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Jorge Ospina Sardi

 

 

Quinto Gran Ensayo Libertario en el que se cuestiona la validez de la teoría de la explotación y se investiga sobre la naturaleza de las desigualdades y sus relaciones con los sentimientos de benevolencia y solidaridad, con los esfuerzos productivos y con las intervenciones de los gobiernos.

 

 

TEORÍA DE LA EXPLOTACIÓN, DERECHOS Y CREACIÓN DE RIQUEZA

 

La teoría de la explotación de los socialistas tiene un atractivo emocional del que se abusa políticamente, pero parte de premisas falsas y lleva a implicaciones negativas de política económica.

 

El principal argumento en el que se fundamenta esta teoría es el de que la fuente de toda riqueza es la cantidad de trabajo incorporada en los bienes que se producen en un país o una comunidad. Según esta teoría, el valor de los bienes depende enteramente del trabajo empleado en su producción. La diferencia entre la remuneración al factor trabajo y el precio final dado por la cantidad de trabajo en ellos incorporado son excedentes de los que se apropian indebidamente empresarios y capitalistas en virtud del control que ejercen sobre los medios de producción.

 

Puesto en palabras simples, los trabajadores no reciben los frutos plenos de su trabajo, sino apenas lo suficiente para sobrevivir y reproducirse, debido a la propiedad privada de los medios de producción, lo que le proporciona a sus dueños un poder arbitrario que utilizan para enriquecerse a costa del esfuerzo ajeno.

 

Las primeras grietas que se le encontraron a esta teoría se relacionaron con el muy ambiguo concepto de “cantidad de trabajo”. En la vida real hay muchos tipos de trabajo, y no solo el predominantemente manual de los proletarios. Es mas, a medida que los procesos productivos se han sofisticado, a medida que se ha profundizado la división del trabajo, a medida que se ha utilizado una mas compleja tecnología, a medida que se ha acudido a maquinaria y equipo de toda clase, salieron a la superficie las limitaciones de la “cantidad de trabajo” como concepto utilizable en el análisis económico.

 

El trabajo no es un factor de producción homogéneo y nadie en su sano juicio es capaz de diferenciar los aportes de cada tipo de trabajo al proceso de producción. La inclusión en una misma categoría analítica de todos los trabajos es injusta para quienes invierten mas en prepararse y capacitarse e igualmente, para quienes trabajan con mas esmero y esfuerzo.

 

Pero adicionalmente el concepto de “cantidad de trabajo” subestima la valía de las tareas de coordinación y dirección que realizan empresarios y capitalistas en la utilización de los medios de producción. Menosprecia el trabajo puramente intelectual de quienes prestan servicios en la cadena de producción. Y sobretodo, no incorpora el costo implícito en ahorrar e invertir, o sea el sacrificio en el que incurren quienes financian los procesos productivos al abstenerse de consumir en el presente con miras a obtener una recompensa incierta a futuro.

 

Derrumbe de la teoría del valor de los socialistas

 

La estocada final a la teoría socialista promovida por Karl Marx, Johann Karl Rodbertus y otros que establece que la “cantidad de trabajo” es la determinante del valor de los bienes y servicios vino de la mano de varios economistas que hace mas de un siglo llegaron a la conclusión que lo determinante en su valor era la utilidad marginal y no los costos de producción.

 

No vale la pena en esta ocasión profundizar en todas las muy interesantes implicaciones detrás de este descubrimiento. Para nuestro propósito es suficiente con resaltar lo obvio: que, por ejemplo, se pueden emplear 10, 100, o 1000 trabajadores en la producción de una prenda de vestir pero eso no le agrega valor si a nadie le gusta el producto final por problemas de talla, color, moda, o por lo que sea. En otras palabras, es la demanda de las personas a las que están destinadas los bienes y servicios finales la determinante en su valor.

 

El nuevo paradigma tuvo una serie de profundas consecuencia en el entendimiento de los fenómenos económicos, pero aquí nos limitaremos a solo dos. En primer lugar, en los procesos de producción no hay garantía alguna de generación de excedentes (o de plusvalías marxistas). Si los costos de producción superan lo que la gente está dispuesta a pagar por los bienes o servicios producidos, entonces lo que habría es una pérdida que podría interpretarse como una mala utilización de los medios de producción o como un despilfarro de la riqueza o del stock de capital existente (o como unas especies de plus pérdidas si habláramos en términos marxistas).

 

En segundo lugar, con este nuevo paradigma se comprende a cabalidad el crucial rol de empresarios y capitalistas en la creación de riqueza. Son ellos los que asumen la responsabilidad de los resultados finales de los procesos productivos. Si fracasan en sus planes o esfuerzos de coordinación pierden su capital. Si tienen éxito lo acrecientan. Pero el éxito depende de un delicado balance entre lo que invierten en su producción (y no solamente en el pago de trabajadores y empleados) y lo que perciben por concepto de la venta de sus productos.

 

Y esto último no depende de su voluntad. Pueden hacerse la ilusión de que lo que produjeron es lo mejor y que vale mucho mas que lo que invirtieron en su producción. Pero el juez son los consumidores, o sea quienes demandan los bienes y servicios producidos.

 

Para los consumidores es indiferente si lo que compran para atender sus específicas necesidades fue producido con 10, 100 o 1000 trabajadores, o si el costo de producción fue 10, 100 o 1000. Ellos hacen sus cálculos y toman sus decisiones de compra cotejando lo que tienen que pagar con las satisfacciones o gratificaciones que esperan recibir de lo que consumen o utilizan.

 

Pero para empresarios y capitalistas aplica lo opuesto: su supervivencia y éxito depende del logro de la mayor eficiencia posible en el aprovechamiento de los recursos a su disposición destinados a la atención de las necesidades de los consumidores. Es la búsqueda incesante de una superior eficiencia la que actúa como catalizador en los procesos de creación de riqueza.

