Jorge Ospina Sardi

Se trata de una Consejería adscrita a la Presidencia de la República de Colombia. Su nombre completo es Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). Se estableció en 1994 y no ha producido mayores resultados.

En Colombia no solamente la guerra se ha convertido en gran negocio sino también la paz. Se han gastado grandes cantidades de recursos en los llamados “procesos de paz” que consisten en negociaciones a través de las cuales se indultan o perdonan delitos y crímenes (muchos de ellos de lesa humanidad) que han cometido los miembros de un sin fin de organizaciones al margen de la ley. 

También se los premian con ayudas monetarias y otras prebendas. Incluso en el caso de las Farc (hoy Partido Comunes) hasta se les concedió asientos en el Congreso sin necesidad de someterse al veredicto de las urnas. 

Todos estos “procesos de paz” vienen acompañados de unas inmensas infraestructuras burocráticas que se establecen para su implementación en lo cual también participan gobiernos extranjeros y múltiples ONGs. 

Varios de esos “procesos de paz” no han concluido como se esperaba. Ni siquiera el que emprendió el gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc, a pesar de su muy elevado costo y del montaje de una superestructura paralela al sistema judicial llamada la JEP (componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición). Al final de cuentas a este acuerdo ingresaron alrededor de dos terceras parte de los miembros activos de las Farc, mientras que la otra tercera parte se declaró en disidencia. 

Mas recientemente, en el gobierno actual de Gustavo Petro se inició otro proceso de paz esta vez con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). También supuestamente con otros grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. 

Tanto el ELN como los demás grupos con los que el actual gobierno pretende hacer “la paz total” se lucran de la actividad del narcotráfico. En el caso del ELN hay igualmente un involucramiento de muy vieja data en secuestros, extorsiones, desviaciones de dineros públicos regionales y locales, minería ilegal, y atentados cometidos con bombas. 

En realidad el actual proceso de paz se iría al traste si el ELN se retira de la mesa de negociaciones. Ya en el pasado, en otros gobiernos, las negociaciones con esta organización han fallado. El ELN tiene un sistema de gobernanza descentralizado y sus negocios ilícitos están muy bien estructurados en varios lugares del país. Es una organización altamente rentable. Siempre terminan pidiendo el cielo y la tierra como contraprestación para abandonar sus lucrativas actividades. 

Esta “paz total” del gobierno de Petro tiene otro eslabón que no cuadra y es el debilitamientos de las fuerzas de seguridad. El descabezamiento de la oficialidad y una actitud evasiva a la hora de utilizarlas en situaciones intrincadas de orden público, ha llevado a una pérdida de moral y de capacidad operativa. Todo esto se ha reflejado en una actitud desafiante de los grupos al margen de la ley que ha desembocado en un deterioro de la seguridad a todo lo largo y ancho del país. 

Después de mas de cincuenta años de “procesos de paz” Colombia sigue sumida en graves problemas de seguridad. Apenas el gobierno afloja las riendas el caballo se desboca. El narcotráfico y otros delitos no cesan de azotar a una población que se ha caracterizado por su resiliencia. 

La reacción de la clase política ha sido en términos generales ingenua en el sentido de pretender que problemas de delincuencia pueden resolverse indultando y dispensando favores a los delincuentes y luego gastando dineros públicos en espesas burocracias supuestamente para orientar e implementar las negociaciones. Es esa curiosa idea que uno le debe pagar al delincuente para que deje de delinquir. 

Este modelo está agotado. Parte de la ilusa idea que a los delincuentes los mueve una racionalidad similar a la de quienes no delinquen. Enreda terriblemente el tema de la intervención de la justicia porque establece un doble estándar para el juzgamiento de los delitos y crímenes.

Si usted asesina, secuestra, extorsiona, roba dineros públicos y se involucra con el narcotráfico, pero lo hace con la disculpa de que su motivación es “política”, entonces usted pertenece a una categoría especial de delincuencia, a la que no aplica los castigos del código penal. Llevamos décadas en estas maromas judiciales justificando lo injustificable. 

Cualquier delincuente puede decir cualquier cosa sobre las razones que lo impulsan a delinquir. Es una solemne estupidez juzgarlo por lo que él afirma es su motivación y no por el daño que ocasiona con su delito o crimen. Pero en Colombia hizo carrera entre casi todos los políticos, muchos juristas y un sinnúmero de intelectuales que los peores delitos y crímenes, incluidos los de lesa humanidad, no son tales si son cometidos por unos angelitos que dicen que lo hicieron muy contra su voluntad por razones de insurrección política. 

Entonces para dirigir las negociaciones con los angelitos se resolvió crear el puesto de  “comisionado para la paz”. Ah pero, ¿solo comisionado? Pues no, los títulos deben ser rimbombantes en las burocracias oficiales. Entonces para resaltar la importancia del puesto lo llamaron “Oficina del alto comisionado para la Paz”. Muchos “altos comisionados” han pasado con mas pena que gloria por esa Consejería adscrita a la Presidencia. 

El problema es que si se nombra una burocracia ella busca y encuentra su razón de existencia. Todos los Presidentes le han comido cuento a sus Altos Comisionados para la Paz. Estos personajes se la han pasado recorriendo el país con frecuencia en reuniones clandestinas y siempre con el mensaje público que los “procesos de paz” van por buen camino, hasta que se evidencia “el cañazo” y entonces son despedidos. 

El otro problema con este esquema es el mensaje que se le da a la población y a la delincuencia. A estos últimos básicamente que “el delito o crimen paga”. Si están acosados por las fuerzas de seguridad siempre existirá el expediente de ingresar a un “proceso de paz”. 

El camino ya está inventado: Primero unas prolongadas negociaciones iniciales sin dejar de delinquir. Segundo unos pre acuerdos sin dejar de delinquir. Y tercero unos acuerdos finales donde los mas veteranos y barrigones firman y otros mas activos se declaran disidentes o entran a engrosar las filas de otros grupos delincuenciales. 

Todo esto en medio de una gran fanfarria, de shows mediáticos y de una buena cantidad de dinero no solo para los delincuentes que con los procesos de paz ingresan a uso de buen retiro, sino también para una enorme cantidad de asesores nacionales y extranjeros y para las burocracias que giran alrededor del tema. 

Esta farsa hay que acabarla. El mensaje debe ser claro. Un próximo gobierno debe empezar con desaparecer del mapa a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ese sería un primer gran mensaje porque significaría que de ahora en adelante será la justicia ordinaria la encargada de lidiar con toda la delincuencia obviamente con el apoyo de unas fortalecidas fuerzas de seguridad. Cualquier sometimiento sería a través de los canales ya establecidos por la justicia ordinaria y dentro del marco legal vigente de colaboraciones con la justicia. 

No mas procesos de paz. Los recursos destinados a estos esfuerzos deben orientarse hacía la justicia ordinaria y las fuerzas de seguridad. Ya es hora que Colombia ensaye un camino que ha sido relativamente exitoso en todas partes del planeta y es el de castigar los delitos y crímenes por lo que son: DELITOS Y CRÍMENES. 

Los colombianos nos merecemos este cambio porque el camino trillado de los procesos de paz ha conducido a muchas muertes, sin salidas y confusiones. De seguro el cambio no será fácil porque hay una infinidad de intereses creados que se benefician con estos procesos. Pero hay que hacerlo con inteligencia y con una imperturbable voluntad. No queda otro camino.