Mientras las autoridades públicas, los ecologistas y los medios de comunicación le caen con todo a la minería legal, la ilegal se esparce por todo Colombia como “Pedro por su casa”.
En sus inicios el gobierno de Juan Manuel Santos se planteó como una de sus prioridades impulsar la “locomotora de la minería”. Sin embargo, como mucho en ese gobierno, no se pasó de las palabras a los hechos.
Pero no solo eso. Su inacción para promover y defender a la minería legal ha estado acompañada de otra inacción mas grave: el de hacerse el de la vista gorda con la minería ilegal. El de no combatirla y ponerla en cintura.
El desplome de una mina ilegal en una vereda de Santander de Quilichao a comienzos de mayo de 2014, y que dejó varios muertos enterrados, es apenas la punta del iceberg de lo que está sucediendo a lo largo y ancho del país. Delincuencia de la mas violenta, destrucción absoluta del medio ambiente, y violación de todas las normas de seguridad laboral, es lo que distingue a esta actividad.
Mientras hay carta blanca para la minería ilegal, a la que se apega a las normas y permisos oficiales le caen rayos y centellas. Hasta en los mas mínimos detalles es vigilada y examinada. Multas por esto y multas por aquello. Costosísimos estudios ambientales, interminables debates públicos y larguísimas esperas para las aprobaciones, si es que ellas se dan.
Y, ¿mientras tanto? Los hampones que controlan la minería ilegal, y en especial las Farc y otras bandas criminales, así como los políticos y cómplices que la defienden por debajo de la mesa, hacen y deshacen a su anchas con este lucrativo negocio.
Y, ¿el gobierno de Santos? Y, ¿los defensores del medio ambiente? Y, ¿los periodistas críticos de la minería legal? Y, ¿los recursos que el país está dejando de recibir por la no explotación como debe ser de su potencial minero?
Por lo visto, eso no le importa a casi nadie en Colombia. Aquí los pocos que defienden la minería legal reciben toda clase de críticas y condenas por parte de una serie de personajes que se autoproclaman expertos y que se la pasan teorizando sobre el tema mientras al país lo destrozan los hampones. Igualito a lo que viene sucediendo con el tema de “la paz”.
Pero no solo eso. Su inacción para promover y defender a la minería legal ha estado acompañada de otra inacción mas grave: el de hacerse el de la vista gorda con la minería ilegal. El de no combatirla y ponerla en cintura.
El desplome de una mina ilegal en una vereda de Santander de Quilichao a comienzos de mayo de 2014, y que dejó varios muertos enterrados, es apenas la punta del iceberg de lo que está sucediendo a lo largo y ancho del país. Delincuencia de la mas violenta, destrucción absoluta del medio ambiente, y violación de todas las normas de seguridad laboral, es lo que distingue a esta actividad.
Mientras hay carta blanca para la minería ilegal, a la que se apega a las normas y permisos oficiales le caen rayos y centellas. Hasta en los mas mínimos detalles es vigilada y examinada. Multas por esto y multas por aquello. Costosísimos estudios ambientales, interminables debates públicos y larguísimas esperas para las aprobaciones, si es que ellas se dan.
Y, ¿mientras tanto? Los hampones que controlan la minería ilegal, y en especial las Farc y otras bandas criminales, así como los políticos y cómplices que la defienden por debajo de la mesa, hacen y deshacen a su anchas con este lucrativo negocio.
Y, ¿el gobierno de Santos? Y, ¿los defensores del medio ambiente? Y, ¿los periodistas críticos de la minería legal? Y, ¿los recursos que el país está dejando de recibir por la no explotación como debe ser de su potencial minero?
Por lo visto, eso no le importa a casi nadie en Colombia. Aquí los pocos que defienden la minería legal reciben toda clase de críticas y condenas por parte de una serie de personajes que se autoproclaman expertos y que se la pasan teorizando sobre el tema mientras al país lo destrozan los hampones. Igualito a lo que viene sucediendo con el tema de “la paz”.