 

El trabajo asalariado no concede derechos sobre el producto final

 

Los desfases entre los costos en los que se incurre y los ingresos alcanzados al final de los procesos productivos no corren por cuenta de los consumidores. Pero mas interesante aún. Tampoco corren por cuenta de los trabajadores y empleados utilizados en esos procesos. Esos trabajadores y empleados reciben unos salarios o remuneraciones que no les concede derechos concretos sobre el producto final. Los únicos derechos sobre el producto final, para bien o para mal, son los de empresarios y capitalistas.

 

Esos salarios o remuneraciones representan unos pagos por sus aportes en el momento en el que hacen su contribución productiva, los que se relacionan con una valoración de su contribución en ese momento y nada mas que en ese momento, pero sin que su problema sean las utilidades o pérdidas que se incurren cuando se disponen o se venden los bienes y servicios en cuya producción participaron.

 

Esta conclusión no se modifica con el hecho de que los capitalistas o dueños de los medios de producción decidan concederle a los trabajadores y empleados una bonificación si los resultados son favorables. Si bien estas bonificaciones son concesiones para estimular mejores desempeños, poco significan en nuestra argumentación si tales trabajadores y empleados no tienen que devolver lo recibido en salarios o remuneraciones en caso de presentarse pérdidas o resultados negativos.

 

Lo cierto es que los trabajadores y empleados solamente tienen derecho a cobrar por los servicios prestados cada mes o durante el período en que participan en la etapa de la cadena productiva de la que hacen parte, y obviamente a exigir unas condiciones laborales dignas. No son ellos quienes en última instancia responden por los resultados.

 

De manera que los asalariados son en realidad indiferentes, en el momento de cobrar por los servicios para los que fueron contratados, sobre el destino final de la producción en la que participan. Incluso ese destino final pueden estar lejano como cuando se involucran en las etapas iniciales de las prolongadas cadenas productivas que se dan en la fabricación de bienes finales muy elaborados.

 

Pero el punto central de nuestra discusión no es el obstáculo que constituye la lejanía y la imposibilidad de cuantificar la contribución en el producto final de cada uno de los trabajadores y empleados que participan en las cadenas productivas. El punto que aquí mas interesa es la circunstancia de que en todo proceso productivo el valor de lo que se produce depende exclusivamente de la utilidad marginal de los bienes y servicios producidos y no de sus costos de producción.

 

Dado que el valor de lo producido no depende de los costos de producción ni del trabajo incorporado sino de una manera muy indirecta, no existe base alguna para argumentar que los salarios y remuneraciones recibidos por trabajadores y empleados les concede un derecho adicional específico sobre el producto final. No hay manera de determinar la magnitud de unos derechos sobre aportes o productos cuyo valor final se desconoce y sobre los cuales no se asumen los riesgos de los resultados finales relacionados con su producción y comercialización.

 

Como lo señala Eugen Bohm-Bawerk (en Capital and Interest: History and Critique of Interest Theories, Volume I, Libertarian Press,1959), lo correcto o incorrecto de la teoría de la explotación depende enteramente de si se puede probar que lo que los trabajadores ganan constituye una reclamación legítima a un pago artificial prematuro o anticipado sobre el valor de los productos finales. Y concluye: "si eso no se puede probar entonces la teoría de la explotación está equivocada".

 

En contrataciones voluntarias, en ausencia de sistemas de esclavitud, de engaños e imposiciones a la fuerza, o de condiciones indignas de trabajo, no cabe hablar de explotación de la manera como lo hacen los socialistas. En tales circunstancias, a lo único que tienen derecho trabajadores y empleados es a los salarios y remuneraciones que cubren sus aportes productivos en los momentos en los que ellos se realizan.

 

Consideraciones sobre la distribución del producto final

 

De todo lo anterior se desprende que el estimativo sobre cómo se distribuye el producto final de una economía entre los llamados factores de producción (trabajo, capital y tierra, por ejemplo) poco o nada dice sobre la explotación de unos por otros.

 

Si hubiere una gran desigualdad en el sentido de que los trabajadores reciben una proporción relativamente pequeña del producto total, a la única conclusión que se puede llegar es que en ese país o comunidad el factor trabajo no es bien remunerado y el factor capital si lo es. Las razones pueden ser varias. La causa puede ser que ahí los trabajadores no están capacitados, que no son muy productivos, que sus contribuciones a la economía no son especialmente significativos.

 

Así también, la conclusión es que el factor capital es allí escaso, que hay grandes obstáculos para desarrollar labores de tipo empresarial, y que son cuantiosos los riesgos de invertir. Es decir, que no existen las condiciones adecuadas para ahondar en la división del trabajo y para organizar los esfuerzos productivos en forma que se optimicen los resultados.

 

La ligereza con la que muchos concluyen que las desigualdades en estos casos son la consecuencia de una indebida explotación de trabajadores y empleados, termina por ser funesta desde el punto de vista de la política económica. Porque entonces el énfasis se vuelca hacia el establecimiento de unos salarios o unas remuneraciones artificialmente elevadas, a la imposición de controles de precios, a la fijación de unas tributaciones no consecuentes con los niveles de riqueza y con las condiciones de producción prevalecientes, y en último término, a nacionalizaciones y expropiaciones.

 

Lo único que se logra con todo esto es desanimar aún mas la actividad empresarial, hacer mas riesgosas las inversiones y entorpecer el logro de resultados finales positivos. Sin querer queriendo como se dice popularmente, se ahuyentan capitales, lo que los encarece y termina por acentuar las disparidades entre ricos y pobres.

 

La corrección de las desigualdades

 

La teoría de la explotación de los socialistas lleva a proponer que se deben alterar los procesos productivos para garantizar mayores ingresos a trabajadores y empleados y que esa es una forma válida de solventar las desigualdades. Pero en este caso lo que se hace con la mano se borra con el codo porque se encarece el aporte de empresarios y capitalistas y se desalienta la creación de riqueza.

 

Los socialistas se van por el lado fácil sin medir las consecuencias. Pretenden corregir las desigualdades donde no se pueden corregir. Alegando unos derechos que no existen, intentan lograr que el factor trabajo reciba un ingreso divorciado de su aporte o contribución.

