En este ensayo se expone una novedosa hipótesis sobre las múltiples “guerras” que han tenido lugar en Colombia durante los últimos 110 años. 

 

Quizás la primera reflexión que surge es que la única vez que los textos de historia patria en Colombia están de acuerdo en llamar guerra a uno de los tantos conflictos armados que han tenido lugar en este extenso período es la “Guerra de los Mil Días” a comienzos del Siglo XX. Esa guerra duró efectivamente mas o menos mil días y tuvo vencedores y vencidos. Se firmó una rendición en 1902. Los liberales con el general Rafael Uribe a la cabeza aceptaron su derrota frente a los conservadores con el general Rafael Reyes a la cabeza.

Después de esta guerra Colombia entró en un período de relativa tranquilidad y sosiego que duró hasta los años 30, cuando nuevamente se acentuaron las discordias entre liberales y conservadores.

Fuera de esa guerra no ha habido mas guerras en estos últimos 110 años. Hubo si disputas entre conservadores y liberales y posteriormente luchas entre el gobierno y bandas delincuenciales y mafias de todo tipo. Luchas regionalmente focalizadas en el hasta hace poco relativamente despoblado montañoso y selvático territorio de Colombia.

Sin embargo, dentro de lo que se define como guerra y que implica el involucramiento de los distintos estamentos de la sociedad en un conflicto armado, con efectos devastadores sobre la vida económica y social, con vencedores y vencidos, con todos los elementos que caracterizan una guerra, eso simplemente no ha existido en Colombia desde la “Guerra de los Mil Días”.  

Se decía por allá en los años 40 que mientras los líderes de las facciones políticas frecuentaban los mismos clubes sociales y ceremonias y sus familias se entremezclaban en matrimonios y negocios, en las zonas rurales circunvecinas a los centros urbanos donde residían, estos personajes se entretenían organizando y financiando bandas armadas que se peleaban por las causas que los desvelaban en esos momentos.

De ahí a calificar estos enfrentamientos como guerras hay un largo trecho. En muchas regiones solo llegaba el eco de estas peleas y disputas. No había ni riqueza privada ni recursos públicos con los que se pudieran atender los requerimientos de unas movilizaciones militares masivas. Tampoco hubo divisiones culturales o regionales profundas que exacerbaran los ánimos, o causas que motivaran levantamientos armados a gran escala.

El primer gran indicio de que Colombia no ha sufrido una guerra desde comienzos del Siglo XX es su desarrollo desde ese entonces. Por ejemplo, desde la década de los años 50 cuando se empezó a calcular el PIB, con la excepción de dos o tres años, no ha habido contracciones. A todo lo largo de estos últimos 65 años se ha dado un desempeño económico positivo. Y si se hicieran los cálculos hacía atrás, por ejemplo entre 1905 y 1950, se llegaría a la misma conclusión.

De hecho, durante estos últimos 110 años ha habido ininterrumpidamente elecciones, expansión de los principales centros urbanos, ingreso continuado de inversión extranjera, permanente surgimiento de nuevas industrias y negocios, y la ampliación de la frontera agrícola. Y especialmente a partir de la segunda mitad del Siglo XX, un aumento significativo en la cobertura de los servicios de educación y salud.

¿Son acaso estas las estadísticas propias de un país que ha estado o que está en guerra? ¿Por qué entonces actualmente se dice que en Colombia se ha librado una guerra que ha durado 50 años y en la que uno de los protagonistas es la Farc? Al responder este interrogante es inevitable llegar a la siguiente reflexión.

Enfoquémonos solamente en la historia de Colombia desde que existen las Farc. Un elemento común de esta historia es la presencia de una infinidad de grupos armados al margen de la ley, de bandas delincuenciales de todo tipo, de mafias pequeñas y grandes dedicadas a las actividades ilícitas mas lucrativas entre las que han sobresalido el narcotráfico, la minería ilegal, los secuestros y las extorsiones, y el saqueo a las arcas públicas.

