es el destino de estas absurdamente ridículas sumas. Pero hasta ese grado de infinita idiotez cicatera han llegado gobiernos y entidades financieras. 

Con todo ello los funcionarios de gobiernos y de entidades financieras CONTROLAN y abruman con regulaciones y papeleos incluso a aquellos que poseen riquezas y capitales realmente pequeños. Con todo ello gobiernos y sus apéndices las entidades financieras han creado unas burocracias gigantescas dedicadas a esta detestable y grotesca actividad del esculque.

Las legislaciones que permiten los esculques financieros se caracterizan por violar un principio elemental de la justicia que es el de la presunción de inocencia. Todo aquel que transfiere capitales y dineros de una cuenta a otra, o que moviliza capitales y dineros entre distintas actividades, debe ser exhaustivamente investigado y si se presentan incoherencias o inconsistencias en los papeleos y declaraciones, debe ser sancionado y “lanzado de la luz a las tinieblas”. 

Eso de que primero viene la prueba judicial y luego la atribución para hurgar en la vida financiera privada ajena, no aplica en absoluto en este caso. Sin órdenes judiciales de por medio los funcionarios de gobiernos y entidades financieras solicitan de la manera mas imperiosa y amenazante toda clase de explicaciones y aclaraciones como si los propietarios de los capitales y dineros no pudieran decidir con entera libertad sobre su utilización.  

Estas abusivas legislaciones son impuestas por mentalidades políticas partidarias de otorgarle a los gobiernos descomunales poderes controladores sobre las actividades del común de la gente y de sus negocios.

Es así entonces como diariamente los gobiernos pisotean sin escrúpulo alguno el derecho a la privacidad en un aspecto que es clave para individuos y empresas. Porque el derecho a usar la riqueza propia como a bien se tenga, cualquiera que sea su monto, es algo sagrado desde el punto de vista de las libertades económicas básicas. Sin la presencia de una poderosa razón jurídica, nadie pero nadie debería tener la potestad de interponerse con las fuentes y usos establecidos por sus legítimos y exclusivos dueños.

En resumen, actualmente los gobiernos y las entidades financieras se han ido por el lado fácil que es el de pedirle a todos los usuarios del sistema financiero que demuestren todo el tiempo que sus transacciones y movidas financieras no están relacionadas con actividades delincuenciales. En lugar de cumplir con su responsabilidad que es la de primero que todo identificar puntualmente a los eventuales delincuentes para luego proceder con orden judicial de por medio a cercenarles a ellos y solo a ellos su derecho a la privacidad.  

Para darle un golpe de gracia a estas intervenciones arbitrarias y violadoras del derecho a la privacidad se requiere, como primera medida, eliminar impuestos como el de renta y patrimonio y el del valor agregado y sustituirlos por impuestos de fácil y transparente recaudo que minimizan los requerimientos de información y limitan el tamaño de los controles que se requieren para combatir la evasión, tal como lo expongo en mi libro Ensayos Libertarios.

Como segunda medida, restablecer de manera comprehensiva la reserva bancaria. Eso implicaría que por fuera de casos jurídicos excepcionales, los gobiernos y sus funcionarios no puedan acceder a ningún tipo de información relacionada con los movimientos de ingresos y gastos realizados a través de los sistemas financieros. 

Por otro lado, implicaría que las entidades financieras y sus funcionarios tengan prohibido “meter sus narices” en las cuentas de sus clientes y menos aún, exigirles explicaciones sobre la naturaleza de los movimientos que hacen.

Adicionalmente, para que el mensaje sea claro y contundente, la reserva bancaria tendría que protegerse con una legislación  que imponga penas y multas muy fuertes a quienes la violen, incluidos los hackers. 

Siempre y cuando no ocasionen perjuicios directos identificables y demostrables a terceros, los propietarios de capitales y dineros deberían disfrutar de una libertad total. De una libertad sin acosos y amenazas de expoliaciones. De una libertad que permita ampliar al máximo los alcances de las iniciativas individuales y empresariales como fuente de una creciente prosperidad para la gran mayoría y no solamente para la de unos pocos aventajados en el aprovechamiento de entornos llenos de restricciones y obstáculos por parte de gobiernos e instituciones financieras.