 

Se engaña a los beneficiados sobre lo que es la raíz de sus bajos ingresos, que no es otra cosa que sus propias limitaciones, las que solamente son superables con esfuerzos a futuro por fuera de los procesos productivos. Y se confunde con señales erráticas a aquellos empresarios y capitalistas que están dispuestos a jugársela en terrenos donde abundan los obstáculos para el ejercicio de su actividad.

 

Un camino mas inteligente es el de crear un entorno favorable para el desarrollo de la actividad empresarial, es decir un entorno favorable a la creación de riqueza y que requiere de costos de producción que reflejen los aportes productivos tal como son en la realidad y no tal como deberían ser de acuerdo con criterios que solo son validos en la cabeza de académicos y políticos.

 

Solo la creación de riqueza permite la generación de excedentes con los cuales se posibilita financiar ex post la elevación de los niveles de vida de una población en aspectos clave como la educación, la salud, la seguridad y el acceso a un expedito y confiable sistema de justicia. Pero no como parte de unos inexistentes derechos derivados de la condición de trabajador o empleado. Ni siquiera como parte de otros supuestos derechos derivados de la condición de pertenecer a un mismo país o comunidad.

 

En realidad, esos esfuerzos por mejorar la calidad de vida de una población y que tienen lugar al margen de los procesos productivos, sin distorsionarlos o malograrlos, tendrían que ser fruto de decisiones y acuerdos motivados por sentimientos de solidaridad y de simpatía, de aquellos que se manifiestan generosamente en entornos donde el respeto por la dignidad del ser humano es valor predominante.

 

Una digresión sobre la “posición original” de John Rawls

 

Este filósofo político es reconocido por su teoría relacionada con los principios mínimos de equidad sobre los cuales todos lo seres humanos se pondrían de acuerdo como los necesarios en un entorno de vida donde puedan perseguir sus fines e intereses fundamentales (A Theory of Justice, Harvard University Press, 1999).

 

Según Rawls, si se le preguntara a personas, en estado de ignorancia sobre circunstancias históricas personales, económicas y sociales, pero conocedoras de aspectos generales de sicología, economía, biología y otras ciencias, sobre el medio mas adecuado en los que les gustaría vivir para lograr sus objetivos, habría un acuerdo sobre dos principios de justicia.

 

El primer principio es el de que en ese medio se garanticen los derechos y libertades básicas a todos por igual de tal manera que cada quien pueda acoplar su vida a lo que considera es lo mejor.

 

El segundo principio es el de que en ese medio se pueda disfrutar de una igualdad de oportunidades en materia de educación y empleo que le permita a todos competir en igualdad de circunstancias y que, de paso, cada quien logre ganar un mínimo en ingreso y riqueza necesario para mantener su dignidad como persona libre e igual.

 

Lo que no dice Rawls es que las desigualdades surgirían apenas su ideal se ponga en práctica, dadas las diferencias innatas entre los diversos seres humanos, sus distintas preferencias de vida y propensiones al riesgo, y las múltiples circunstancias relacionadas con la suerte y el azar que afectan el desenlace de sus esfuerzos. De manera que al primer minuto de existencia del mundo ideal de Rawls se habrá resquebrajado la concepción de justicia implícita en su segundo principio.

 

Este segundo principio es una concepción sin fundamento histórico, inaplicable al mundo real de las experiencias únicas de cada quien, las que dependen de unas incontrolables circunstancias y las que responden a unas mudables motivaciones y aspiraciones que ni los propios protagonistas pueden prever o anticipar. Las diferencias innatas y las experiencias únicas hacen imposible la igualdad de valoración entre personas acerca de la importancia relativa sobre el tipo de "oportunidades" que desearían tener. Ni siquiera a lo largo de una misma vida se puede esperar una permanencia y constancia en esa valoración.

 

Pero lo otro que olímpicamente desconoce Rawls es que para asegurar cualquier aproximación a su mundo ideal, para garantizar en su mundo la igualdad de oportunidades, hay que expoliar y desmejorar sin pausa, todo el tiempo, a quienes son los mas exitosos. Sin esto último, sin un constante empeoramiento por la fuerza de los mas exitosos para elevar la posición relativa de los menos exitosos, su andamiaje conceptual pierde toda vigencia. Se trata entonces de una propuesta discriminatoria y por lo tanto injusta.

 

Las solas diferencias en los resultados llevan a las desigualdades que Rawls condena y que vulneran de manera fatal su mundo ideal. Pero esas diferencias en los resultados son justas si se dan en medio de actuaciones libres y dentro de los cauces de un ordenamiento jurídico razonable y de unas reglas de juego no discriminatorias. Su alteración por la fuerza, expoliando a unos e interfiriendo en el accionar de otros, para compaginar los resultados con los requerimientos de una igualdad artificiosa y ajena a la experiencia de todos los días, no es otra cosa que la imposición de formas tiránicas y tribales de gobierno.

 

 

BENEVOLENCIA, POLÍTICOS, DONACIONES Y GOBIERNOS

 

No es función de los gobiernos garantizar la “felicidad” de los gobernados, ni hace sentido proponer que su actividad deba sujetarse a criterios de benevolencia.

 

Es infinita la capacidad de los seres humanos para absorber favores y atenciones de otros, pero la es muy limitada para absorber abandonos y desprecios. Uno de los filósofos recientes en resaltar la importancia de esta asimetría en la naturaleza humana fue David Stove (What’s Wrong with Benevolence: Happiness, Private Property and the Limits of Enlightenment, Encounter Books, 2011). Según Stove, esta asimetría lleva a toda clase de desafueros en el área de la política (y en la vida personal).

 

Stove no se refiere directamente al instinto de supervivencia como la base de esta asimetría. Solo se limita a afirmar que se trata de una característica de las especies sociales. En realidad se podría decir que se trata de una asimetría propiciada por el instinto de supervivencia propio de las especies sociales.

 

En el caso de los seres humanos surge de la indefensión que caracteriza sus primeros años de vida. No solamente los recién nacidos sino también meses y años después de nacidos, los seres humanos exigen atención completa o casi completa por parte de sus progenitores o de quienes tienen bajo su encargo su cuidado y asistencia.

