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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lo incluyó dentro de los países que no cooperan para combatir lavado de dinero y financiación del terrorismo.
 
El GAFI o Financial Action Task Force (FATF) es un organismo intergubernamental que depende del G-20 (las veinte mayores economías) cuyo propósito es el desarrollo y promoción de políticas nacionales e internacionales dirigidas a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Pues bien, en la plenaria que tuvo lugar en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, a mediados de febrero de 2010, el GAFI incluyó a Irán en la lista negra, como un país del cual los demás deben protegerse a través de contra medidas encaminadas a defender al sistema financiero internacional de los riesgos relacionados con operaciones de lavado de dinero y financiación de terrorismo.

En otra lista negra fueron incluidos Ecuador, Corea del Norte, Etiopía y Angola. Se trata de la lista que cubre a aquellos países con serias deficiencias en sus sistemas de control financiero, que no se han comprometido con un plan de acción para corregirlas y que, por lo tanto, representan un alto riesgo para los miembros del GAFI.

La inclusión de Ecuador en esta última lista es mala noticia para un país que se ha marginado de la comunidad financiera internacional, por sus incumplimientos con el pago de sus bonos soberanos, por su alejamiento de fuentes multilaterales de financiación como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y por su no reconocimiento de tribunales internacionales de arbitramento en sus disputas con extranjeros.

El impacto de esta inclusión podría ser el de un alejamiento de inversiones y un encarecimiento adicional de líneas de crédito externo. Podrían, además, presentarse implicaciones a nivel del Banco Central de Ecuador, por los acuerdos comerciales y financieros que se han firmado recientemente con Irán.

No hay duda de que el gobierno de Rafael Correa ha logrado convertir a su país en un paria financiero internacional, y que eso conlleva costos que terminan pagando todos los ecuatorianos.