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Jorge Ospina Sardi

 

El plazo para el vencimiento de las deudas morosas del sistema financiero debe ser de cinco años. En contraprestación, se deben agilizar al máximo los procedimientos para hacer efectivas las garantías que respaldan los créditos.

 

Las deudas incobrables del sistema financiero son en su gran mayoría incobrables y no hace sentido mantenerlas vigentes indefinidamente como por ejemplo sucede en Colombia. Es cierto que estas deudas morosas son resultado de malas decisiones tanto de prestamistas como de prestatarios. Pero el dinero es de los prestamistas y son ellos quienes deben hacer el mayor esfuerzo para proteger lo suyo a la hora de tomar la decisión de prestar. 

 

Al sistema judicial no hay que empapelarlo con unos requerimientos de nunca acabar relacionados con el cobro de las morosidades. Tampoco hace sentido que quienes no pudieron pagar las deudas queden vinculados per secula secolorum a las desafortunadas circunstancias que culminaron en sus morosidades. 

 

El sentido de “borrón y cuenta nueva” es el de cortar con las malas decisiones del pasado y echar para adelante. Los gobiernos y los sistemas judiciales no tienen por que proteger mas allá de cierto punto a unos prestamistas que están entre los mas ricos y poderosos de los países. 

 

Las excesivas protecciones de los gobiernos a los sistemas financieros tradicionales conducen inexorablemente a distorsiones en los estimativos de los riesgos que se asumen con los créditos. Por ejemplo, es contraproducente que los gobiernos le ofrezcan a los sistemas financieros garantías sobre los préstamos que hacen, excepto en unas circunstancias muy especiales como las relacionadas con desastres naturales o situaciones de emergencia.  

 

Un acceso generoso a fondos públicos de garantías lleva a acreedores y deudores a equivocaciones en la toma de sus decisiones. Tanto los unos como los otros terminan recostándose en la disponibilidad de unos recursos que son provistos por los gobiernos y que minimizan los riesgos que asumen los prestamistas.

 

Un plazo como el propuesto de cinco años para el cobro de las morosidades traería consigo un gran alivio de cargas administrativas y operativas a todos los niveles, incluido por supuesto el sistema judicial. Este exigente plazo tendría que estar acompañado de procesos muy expeditos en relación con los embargos y obtenciones de las garantías, y por sistemas también muy expeditos de arbitrajes cuando las partes involucradas así lo decidan.

 

Dentro del espíritu de “borrón y cuenta nueva” al que se hizo mención atrás, las listas con informaciones sobre morosidades deberían eliminarse a los 10 años de los vencimientos. En principio, estas listas no deberían obstaculizar la apertura de cuentas bancarias, sino que deberían utilizarse exclusivamente para evaluar los riesgos implícitos en los créditos.

 

 

Muchos políticos y funcionarios públicos se la pasan diciendo que los créditos son indispensables para sacar adelante iniciativas y emprendimientos. Sin embargo, estos políticos y funcionarios terminan siendo en buena medida responsables de morosidades porque al final de cuentas popularizan la idea que los créditos son como una especie de maná caído del cielo.

 

Pero sucede que muchos negocios no producen lo necesario ni siquiera para cubrir sus gastos y mucho menos para pagar el principal y los intereses de unos préstamos utilizados en la financiación de inversiones o capital de trabajo. Para muchos negocios, especialmente los medianos y pequeños, el acceso fácil al crédito es una espada de Damocles. 

 

Esta torpe visión de políticos y funcionarios públicos se origina en el hecho que son muy proclives a pontificar sobre el uso de dineros que no son suyos. Y al final de cuentas engañan porque hacen creer en primer lugar que la viabilidad de los negocios es simplemente un tema de disponer de algún dinero. Y en segundo lugar, porque los prestatarios tienen que devolver a como de lugar los dineros que recibieron so pena de incurrir en unos significativos costos tangibles e intangibles.