 

Se sabe lo que sucede con la personalidad de los niños cuando esas atenciones se conceden en exceso. Se sabe lo difícil que es para los padres hacer un justo balance, especialmente cuando poseen medios que superan los requeridos para atender las necesidades básicas y esenciales de sus hijos.

 

Así también sucede con lo que la gente espera recibir sin contraprestación alguna, por ejemplo en el caso de ciertos beneficios sociales de los gobiernos. Ahí nadie pregunta si los recursos existen o de dónde provienen: lo único que interesa es que se trata de unos “derechos adquiridos” que, además, siempre deben ir en aumento. En estos esquemas de ayuda, nada mas ajeno a las preocupaciones de los receptores que su viabilidad financiera y económica.

 

Administración eficiente de la benevolencia

 

La única forma de administrar racionalmente la benevolencia es que se aplique en entornos conocidos y próximos y que el costo recaiga directamente sobre quien las promueven.

 

La primera condición hace referencia a que se sepa cabalmente sobre quiénes recaen y cuáles son los impactos concretos de esas acciones, de manera que se minimicen las posibilidades de engaños e indebidas desviaciones por parte de los receptores.

 

La segunda condición se refiere al establecimiento de vínculos entre beneficios y costos. A que haya un bolsillo que le duela el costo de emprenderlas. Ser benevolentes a costa ajena, en lo que los políticos son maestros indiscutibles, viola claramente esta condición. Con qué facilidad y alegría nos convertimos en salvadores de la humanidad (y del planeta) cuando se trata de disponer de recursos que no nos pertenecen.

 

En las relaciones impersonales, como son muchas de las que se dan entre gobernantes y gobernados, es muy fácil caer en confabulaciones demagógicas entre las partes involucradas bajo el disfraz de loables y grandilocuentes objetivos, pero con resultados finales funestos en términos de desequilibrios presupuestales, desajustes macroeconómicos y desafueros de los poderes públicos.

 

En la esfera de la política no hay forma de contener la asimetría de la naturaleza humana que lleva a los gobernados a exigir mucho mas allá de lo que permite la disponibilidad de recursos y de lo que merecen en términos de sus esfuerzos productivos. Y que lleva a los gobernantes a ganar como sea indulgencias con avemarías ajenas, redistribuyendo un botín que se alimenta con la expoliación de una riqueza que no les pertenece.

 

Por eso la única forma de evitar o por lo menos moderar abusos y desbordamientos es restringir la esfera de acción política a unas muy específicas áreas con volúmenes de financiamiento automáticamente preestablecidos (véase sección “Bosquejo de un gobierno ideal”).

 

Donaciones como expresión genuina de benevolencia

 

La benevolencia es genuina o auténtica cuando es voluntaria y cuando su costo es directamente sufragado por quienes toman la iniciativa de proporcionarlas. La benevolencia universal, aquella para cuya financiación se emplean los medios coercitivos propios de la tributación, se puede llamar cualquier cosa menos benevolencia.

 

Un ejemplo de benevolencia genuina son las donaciones de personas naturales y empresas a favor de unos determinados grupos de la población. Ellas cumplen con todas las condiciones atrás expuestas. Su carácter voluntario y el costo de oportunidad para quien la otorga (el sacrificio implícito en la utilización de unos recursos que se hubieran podido destinar para beneficio propio) constituyen aspectos para concederles tal calificación.

 

Pero lo mas interesante en el caso de las donaciones de personas naturales y empresas es que la limitación de recursos desempeña un papel primordial en la determinación de su volumen, a diferencia de las “ayudas” que se proporcionan a través de fondos públicos que se caracterizan por no tener dueño específico.

 

El abuso de las donaciones tienen unas consecuencias directas sobre las finanzas de los donantes. No sucede lo mismo con las ayudas financiadas con recursos públicos, porque los gobiernos, al menos como están actualmente diseñados, cuentan con la posibilidad de aumentar la tributación o de acudir a financiaciones inflacionarias de todo tipo. En su caso los recursos ajenos a los que pueden acceder son prácticamente ilimitados.

 

Contención del sentimiento de benevolencia

 

No es solo el tema de los trastornos que una excesiva benevolencia ocasiona sobre sus recipientes. El tema principal que nos ocupa en este ensayo se refiere a la necesidad de que el nivel de benevolencia se ajusten a unos parámetros muy precisos relacionados con los recursos disponibles. Para ello se requiere que esta decisión no recaiga sobre los recipientes, quienes, en razón de la asimetría de la naturaleza humana referida por Stove, son incapaces de adoptar criterios que contraríen su egoísmo.

 

Tampoco son los políticos los llamados a determinar el nivel de benevolencia puesto que el aprovechamiento de lo ajeno para el engrandecimiento de su poder es componente integral de su conducta. El descarado uso del gobierno para aparentar benevolencia suele ser premiado en las competiciones políticas.

 

Los sistemas políticos actuales, incluidos los democráticos, no han sido capaces de reformular el concepto de benevolencia para ajustarlo a lineamientos de eficiencia y moderación. No están hechos para contener los abusos cometidos en su nombre. Todos estos sistemas premian el volumen de acciones benevolentes y castigan las restricciones y los imperativos de efectividad que los debe regir dada la escasez de recursos.

 

Habría que replantear la visión ingenua, que con tanto énfasis impulsó la Ilustración, según la cual los seres humanos deben darle rienda suelta a la benevolencia para promover la “felicidad” y realzar lo que los modernos llaman la “auto estima”.

 

Bajo este planteamiento, las acciones benevolentes genuinas, las bien entendidas y administradas, serían exclusivamente las que surgen del uso de excedentes que resultan de los diversos esfuerzos productivos. Serían aquella parte de las utilidades o ganancias de personas o empresas que en forma voluntaria se destinan a financiar esquemas de ayuda a grupos desprotegidos de la población.

