La noticia de que Standard & Poor’s redujo la calificación de la deuda soberana lleva a varias reflexiones sobre el futuro de Colombia.
La nueva calificación de BBB– es la mas baja en la escala antes de la pérdida del grado de inversión. Un descenso adicional de escala conduciría a una calificación considerada como “especulativa”.
Pero lo cierto es que al asignarle a la deuda soberana el último escalón antes de “especulativa”, automáticamente Standard & Poor’s le quitó el grado de inversión a la deuda externa del sector privado (generalmente las calificadoras sitúan la deuda privada una escala por debajo de la deuda soberana o de aquella con garantía de la Nación).
Esta es una mala noticia para el sector privado por los mayores costos que la peor calificación conlleva. Hay que tener presente que a finales de 2017 la deuda privada externa se aproxima a 17% del PIB, mas del doble de los niveles de finales de la década pasada cercanos al 8% del PIB. Los actuales niveles relativos de endeudamiento externo privado son superiores a los que se registraron a comienzos de los años 2000s cuando la economía colombiana atravesó una profunda crisis económica.
En lo que se refiere al endeudamiento externo público la situación es similar. Los niveles actuales de 24% del PIB son igualmente cercanos a los de esa precaria época. Y representan un significativo incremento en relación con los niveles de finales de la década pasada cuando estaban en el horizonte de 13% del PIB.
Pero lo cierto es que al asignarle a la deuda soberana el último escalón antes de “especulativa”, automáticamente Standard & Poor’s le quitó el grado de inversión a la deuda externa del sector privado (generalmente las calificadoras sitúan la deuda privada una escala por debajo de la deuda soberana o de aquella con garantía de la Nación).
Esta es una mala noticia para el sector privado por los mayores costos que la peor calificación conlleva. Hay que tener presente que a finales de 2017 la deuda privada externa se aproxima a 17% del PIB, mas del doble de los niveles de finales de la década pasada cercanos al 8% del PIB. Los actuales niveles relativos de endeudamiento externo privado son superiores a los que se registraron a comienzos de los años 2000s cuando la economía colombiana atravesó una profunda crisis económica.
En lo que se refiere al endeudamiento externo público la situación es similar. Los niveles actuales de 24% del PIB son igualmente cercanos a los de esa precaria época. Y representan un significativo incremento en relación con los niveles de finales de la década pasada cuando estaban en el horizonte de 13% del PIB.
En otras palabras, el endeudamiento externo del sector privado y del sector público se encuentran en niveles relativos muy altos, sin que exista el márgen para continuar aumentándolos.
Adicionalmente, no obstante la última reforma tributaria, el déficit fiscal de este año estaría, según el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, por los lados de 3,6% del PIB, que constituye un nivel excesivo dadas las limitaciones que enfrenta la economía colombiana. A su vez, el crecimiento del PIB en 2017 de alrededor de 1,7% va a ser menor a sus proyecciones iniciales de 2,8%, un desfase que incidió en la baja de la calificación.
Ahora bien, es previsible que en 2018 la economía se recupere un poco a raíz de la reducción de las tasas de interés que se ha dado con ocasión del buen comportamiento de la inflación. Nosotros estimamos para el próximo año, por ahora, un aumento del PIB de 2,5%, pero podría ser mas alto si se mantiene la reciente recuperación de los precios internacionales del petróleo (y del carbón) y si se acelera el crecimiento de la economía mundial a raíz del mejor desempeño de Estados Unidos originado en las políticas económicas que ha implementado Donald Trump en su primer año de gobierno.
Adicionalmente, no obstante la última reforma tributaria, el déficit fiscal de este año estaría, según el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, por los lados de 3,6% del PIB, que constituye un nivel excesivo dadas las limitaciones que enfrenta la economía colombiana. A su vez, el crecimiento del PIB en 2017 de alrededor de 1,7% va a ser menor a sus proyecciones iniciales de 2,8%, un desfase que incidió en la baja de la calificación.
