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El primer ministro Pedro Passos Coelho dijo que el futuro económico de su país dependía de una profunda reforma a los servicios que el gobierno provee.
 
En último término, Portugal debe escoger entre mayores impuestos a los muy altos que ya existen y menos servicios estatales. El ministro de Finanzas Vítor Gaspar lo tiene claro: “Hay una enorme divergencia entre lo que los portugueses creen que el Estado debe darles y la cantidad de impuestos que están preparados a pagar”.

Ahora bien, según lo reporta Peter Wise del Financial Times, los impuestos han aumentado sustancialmente en estos últimos tiempos. De hecho, en el presupuestos de 2013 el aumento en el impuesto a la renta fue de 30%. El ministro Gaspar califica esto aumentos como de “enormes”.

Simultáneamente, está en marcha un proceso de revisión del papel estatal en la prestación de servicios sociales. Cerca de dos terceras partes del gasto público se dirige a transferencias sociales y ayudas de desempleo”. Hay indicios de una gran ineficiencia en la forma como se distribuyen los beneficios sociales. Ellos no necesariamente se distribuyen en forma eficaz y a quienes mas lo necesitan.

Pero al tiempo que los actuales gobernantes de Portugal buscan la manera de disciplinar un gobierno que gasta mucho mas allá de lo que recibe, los opositores salen con el trillado cuento de que todo este intento es parte de una proyecto “neoliberal” para destruir el Estado de Bienestar. No entienden que la única forma de conservar los principales logros del Estado de Bienestar es abandonar los menos importantes, elevar la eficiencia en la ejecución y promover un entorno favorable para la creación de riqueza que permita garantizar su financiación (lo que implica tasas razonables de impuestos).

Tal vez con los aumentos en los impuestos y con la recesión y el desempleo de 16% que están sufriendo, los portugueses por fin se percaten de que no hay nada gratis en este mundo y de que no es posible financiar indefinidamente con deuda los numerosos programas, programitas y ocurrencias del Estado Bienestar. Pero de ahí a que se pongan de acuerdo sobre qué y cuánto recortar no parece nada fácil.

Después de todo, una de las consecuencias de un Estado Bienestar que durante años y años se extendió y se excedió mucho mas allá de los recursos disponibles es la prevalencia entre la población de una actitud de extremada dependencia en los beneficios que se reciben del gobierno acompañada de otra de un olímpico menosprecio por los significativos esfuerzos productivos que se requieren para garantizar su continuidad.