 

No deberían aplicarse criterios de benevolencia sobre los recursos que los gobiernos se apropian a la fuerza a través de impuestos para atender unas muy específicas necesidades comunitarias relacionadas con temas como la seguridad, la justicia, y los servicios sociales básicos. Las asignaciones de recursos públicos hacia unos servicios predeterminados deberían ser resultado de decisiones colectivas guiadas por consideraciones prácticas, antes que por consideraciones abstractas relacionadas con el endiosamiento de quienes han recibido el encargo de administrarlas.

 

Entonces, habría que despojarle a la acción política su aura actual de ser el camino para el logro de la “felicidad” en el planeta Tierra, en lugar de lo que en sana lógica tendría que ser: uno entre tantos otros caminos disponibles para buscar soluciones a problemas concretos relacionados con la convivencia en comunidad.

 

  

SOLIDARIDAD, LIMOSNAS, DEMAGOGIAS Y AYUDAS GUBERNAMENTALES

 

Convertir la solidaridad en una obligación desvirtúa su naturaleza y se presta para toda clase de abusos y arbitrariedades por parte de los gobiernos.

 

Una de las ideas que surgió de la Revolución Francesa fue la de que las comunidades debían hacer de la solidaridad una regla de obligatorio cumplimiento y que serían los gobiernos los encargados de su control y aplicación. Fue como abrir una caja de Pandora de la cual se han valido los políticos para cometer una infinidad de arbitrariedades y justificar conductas criminales.

 

Solidaridad racional y solidaridad emocional

 

El problema con el concepto de solidaridad es que no es uno basado en el concepto de resarcimiento (de algo injustamente perdido), sino en el de “necesidad” (de algo de lo que se carece pero a lo que se llega a creer que se tiene derecho).

 

Pero la “necesidad” como tal, cuando es tomada en abstracto como un criterio para acciones solidarias, no dice nada sobre las trayectorias personales y las condiciones específicas que producen las carencias. No está relacionada con el mérito de las actuaciones o de los esfuerzos realizados por los receptores de las ayudas.

 

La solidaridad entendida como la atención en abstracto de unas “necesidades” no es un concepto del todo racional. Solo en la medida en que mas conocemos a las personas que solicitan nuestra solidaridad, entre mas sabemos de sus conductas y trayectorias, mas estrictos y exigentes nos volvemos con las eventuales ayudas. En circunstancias conocidas tendemos a ser jueces mas “racionales”, a veces hasta implacables.

 

Cuando hay proximidad e intimidad estamos en capacidad de evaluar con lujo de detalles las consecuencias de nuestra solidaridad. El criterio de “necesidad” no es la única consideración que tomamos en cuenta. Valoramos aspectos relacionados con las conductas del recipiente de la ayuda y con las circunstancias que lo rodean.

 

Pero este no es el caso cuando nos topamos con un limosnero en la calle. Allí las apariencias lo son todo. Allí la ignorancia sobre la trayectoria y la personalidad del “necesitado” es una barrera que dificulta tomar decisiones racionales con respecto a la cuantía y el tipo de ayuda que se ha de otorgar. El humor del momento y la primera impresión juegan un papel definitivo. No queda otro remedio que acudir a una decisión que en su esencia es emocional.

 

Limosneros acosadores y amenazantes

 

Una característica de las limosnas es que por regla casi general no representan una suma o porción importante del ingreso o riqueza de quien la proporciona. La razón por la cual tienden a ser pequeñas es precisamente porque no son decisiones racionales sino emocionales. Y por lo tanto son decisiones sujetas a distorsiones o equivocaciones de apreciación.

 

Además las limosnas son decisiones libres y voluntarias y como tales expresiones auténticas de sentimientos de solidaridad. Sin embargo, los limosneros que acosan o acuden a amenazas no son mas que pequeños delincuentes que tratan de forzar una decisión por parte de quienes se encuentran en el camino. Acuden a procedimientos indebidos que solo desconcierto y malestar producen y que convierten las decisiones de dar en unas aún menos racionales.

 

En el caso de las ayudas gubernamentales no se trata de limosnas que libre y voluntariamente se otorgan. Los recursos provienen del cobro por la fuerza de unos impuestos. Cuando se acuden a los impuestos para atender las “necesidades” de terceros, desaparece el libre albedrío de quienes pagan la ayuda. Pero no solo eso: entra en juego la racionalidad con la que se asigna la ayuda debido al uso descarado de la política para convertirla en un tema puramente emocional.

 

Entonces, ¿a qué tipo de solidaridad se hace referencia en este caso? ¿De una solidaridad que se delega forzosamente en las personas de carne y hueso que administran los gobiernos? Está claro que los gobiernos usan la fuerza para hacerse a los recursos que por “solidaridad” se emplean para  atender las “necesidades” de terceros. Los gobiernos actúan como personeros de esos terceros, quienes a su vez se presentan como exigentes limosneros, unos que entre mas acosadores y amenazantes mas tienden a recibir.

 

Gobiernos acosadores y amenazantes

 

Con el fin de organizar sus ayudas, los gobiernos agrupan a la población con unos criterios generales de “necesidades” y para tal efecto, la clasifican según niveles de ingreso, cobertura de servicios públicos, y otros por el estilo. Pero la sola identificación de unas “necesidades” en algunos grupos de la población, no son argumento para que otros grupos sean forzados a cubrir el costo de atenderlas.

 

¿Lo sería acaso vivir en una misma comunidad (compartir una extensión territorial cualquiera)? Esta es una de las razones implícitamente aludidas para forzar el pago de impuestos y su empleo en ayudar a unos a costa de otros. En su esencia, es una respuesta emocional, y así la usan los gobernantes.

 

En la medida que se trascienden los límites de un vecindario, y se pasa a los de una ciudad, y de esta a los de una provincia, y de ahí a los de un país o un Continente, se diluye el conocimiento acerca de las circunstancias que deben dar lugar a formas específicas de solidaridad, así como los lazos afectivos que solo las cercanías y proximidades generan.

