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Jorge Ospina Sardi
 
Por ser un concepto vago, indeterminado y aprovechable por intereses de todo tipo, su utilización por parte de los políticos debe ser objeto de escepticismo y escrutinio crítico.
 
Todos los políticos de esta época, sin importar su ideología, se arropan con el manto de la justicia social. Eso ya de por si debería dar lugar a las mayores sospechas sobre su significado. Todos, sin excepción, cuando quieren favorecer a sus partidarios, levantan sin pudor la bandera de la justicia social como si solo ese hecho fuera suficiente para justificar sus esquemas de redistribución de ingresos y riqueza.

En este contexto, justicia social es cualquier redistribución de ingresos y riqueza hacia grupos de la población que cuentan con apoyo de las clases políticas dominantes. Se supone que se trata de grupos desposeídos de oportunidades económicas. Pero con frecuencia son grupos no merecedores de lo que reciben porque el término es tan amplio que allí cabe cualquiera, hasta los mas ricos.

El problema es que estas redistribuciones se hacen por medio de la expoliación de ingresos y riquezas de otros grupos supuestamente mas favorecidos, llevándose por delante el trabajo de quienes dependen de ellos. Eso es lo de menos para los avivados políticos. La sola mención de que la redistribución de ingresos y riqueza a favor de sus partidarios es justicia social la valida, y desvirtúa cualquier objeción de los oponentes. Quien esté en desacuerdo es porque es un insensible ante la situación de los mas necesitados y vulnerables.

Pero lo cierto es que la justicia social se ha convertido en la excusa política ideal para hacerse a lo que no se tiene derecho, a lo que no es fruto del trabajo y del esfuerzo propio. Su vaguedad le permite a cada quien ajustar su significado a sus aspiraciones particulares mas íntimas e impropias.

Si se le preguntara a un grupo de electores qué es la justicia social, quizás las primeras respuestas estarían relacionadas con el problema de la pobreza y de las desigualdades. Pero si se profundizara en lo que para ellos significa realmente, terminarían refiriéndose a esquemas redistributivos que 1) perjudique a los exitosos objeto de sus resentimientos, 2) los favorezca a ellos o a cercanos, y 3) no les toque sus bolsillos.

Los políticos de todas pelambres, en medio de su oportunismo, prefieren que la amplitud del concepto se mantenga. Pueden hablar en abstracto sin dar explicaciones porque quienes los escuchan suponen que se trata del concepto que ellos albergan en su corazón.

No hay forma de establecer criterios claros de justicia social. Si algunos creen que es proporcionarle tales o cuales bienes o servicios a un grupo de la población, los demás piensan que deberían ser otros los bienes y servicios y a grupos diferentes. Si algunos creen que la repartición debe hacerse mediante la expoliación de la riqueza de unos, los demás se inclinarían por despojar a otros muy distintos.
 
En últimas, la justicia social es un concepto tribal. Parte del supuesto de que el ingreso o riqueza es una especie de pote que está ahí disponible para su repartición, que la generación de ese ingreso o la creación de esa riqueza es un proceso estático y no dinámico, y que hay un jefe (o un poder central) que tiene la sabiduría y el conocimiento para distribuirla “equitativamente” entre todos los miembros de la comunidad.

Se trata de una visión altamente simplista de lo que constituyen los procesos sociales y económicos, que cuando tienen lugar en comunidades donde operan sofisticados tipos de organizaciones y unidades productivas, que están interrelacionadas con otras comunidades, que son expansivas y abiertas en su proyección, y en donde se respetan unas mínimas libertades, resulta completamente inadecuada como guía orientadora en la toma de decisiones de los gobernantes.

El mayor problema con esta visión simplista es que usualmente degenera en un burdo engaño para la población, en un populismo del barato, porque al final de cuentas no es aplicable a las complejas realidades. Pero cuando un gobernante la implementa como su criterio rector, solo lo puede hacer por medio de la imposición de numerosas camisas de fuerza sobre la actividad social y económica.

De ahí que muchos de los mas acérrimos partidarios de la justicia social favorezcan gobiernos tiránicos o dictatoriales. Al final de cuentas, los atrae, con un atavismo que han sido incapaces de superar, esquemas de mando solo funcionales en comunidades compactas y cerradas como en el caso de tribus, monasterios o cuarteles.