Argentina no le ha cumplido a sus acreedores. Esa es la razón por la cual ha caído en manos de los llamados “fondos buitres”.
La última vez de una declaratoria de impago de su deuda soberana fue hace diez años. Quienes compraron bonos del gobierno argentino a 10 años y a un interés de 5% recibieron en ese momento la noticia de que por cada dólar invertido recibirían apenas 30 centavos de dólar. Pero no solo eso. Fueron presentados ante la opinión pública argentina como los directamente responsables de todos los males económicos que aquejaban al país en ese entonces.
O sea que el ladrón que se robó los dineros de una infinidad de instituciones y fondos a nivel planetario, y que se benefició de esos dineros, se convirtió ante la opinión pública argentina en la víctima. Una muy extraña víctima que cayó en la trampa de pedir y recibir dinero prestado. ¿De quién? De unos también extraños malandros que le prestaron solo por el placer de hacerle el mal. Aunque parezca inverosímil, este es el razonamiento que prevalece en Argentina.
Afortunadamente es en estos casos en los cuales hacen su aparición los fondos buitres. Se trata de inversionistas de alto riesgo que compran con gran descuento las deudas de acreedores que son mala paga. Con frecuencia a estos inversionistas les toca acudir a distintas cortes internacionales para lograr embargos y presionar al gobierno prestamista bribón el pago de sus obligaciones, así sea parcialmente. Ellos fueron los que lograron retener el precioso buque insignia de Argentina, la fragata Libertad, en un puerto de Ghana (África).
Estos fondos buitres asumen un gran riesgo y al hacerlo le retribuyen a los acreedores originales una porción de su dinero que aunque mínima, es superior a una situación de impago casi total. Pero esta en realidad no es su principal función.
La principal función de estos fondos es perseguir hasta el final a gobiernos bribones como el de Argentina. Le encarecen a estos gobiernos las consecuencias de un impago de sus obligaciones. Esto es muy importante por cuanto si tales gobiernos se salieran con la suya sin mayores costos, estimularía a otros a seguir el mismo camino. Y quienes pagarían al final de cuentas serían los gobiernos no bribones de países emergentes que verían subir los costos de obtener recursos en los mercados financieros internacionales.
En el caso del gobierno argentino, hace unos días un juez de Nueva York le ordenó pagar a los bonistas que no aceptaron el canje de la deuda de 30 centavos por cada dólar y cuyos derechos están en manos de los fondos buitres (un 8% de los bonistas). Esta batalla jurídica es en Nueva York debido a que la deuda Argentina está denominada en dólares. El juez estableció que Argentina debe pagar en diciembre el 100% de la deuda reclamada por esos bonistas y que se aproxima a US$1.330 millones.
El plazo fue establecido en diciembre porque es la fecha en la cual Argentina tiene previsto pagar cerca de US$3.140 millones de intereses a los tenedores de bonos que si fueron reestructurados (un 92% de los bonistas). En el fallo se establece que “para poder cumplir con la orden judicial, Argentina tiene que pagarle a los demandantes el 100% de esos US$1.330 millones al mismo tiempo o antes de que les pague a los tenedores de bonos reestructurados”.
Este fallo, que será apelado por el gobierno argentino, pone en riesgo futuros procesos de reestructuración de deudas soberanas. Si se establece la jurisprudencia que quienes no ingresen a un canje de deuda soberana tienen derecho eventualmente a ser resarcidos por la totalidad de lo que prestaron, entonces, disminuye sustancialmente el incentivo para participar en procesos de negociación donde los gobiernos bribones son los que terminan imponiendo a la fuerza su criterio.
O sea que el ladrón que se robó los dineros de una infinidad de instituciones y fondos a nivel planetario, y que se benefició de esos dineros, se convirtió ante la opinión pública argentina en la víctima. Una muy extraña víctima que cayó en la trampa de pedir y recibir dinero prestado. ¿De quién? De unos también extraños malandros que le prestaron solo por el placer de hacerle el mal. Aunque parezca inverosímil, este es el razonamiento que prevalece en Argentina.
Afortunadamente es en estos casos en los cuales hacen su aparición los fondos buitres. Se trata de inversionistas de alto riesgo que compran con gran descuento las deudas de acreedores que son mala paga. Con frecuencia a estos inversionistas les toca acudir a distintas cortes internacionales para lograr embargos y presionar al gobierno prestamista bribón el pago de sus obligaciones, así sea parcialmente. Ellos fueron los que lograron retener el precioso buque insignia de Argentina, la fragata Libertad, en un puerto de Ghana (África).
Estos fondos buitres asumen un gran riesgo y al hacerlo le retribuyen a los acreedores originales una porción de su dinero que aunque mínima, es superior a una situación de impago casi total. Pero esta en realidad no es su principal función.
La principal función de estos fondos es perseguir hasta el final a gobiernos bribones como el de Argentina. Le encarecen a estos gobiernos las consecuencias de un impago de sus obligaciones. Esto es muy importante por cuanto si tales gobiernos se salieran con la suya sin mayores costos, estimularía a otros a seguir el mismo camino. Y quienes pagarían al final de cuentas serían los gobiernos no bribones de países emergentes que verían subir los costos de obtener recursos en los mercados financieros internacionales.
En el caso del gobierno argentino, hace unos días un juez de Nueva York le ordenó pagar a los bonistas que no aceptaron el canje de la deuda de 30 centavos por cada dólar y cuyos derechos están en manos de los fondos buitres (un 8% de los bonistas). Esta batalla jurídica es en Nueva York debido a que la deuda Argentina está denominada en dólares. El juez estableció que Argentina debe pagar en diciembre el 100% de la deuda reclamada por esos bonistas y que se aproxima a US$1.330 millones.
El plazo fue establecido en diciembre porque es la fecha en la cual Argentina tiene previsto pagar cerca de US$3.140 millones de intereses a los tenedores de bonos que si fueron reestructurados (un 92% de los bonistas). En el fallo se establece que “para poder cumplir con la orden judicial, Argentina tiene que pagarle a los demandantes el 100% de esos US$1.330 millones al mismo tiempo o antes de que les pague a los tenedores de bonos reestructurados”.
Este fallo, que será apelado por el gobierno argentino, pone en riesgo futuros procesos de reestructuración de deudas soberanas. Si se establece la jurisprudencia que quienes no ingresen a un canje de deuda soberana tienen derecho eventualmente a ser resarcidos por la totalidad de lo que prestaron, entonces, disminuye sustancialmente el incentivo para participar en procesos de negociación donde los gobiernos bribones son los que terminan imponiendo a la fuerza su criterio.