 

¿A título de qué se obliga a algunos a costear los faltantes de otros cuyas trayectorias se desconocen por completo y con los que no los une lazo afectivo alguno? Ni la invocación a consideraciones insustanciales de tipo moral relacionadas con la pertenencia a una misma “humanidad”, ni los superfluos y oportunistas alegatos de que la mayor riqueza de los unos es la causa de la mayor pobreza de los otros, son excusas válidas para justificar actuaciones mediante las cuales se utiliza la fuerza en beneficio de aquellos supuestamente mas “necesitados”.

 

Pero los argumentos cuentan poco. Los gobiernos, en manos de unos intereses específicos que se benefician de todo aquello, se han dado a la tarea de multiplicar sus acosos y amenazas, no con exhortaciones a la buena voluntad de quienes son expoliados, sino con una demagogia desbordada a favor de los supuestos intereses de quienes poseen menos.

 

Desde los púlpitos de las iglesias, desde los medios de comunicación, y desde las vitrinas que utilizan los políticos se lanzan rayos y centellas contra los exitosos y se les cuestiona su derecho a disponer libremente de lo poco o mucho que les pertenece.

 

El tema se ha vuelto enteramente emocional. Las trayectorias personales tanto de los expoliados como de los recipientes de las ayudas no interesan en absoluto. Los unos son colocados en la palestra pública como una especie de enemigos públicos por el simple hecho de su mayor ingreso o riqueza y por no contribuir lo suficiente. Los otros son catalogados como inocentes víctimas por el simple hecho de poseer menos y no haber ganado lo suficiente.

 

Esta demagogia es aprovechada para acrecentar el poder de los gobiernos. Los gobernantes se auto proclaman pregoneros de una supuesta solidaridad, que no es otra cosa que la facultad que se han arrogado de hacerse a lo ajeno para redistribuirlo entre grupos organizados como limosneros, a los que controlan y utilizan para sus propios y egoístas fines.

 

Las “necesidades” de unos no obliga a la solidaridad de otros

 

Despojada de su contenido voluntario, la solidaridad pierde su valor moral. A su vez, la “solidaridad” con recursos que no son los propios, deja de ser un acto meritorio para convertirse en acto típico de aquellos en los que se busca “ganar indulgencias con camándula ajena”.

 

Para recobrar el fundamental papel que debe desempeñar la solidaridad en la vida comunitaria nadie debe ser obligado a ayudar a alguien. Los gobiernos deben ocuparse ante todo de tareas de beneficio común como lo son las relacionadas con la administración de la justicia, de la seguridad, y las obras públicas. Los subsidios para la educación, la salud, el transporte o cualesquiera otros deben ser universales y no deben dirigirse a favorecer a grupos específicos de la población.

 

En otras palabras, la solidaridad no debe utilizarse como excusa demagógica para expoliar a unos en beneficio de otros. No debe concederse a los gobiernos la autoridad de ser los intermediarios responsables de los sentimientos de solidaridad, excepto en casos muy especiales como cuando ocurren tragedias naturales. Ni es la solidaridad un criterio apropiado para determinar el alcance de los poderes que se le deben otorgar a los gobernantes.

 

La solidaridad es un concepto válido de interacción social, especialmente cuando tiene lugar al margen de las corrupciones, distorsiones y abusos propios del mundo de la política. Entre mas libres de acosos y amenazas sean los actos de solidaridad, entre mas voluntarios sean, mas vigorosos y fundamentados en la generosidad serán los lazos de unión y amistad en una comunidad.

 

 

DERECHOS NATURALES, GOBIERNOS Y ESQUEMAS DISTRIBUTIVOS

 

La redistribución de riqueza e ingresos por parte de los gobiernos es a través del uso de la fuerza bruta y viola los derechos naturales de los individuos.

 

Coerción en la financiación de los gobiernos

 

Lo primero que hay que decir es que los gobiernos nunca acuden a esquemas distributivos voluntarios. Cobran impuestos que si no son pagados llevan a la imposición de toda clase de sanciones para los expoliados (o “contribuyentes” como son eufemísticamente llamados). Sin esas sanciones, y sin las amenazas de su aplicación, los recursos a disposición de los gobiernos caerían sustancialmente.

 

Pero los gobiernos van mas allá. Se apoyan en esquemas como el de financiarse con emisiones monetarias que se traducen en depreciaciones de las monedas y en la resultante pérdida del poder adquisitivo para quienes las utilizan. Es un impuesto disfrazado que paga toda la comunidad, unos mas y otros menos. Lo interesante de esquemas como este es que una parte de la población no lo toma como un impuesto, ya sea por ignorancia o porque son seducidos por los mensajes equívocos de políticos y gobernantes populistas.

 

Los que mas saben llaman a la inflación el impuesto de los pobres porque son ellos quienes menos están en capacidad de defenderse de los estragos sobre el poder adquisitivo de lo que ganan con su trabajo o del de sus ahorros.

 

En segundo lugar, el gasto de esos impuestos es decidido a su antojo por quienes controlan las riendas del poder político. En esas decisiones de cuándo, cómo y en qué gastar no intervienen sino unos políticos y funcionarios que poco o nada conocen de las preferencias e intereses de quienes financian ese gasto. No importa cómo hayan sido elegidos o nombrados, asignan los recursos a su disposición de acuerdo con sus subjetivos y arbitrarios criterios.

 

Carácter arbitrario de los esquemas distributivos

 

La expoliación a través de impuestos y la subjetividad en la asignación del gasto por parte de quienes detentan el poder político, siempre han sido vistos con una gran desconfianza por esa tradición filosófica que defiende las libertades y los derechos naturales de los individuos y que se remonta a siglos atrás y de la que hacen parte los mas distinguidos Escolásticos y otros filósofos como Adam Smith, David Hume e Immanuel Kant, así como economistas notables como Frédéric Bastiat y Ludwig von Mises, para solo mencionar unos pocos.

 

En el marco de esta tradición, vale la pena traer a colación un artículo de Patrick Barron (“Mises, Kant, and Welfare Spending”, Ludwig von Mises Institute, febrero 21 de 2014), en el que se plantea que si los gobiernos respetaran los derechos naturales de los asociados no deberían tener la atribución de confiscar la riqueza o ingresos de unos con la disculpa de mejorar la situación de otros. La argumentación para respaldar esta tesis es relativamente simple.