La lista de estas bandas o mafias es interminable: grupos de bandoleros rurales de todas las pelambres, guerrillas marxistas asociadas al narcotráfico y involucradas en toda clase de negocios ilegales, carteles de la droga como los de Medellín y Cali (y sus sucesores a lo largo y ancho del territorio nacional), grupos llamados paramilitares, así como distintas mafias a todos los niveles de la contratación pública.

Desde el punto de vista militar, las que tuvieron un impacto de alguna significación sobre el orden público fueron básicamente las bandas de bandoleros de los años 50 y 60 (varias de ellas rezago de bandas liberales y conservadoras), las guerrillas marxistas especialmente a partir de los años 70, los grupos paramilitares que surgieron como reacción a las guerrillas marxistas a partir de los años 90, y algunos de los principales carteles de narcotráfico especialmente durante los años 80 y 90.

El gobierno se embarcó con la mayoría en tortuosas y prolongadas “negociaciones de paz”. Varias de estas negociaciones fueron un rotundo fracaso y sin querer queriendo, recurrió a operaciones militares y policiales, algunas de ellas exitosas como en el caso de las bandas de bandoleros en los años 60 y de los carteles de Medellín y Cali en los años 90.

Y así también fue en la primera década del Siglo XXI cuando el gobierno de Álvaro Uribe utilizó la opción militar contra la guerrilla marxista de las Farc. Logró reducirla a su mínima expresión, hasta que el actual gobierno de Juan Manuel Santos resolvió reactivarla mediante un proceso de negociación que ha llamado de “paz” y que lleva cinco años sin que todavía concluya.

Santos ha continuado con esa larga tradición colombiana de negociar con la delincuencia organizada siempre bajo la disculpa de que se trata de alcanzar una supuesta paz. A pesar de los buenos resultados que arrojó el uso de la opción militar, este gobierno volvió a las viejas prácticas. A llamar “guerra” lo que no era mas que una violencia delincuencial focalizada. Y a llamar “paz” lo que no es mas que una mejora de la situación de orden público resultado de la terminación de ese foco de violencia. 

 

Es cierto que en otras ocasiones el gobierno también hizo uso de la misma jerga en negociaciones con otras bandas o mafias. Por ejemplo, en sus negociaciones con bandidos como Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, con la guerrilla del M-19 y con distintos grupos paramilitares.

No se puede negar que debido en buena medida a la desidia de los gobernantes de turno y a la inoperancia del sistema de justicia, los trastornos de orden público ocasionados por esas bandas o mafias fueron de tal magnitud que resulta entendible la pérdida de sindéresis en el uso de los conceptos de “guerra” y de “paz”.

Pero no hay que llamarse a engaños. Mas del 99% de la población colombiana, especialmente después del gobierno de Uribe, no se siente directamente afectada por la supuesta “guerra” entre el gobierno y las Farc. Incluso hay que decir que previamente al inicio de las negociaciones actuales con esta organización guerrillera y en medio de un decidido combate en su contra, o sea durante 2003-2011, tanto el crecimiento de la economía colombiana como el avance en los indicadores de desarrollo social, fueron los mas auspiciosos de las últimas décadas.

Calificar la lucha contra las Farc como una guerra, o como un gran conflicto armado, tal como lo ha pretendido el gobierno de Santos frente a la opinión pública nacional e internacional, es una monumental exageración y da lugar a toda suerte de equívocos. Comenzando porque se proporciona una imagen distorsionada de la realidad del país. Y porque recibe ese grupo un protagonismo político que ciertamente no se merece y que no hace sentido alguno desde un  punto de vista estrictamente militar.

Gracias a Santos Colombia nuevamente cayó en el déjà vu preferido de su clase política. Otro proceso de paz y otra negociación interminable con personajes de un incuestionable dudoso calibre. Santos aparentemente alcanzará a firmar el acuerdo antes de la terminación de su mandato, pero será el próximo gobierno al que le corresponderá el manejo del galimatías jurídico, político y militar que deja como herencia.