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Jorge Ospina Sardi

 

El neoliberalismo no se impuso finalmente. No logró su objetivo de realizar el tránsito de sociedades con gigantescos y omnipresentes gobiernos hacia sociedades organizadas bajo sólidos y robustos principios libertarios.

 

Los estatistas, al menos por estas latitudes latinoamericanas, llaman “neoliberal” a todo aquello que se opone a sus preferencias políticas. Las preferencias de los estatistas son conocidas. Los elementos esenciales de su doctrina giran alrededor de la “hinchazón” de las funciones y atribuciones de los gobiernos, de una sobre valoración de los beneficios de la actividad política y de un endiosamiento de quienes ejercen su liderazgo. 

 

Mas específicamente, los estatistas son partidarios de la presencia del gobierno en una gran cantidad de áreas de la vida económica y social de los países; del aumento sin fin de las burocracias públicas; de elevados impuestos y endeudamientos públicos para financiar los clanes y carteles que controlan el poder político; de la proliferación de regulaciones de todo tipo sobre las actividades de individuos y empresas; del rechazo a criterios de eficiencia y rigurosidad en el manejo de los recursos públicos; y del empleo de una demagogia engañosa dirigida a ingenuos e incautos basada en la premisa de que todo lo que hacen es por el bien de los mas vulnerables y desvalidos y no por el suyo y el de sus familiares y amigos cercanos.

 

Este estatismo desaforado desembocó en una crisis por allá a comienzos de los años ochenta. En Estados Unidos bajo el liderazgo de Ronald Reagan, en el Reino Unido bajo el liderazgo de Margaret Thatcher y en otro países hubo un viraje que frenó la tendencia hacia un creciente estatismo y que en cierta medida ocasionó el derrumbe de ese esperpento totalitario que fuera el comunismo soviético. Fue por esas épocas cuando nació el “neoliberalismo”. 

 

Ese “neoliberalismo”, tan atacado por una izquierda que nunca atemperó sus codiciosas y egoístas inclinaciones estatistas, propuso reducir cargas impositivas y regulatorias, privatizar empresas públicas, bajar aranceles, eliminar restricciones administrativas al comercio exterior, adoptar políticas monetarias y fiscales mas ortodoxas, introducir criterios de eficiencia en la utilización de los recursos públicos y en general, crear entornos mas competitivos y favorables para el desarrollo de la iniciativa privada. Estas propuestas se implementaron en muchos países y generaron un mayor dinamismo económico, una mayor eficiencia en el gasto público y una aceleración de los avances tecnológicos. 

 

 

El impulso de lo que se puede denominar “la revolución neoliberal” que se inició en los años ochenta, se diluyó en las primeras décadas del Siglo XXI. Terminó por imponerse la inercia de unos gobiernos sobredimensionados y controlados por una clase política reacia a moderar o recortar las fuentes que nutren su poder. 

 

Por otro lado, a pesar del mayor progreso que trajo consigo la “revolución neoliberal” al detener e incluso revertir en algunos sectores específicos la tendencia hacia un creciente y asfixiante estatismo, surtió efecto una copiosa e insidiosa propaganda en su contra.

 

Le vendieron a muchos la idea que las pobrezas y las escaseces actuales eran resultado de la adopción de políticas “neoliberales”. Primero, desconociendo que antes de la adopción de esas políticas las pobrezas y escaseces era muy superiores. Segundo, ignorando olímpicamente que en los lugares donde se adoptaban políticas contrarias, los resultados dejaban mucho que desear. Y tercero, haciendo caso omiso del hecho que lo catalogado como “neoliberalismo” poco o nada tenía que ver con los principios originarios. 

 

Como sea, la “revolución neoliberal” quedó a medio camino. Se truncó, por así decirlo. El estatismo impuso nuevamente su ley, así fuera de manera vergonzante y con una retórica elogiosa de las libertades individuales y empresariales. Y es así como actualmente, casi sin excepciones, los tamaños y atribuciones de los gobiernos superan a las de los años ochenta y noventa.

 

Se podría argumentar que un condescendiente gradualismo alteró el contenido de la “revolución neoliberal”, desvirtuó sus metas y propósitos iniciales, y dejó el campo libre para que los estatistas, con nuevas falaces excusas como el de la lucha contra el “cambio climático”, volvieran a lo que les produce una especie de paroxismo: ampliar a como de lugar la órbita de la actividad gubernamental y regular lo mas que se pueda la actividad privada. 

 

 

La lucha por un nuevo orden económico y social ya no se refiere al viejo neoliberalismo de los años ochenta. Por lo único que vale la pena batallar actualmente es por una “revolución libertaria” que redimensione de veras las funciones de los gobiernos y establezca límites precisos e inequívocos al  poder de los clanes y carteles políticos que los administran.

 

En mi libro Ensayos Libertarios hago referencia a siete principios básicos que deben instrumentarse sin contemplaciones, si lo que se busca es la conformación de gobiernos alineados con un sistema natural de libertades (“Bosquejo de un gobierno ideal”, pp. 204-210, Unión Editorial Colombia, 2021).

 

Uno de esos principios es el que sostiene que “la primera prioridad en el gasto de los gobiernos es la administración de la justicia y sus fallos, así como la defensa y seguridad de la comunidad y el manejo de sus relaciones exteriores… Más allá de esta primera prioridad, las hay numerosas otras según las preferencias de cada quien. Para unos lo mas importante es la educación y la salud, para otros la recreación y el cuidado del medio ambiente, y así las listas pueden ser interminables… 

 

Haría parte de las decisiones políticas de una comunidad definir sobre estas que podrían denominarse segundas prioridades. Para atenderlas lo mas recomendable es que los gobiernos utilicen sistemas de subsidios a la demanda. No involucrarse en la prestación directa de los servicios que se subsidian, entre otras razones para no perder el control sobre la utilización de los recursos y no correr el riesgo de que una mala administración los merme significativamente en cuantía y eficacia.”

 

Para la debida atención de estas segundas prioridades se requiere tener en cuenta la disponibilidad de recursos. Si hubiere un acuerdo según el cual se establece que la salud y la educación son las segundas prioridades, en vista de los costos subyacentes en esta decisión, y una vez definida las participaciones de las instancias regionales y locales del sector público, entonces se deben hacer todos los esfuerzos posibles para concentrar la utilización de los recursos en estas áreas y no dispersarlos entre una infinidad de terceras, cuartas o quintas prioridades.

 

Porque de lo que finalmente se trata es de hacer bien lo que se acuerda es lo mas importante en el escalafón de las prioridades. Y solo si sobra para nuevas prioridades, y solamente en esa circunstancia, ampliar el radio de la acción estatal. No vaya a suceder que se viole otro de los principios libertarios: “Ningún gobierno debe gastar mas que sus ingresos por concepto de impuestos, multas y concesiones”.

 

 

A diferencia del viejo neoliberalismo, el ideal libertario implica un cambio radical en relación con el actual status quo. En muchos de los aspectos de su doctrina no hay lugar a compromisos con ordenamientos económicos y políticos como los existentes en los que claramente se violan los principios básicos que sustentan las libertades fundamentales a las que tienen derecho los seres humanos. 

 

Tal como se afirma en Ensayos Libertarios: “Al final de cuentas se trata del único ideal político consecuente con esa incontenible propensión de los seres humanos a mejorar su situación específica en medio de una creciente libertad y de un cada vez mas amplio abanico de oportunidades. Lo opuesto no es mas que un romanticismo demagógico: de ese que le sale barato a los gobernantes y caro a los gobernados.”