 

Un primer aspecto se refiere a la regla según la cual el tratamiento de los gobiernos debe ser el mismo para todos los asociados. Discriminar en contra de unos para favorecer a otros introduce un elemento de subjetividad que rompe con el principio de universalidad a la que debe ajustarse toda acción gubernamental. Para respetar ese principio dicha acción ha de ser aplicable en todos los lugares, todo el tiempo y a todos los miembros de una comunidad.

 

El criterio de “necesidades” que se utiliza para justificar favorecer a unos miembros de una comunidad a costa del despojo por la fuerza de la riqueza o ingreso de otros miembros, es completamente subjetivo. No hay una vara objetiva para medir “necesidades”. La decisión sobre el tipo y volumen de “necesidades” que deben satisfacerse, así como sobre los individuos que han de beneficiarse, es enteramente arbitraria. Lo mismo se puede decir acerca de la forma como esas “necesidades” deberán atenderse.

 

Con la utilización del criterio subjetivo de “necesidades” se le da la razón a los favorecidos (casi siempre sin satisfacerlos plenamente), pero no se tiene en cuenta la razón de quienes son los expoliados. A estos últimos no se les aplica la misma razón que a los beneficiados. Se echa así por la borda la idea de que todos los miembros de la comunidad han de ser sujetos de un mismo tratamiento con base en la utilización de unos criterios objetivos y universales.

 

La única forma de garantizar la implementación de tratamientos diferentes y discriminatorios contra una parte de la población por los gobiernos es con el uso de la fuerza. Sin la exigencia de una igualdad en los tratamientos, sin la aplicación de criterios objetivos y universales, se desvanecen los límites al poder que detentan los gobernantes, tal como sucede en las sociedades tribales u otras igualmente cerradas y compactas.

 

Bajo estas circunstancias, las justificaciones para violentar los derechos naturales de los individuos terminan por apoyarse en consideraciones exclusivamente relacionadas con los criterios subjetivos y caprichosos de los gobernantes de turno.

 

Esquemas distributivos y dignidad de los seres humanos

 

Luego está aquella otra regla que proviene de los Evangelios según la cual “no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”. Barron cita a Abraham Lincoln cuando dijo “Como no deseo ser esclavo, entonces no quiero ser amo”.

 

El corolario de esta regla es el de que toda acción redistribución de riquezas o ingresos mediante el uso de la fuerza se traduce en perjuicios que solo quienes los sufren pueden valorarlos. Los expoliadores de seguro no estarían dispuestos a infringirse voluntariamente los daños que ocasionan en sus víctimas. La imposibilidad de medir objetivamente los daños causados con la redistribución, y de que los expoliadores los conozcan y padezcan equivalentemente, lleva al incumplimiento de esta otra regla.

 

Además, si se parte de la idea de que todos los seres humanos son en sí mismos fines y no medios y que ninguno debe ser utilizado en contra su voluntad como un medio para alcanzar los fines de terceros, entonces la racionalidad de los esquemas gubernamentales distributivos pierde su fundamento.

 

Si una mayoría está de acuerdo con donar para fines caritativos, la minoría que no lo esté no debería tener la obligación de hacerlo. Si se la obliga, los miembros de esa minoría serían tratados como medios y no como fines, lo que contradice la dignidad de la cual, según la ley natural, están investidos todos los seres humanos sin excepción.

 

Pero Barron le agrega a esta regla un complemento que es de la cosecha del teólogo australiano Thomas Patrick Burke, quien sostiene que no proporcionarle ayuda a alguien que la solicita no es una injusticia. La razón es que la no ayuda no deja al solicitante en peor situación de la que estaba. Lo injusto sería dejar a esa persona sin su consentimiento en una peor situación. Sería el caso, por ejemplo, de cuando se le quita la vida, o se la perjudica física o mentalmente, o se la despoja de lo que le pertenece.

 

Ahora bien, si aplicáramos un concepto subjetivo y no objetivo de justicia según el cual tenemos la obligación de ayudar a todo aquel que lo solicita con el argumento de que se trata de atender sus “necesidades” insatisfechas, entonces todos nos convertiríamos en esclavos de la humanidad y seríamos utilizados como medios y no como fines en sí mismos.

 

Mundo de los gobernantes versus mundo de los mercados

 

En este punto se llega a las tesis expuestas por Mises y otros economistas de la escuela austríaca. Ellos establecen el contraste entre el mundo de las preferencias de los gobernantes y el mundo de las preferencias que se manifiestan en los mercados a través del sistema de precios.

 

En el primero de estos mundos las preferencias se ordenan subjetivamente de acuerdo con criterios relacionados con “necesidades”. Tal como lo anota Barron, estas “necesidades” son diferentes para cada quien y cambian constantemente en cada persona.

 

Del otro lado, están las preferencias que surgen en los mercados como resultado de la interacción entre productores y consumidores. Esas preferencias se manifiestan a través de los precios, que son los que objetivamente determinan qué, cuánto y cómo producir y consumir.

 

Las principales dos diferencias entre estos dos mundos son las siguientes: 1) En el mundo de los gobernantes la coerción es la partera, en tanto que en el mundo de los mercados las actuaciones son voluntarias. 2) En el mundo de los gobernantes quienes toman las decisiones no son dueños de los recursos, mientras que en el mundo de los mercados los protagonistas son dueños de lo que ofrecen y demandan.

 

Si los recursos no provienen del bolsillo de quienes los gastan, si no son de su propiedad, no hay una forma objetiva para determinar cómo deben ser distribuidos. Las decisiones a este respecto son arbitrarias al no estar relacionadas con las preferencias derivadas de los esfuerzos que se requieren para producir lo que se posee y de lo que se está dispuesto a pagar por lo que se desea poseer.

 

Pero adicionalmente, en el mundo de los gobernantes las decisiones se corrompen fácilmente por cuanto el interés propio, cuando no acompañado por dichos esfuerzos y sacrificios, genera desviaciones hacia favoritismos de toda clase. Hacia relaciones de padrinazgo y compadrazgo, las mismas que son las prevalecientes en entornos tribales. Estas relaciones son subjetivas y con frecuencia muy irracionales. Son antagónicas al establecimiento de una justicia impersonal fundamentada en reglas de carácter universal.