Ahora bien, es previsible que en 2018 la economía se recupere un poco a raíz de la reducción de las tasas de interés que se ha dado con ocasión del buen comportamiento de la inflación. Nosotros estimamos para el próximo año, por ahora, un aumento del PIB de 2,5%, pero podría ser mas alto si se mantiene la reciente recuperación de los precios internacionales del petróleo (y del carbón) y si se acelera el crecimiento de la economía mundial a raíz del mejor desempeño de Estados Unidos originado en las políticas económicas que ha implementado Donald Trump en su primer año de gobierno.
Según Cárdenas, la baja en la calificación “es un mensaje que tiene mucho que ver con las propuestas de política fiscal para el próximo gobierno. No hay espacio para el populismo; no hay espacio para pensar en medidas fiscales que impliquen reducción de los ingresos ni aumento del gasto” (El Tiempo, 13 de diciembre de 2017).
Es aquí donde no se puede estar de acuerdo con el Ministro, así se le reconozcan aciertos en la administración de los tiempos difíciles que se presentaron a partir de finales de 2014 cuando cayeron abruptamente los precios internacionales del petróleo y del carbón y cuando varias economías regionales entraron en recesión.
La tesis del ministro es la de que se continúe por la senda actual de ajustes marginales aquí y allá. Pero un buen diagnóstico lleva a la consideración de que un país en la situación actual de Colombia requiere de unas muy proactivas políticas a favor de la creación de riqueza. Es la única forma de superar el estancamiento y de equilibrar la macroeconomía.
En este orden de ideas parecería urgente actuar en varios frentes. Lo primero es partir del reconocimiento que no es el gobierno el que crea riqueza sino el sector privado. Las tasas actuales de tributación están por las nubes y mas ahora que Estados Unidos (y presumiblemente otros países) están en proceso de reducirlas. Un país como Colombia no puede darse el lujo de no ser competitivo en materia de impuestos.
Es aquí donde no se puede estar de acuerdo con el Ministro, así se le reconozcan aciertos en la administración de los tiempos difíciles que se presentaron a partir de finales de 2014 cuando cayeron abruptamente los precios internacionales del petróleo y del carbón y cuando varias economías regionales entraron en recesión.
La tesis del ministro es la de que se continúe por la senda actual de ajustes marginales aquí y allá. Pero un buen diagnóstico lleva a la consideración de que un país en la situación actual de Colombia requiere de unas muy proactivas políticas a favor de la creación de riqueza. Es la única forma de superar el estancamiento y de equilibrar la macroeconomía.
En este orden de ideas parecería urgente actuar en varios frentes. Lo primero es partir del reconocimiento que no es el gobierno el que crea riqueza sino el sector privado. Las tasas actuales de tributación están por las nubes y mas ahora que Estados Unidos (y presumiblemente otros países) están en proceso de reducirlas. Un país como Colombia no puede darse el lujo de no ser competitivo en materia de impuestos.
Cómo es posible que muchos prestigiosos economistas sostengan que la solución para no perder el grado de inversión es elevar impuestos. ¿Más impuestos para desestimular a quienes crean riqueza duradera en un país donde no es para nada fácil hacerlo? ¿No es esa una propuesta que constituye una patente de corso para que la clase política continúe malversando recursos públicos y para que el gobierno siga en la tónica derrochadora de los últimos años?
Hay que focalizar el gasto público en las áreas vitales. Acabar con duplicaciones y toda clase de gastos burocráticos que no se traducen en beneficios concretos a la población. Hay que hacer mas eficiente el gasto público. Hay que asestarle un golpe a esa mentalidad tan dañina que ha promovido el actual gobierno según la cual ese gasto es una especie de botín del que se apropia la clase política a cambio de apoyos.
En reglas de juego para los inversionistas y en regulaciones para los negocios, Colombia tampoco es competitiva. Califica bastante mal en estos frentes. Para citar uno de tantos ejemplos, cómo es posible que a estas alturas del paseo no se hayan encontrado salidas en lo relacionado con las acciones populares que frenan la inversión en petróleo y minería, actividades estas que contribuyen significativamente a financiar al gobierno.
El gobierno sobrevaloró irresponsablemente los impactos del acuerdo de paz con las Farc. Dijo que después del acuerdo se alcanzarían crecimientos económicos anuales de 5% e incluso 6% (dos o tres puntos porcentuales por encima del promedio histórico). Le ha hecho creer a muchos que con su firma la mejora de lo económico y social vendrá por añadidura. Pero Colombia está lejos de convertirse en una tierra de abundancia “que mana ríos de leche y miel”. Esa abundancia solo se alcanza con arduos y complejos procesos de creación de riqueza, y no con retórica y demagogia.
Por ejemplo, el gobierno ha difundido la idea de que una vez firmado ese acuerdo la actividad agropecuaria resurgiría y Colombia se convertiría en una potencia turística. Pero para que eso se concrete se necesita de mucho capital y de la aplicación de sofisticados talentos empresariales que están lejos de ser atraídos en la dimensión requerida.
Ese acuerdo de paz ha producido una justificada confusión y perplejidad entre potenciales inversionistas, y ha estado acompañado de un abandono de la lucha contra los negocios de la minería ilegal y de la siembra y tráfico de la coca. La ideología expoliadora y hostil a la creación de riqueza de los beneficiados con el acuerdo agrega al desánimo inversionista reinante.
Porque al final de cuentas es solo con creación de riqueza que se puede elevar el nivel de vida de la población y resolver problemas de pobreza. No hay otra opción que ponerse las pilas al respecto: reconocer las condiciones y diseñar las reglas de juego que un ambicioso proceso de esta naturaleza demanda, así como valorar y exaltar los esfuerzos y trabajos de quienes lo pueden hacer realidad.
Hay que focalizar el gasto público en las áreas vitales. Acabar con duplicaciones y toda clase de gastos burocráticos que no se traducen en beneficios concretos a la población. Hay que hacer mas eficiente el gasto público. Hay que asestarle un golpe a esa mentalidad tan dañina que ha promovido el actual gobierno según la cual ese gasto es una especie de botín del que se apropia la clase política a cambio de apoyos.
En reglas de juego para los inversionistas y en regulaciones para los negocios, Colombia tampoco es competitiva. Califica bastante mal en estos frentes. Para citar uno de tantos ejemplos, cómo es posible que a estas alturas del paseo no se hayan encontrado salidas en lo relacionado con las acciones populares que frenan la inversión en petróleo y minería, actividades estas que contribuyen significativamente a financiar al gobierno.
El gobierno sobrevaloró irresponsablemente los impactos del acuerdo de paz con las Farc. Dijo que después del acuerdo se alcanzarían crecimientos económicos anuales de 5% e incluso 6% (dos o tres puntos porcentuales por encima del promedio histórico). Le ha hecho creer a muchos que con su firma la mejora de lo económico y social vendrá por añadidura. Pero Colombia está lejos de convertirse en una tierra de abundancia “que mana ríos de leche y miel”. Esa abundancia solo se alcanza con arduos y complejos procesos de creación de riqueza, y no con retórica y demagogia.
Por ejemplo, el gobierno ha difundido la idea de que una vez firmado ese acuerdo la actividad agropecuaria resurgiría y Colombia se convertiría en una potencia turística. Pero para que eso se concrete se necesita de mucho capital y de la aplicación de sofisticados talentos empresariales que están lejos de ser atraídos en la dimensión requerida.
Ese acuerdo de paz ha producido una justificada confusión y perplejidad entre potenciales inversionistas, y ha estado acompañado de un abandono de la lucha contra los negocios de la minería ilegal y de la siembra y tráfico de la coca. La ideología expoliadora y hostil a la creación de riqueza de los beneficiados con el acuerdo agrega al desánimo inversionista reinante.
Porque al final de cuentas es solo con creación de riqueza que se puede elevar el nivel de vida de la población y resolver problemas de pobreza. No hay otra opción que ponerse las pilas al respecto: reconocer las condiciones y diseñar las reglas de juego que un ambicioso proceso de esta naturaleza demanda, así como valorar y exaltar los esfuerzos y trabajos de quienes lo pueden hacer realidad.