 

Peor aún, las relaciones que se dan en el mundo de los gobernantes entorpecen la creación de riqueza al alterar los incentivos y las señales de los procesos de producción y consumo. Cuando superan un prudente límite acrecientan la pobreza y se prestan para el vil aprovechamiento de sentimientos destructivos vinculados a envidias y resentimientos, con frecuencia dirigidos hacía los miembros mas sobresalientes y meritorios de una comunidad.

 

Necesidad de límites y de reglas objetivas de aplicación universal

 

Nadie tiene derecho a expoliar los frutos del trabajo y la propiedad de nadie. Se puede argumentar que esto no aplica a los gobiernos, los que pueden a través de distintos sistemas políticos arrogarse el privilegio de asaltar esos derechos. Es un privilegio que ha sido una constante en la historia de la humanidad. Para ello los gobiernos se respaldan en el uso de la fuerza bruta. Ahora último mediante formas mas sutiles y sofisticadas.

 

Al final de cuentas, lo único que asegura la permanencia de los gobiernos es su pretendido monopolio de la fuerza bruta. Ya se conocen cuántas guerras y calamidades han sucedido por el uso y abuso de esa fuerza. Y no se requiere de mucha agudeza mental  para reconocer que los principios objetivos de los sistemas de justicia tienden a ser relegados a un plano secundario por quienes descubren que con el uso de la fuerza pueden alcanzar expeditamente, como por un atajo, mas beneficios y mas poder.

 

Idealmente, antes que la imposición por la fuerza de esquemas distributivos de riqueza e ingreso, los gobiernos deberían aprovechar sus fortalezas naturales para ser facilitadores y promotores de esquemas voluntarios de ayuda mutua dirigidos a elevar la condición social, cultural y económica de grupos vulnerables de la población.

 

Así también, para su financiación se debería acudir a esquemas impositivos no discriminatorios, neutros o no progresivos, como sería el caso de impuestos indirectos (de ventas, por ejemplo) que todos pagan, o de impuestos directos (de renta o prediales, por ejemplo) con una tarifa única aplicable a la totalidad de los agentes económicos sin importar sus niveles de ingreso o el valor de sus propiedades.

 

De manera que a diferencia de lo que proponen los socialistas y quienes endiosan a los gobiernos, la propuesta mas indicada es la de circunscribir su acción a un mínimo, la de imponer una estricta separación de sus poderes, la de establecer pesos y contrapesos que limiten el alcance de sus pretensiones, y la de utilizar criterios objetivos y de aplicación universal en sus sistemas de financiación y de gasto.

 

 

 ESFUERZOS PRODUCTIVOS, DESIGUALDADES, JUSTICIA Y SOLIDARIDAD

 

Las desigualdades resultantes de los esfuerzos productivos no son de por si justas o injustas. La corrección de tales desigualdades pertenece al ámbito de la solidaridad y no de la justicia.

 

Naturaleza de los esfuerzos productivos

 

Los esfuerzos productivos consisten en la prestación de servicios concretos y específicos de unos miembros a otros miembros de una comunidad. Para la prestación de esos servicios se utilizan tiempo y recursos, incluidas herramientas y maquinarias que contienen esfuerzos anteriores. En otras palabras, se incurre en costos de producción.

 

Los esfuerzos productivos están dirigidos a satisfacer las necesidades y los deseos de consumidores y usuarios, es decir, de quienes están dispuestos a pagar por ellos. Esa es su razón de ser y no otra.

 

Las mejores o peores remuneraciones que se obtienen en los esfuerzos productivos no pueden catalogarse como justos o injustos. Sus objetivos son la satisfacción de necesidades concretas a cambio de una remuneración. Dicha remuneración depende exclusivamente de la valoración de quienes reciben los bienes y servicios que con ellos se generan.

 

Si los esfuerzos productivos fallan en atender los requerimientos de consumidores y usuarios, si lo que ellos están dispuestos a pagar ni siquiera compensa los costos de producción, se emite una clara señal de que el camino es el equivocado. Entonces o se replantean los esfuerzos para producir lo mismo o algo similar a un costo menor o los recursos utilizados se orientan a la atención de otras demandas.

 

Así también, si los esfuerzos productivos son remunerados mas allá de los costos de producción significa que consumidores y usuarios los valoran suficientemente. Quiere decir que el camino escogido fue el correcto. El éxito de estos esfuerzos productivos nada tiene que ver con consideraciones de justicia. Depende exclusivamente de la oportunidad e intensidad con la cual se atendieron, a unos costos razonables, necesidades y deseos de consumidores y usuarios.

 

Ahora bien, si el éxito de algunos esfuerzos productivos es muy grande (si las utilidades son muy altas) eso no es una injusticia. No solamente es una señal de que se está atendiendo bien las demandas sino que es un indicio de que se trata de una actividad donde posiblemente caben mas esfuerzos productivos. Eso induce una ampliación de la competencia, lo que al final de cuentas se traduce en mas producción y precios mas favorables para consumidores y usuarios.

 

Entonces hay éxitos y fracasos con los esfuerzos productivos. Ellos son completamente independientes de cualquier concepto de justicia. No son resultados finales justos o injustos. Son resultados finales que reflejan qué tan bien dirigidos y organizados estuvieron los distintos esfuerzos productivos.

 

Rol imprescindible de los precios en la creación de riqueza

 

Ahora bien, los precios son las señales clave que permiten una constante evaluación de los esfuerzos productivos. Son los que indican permanentemente si los costos de producción son los adecuados para atender las diferentes necesidades y deseos de consumidores y usuarios. Son los guías que orientan sobre qué, cuánto y cómo producir.

 

Pero los precios son también señales a través de las cuales consumidores y usuarios se manifiestan sobre sus preferencias. Sobre cuáles son los bienes y servicios que mejor pueden atender sus necesidades y deseos. Sin ellos, perderían la noción sobre qué, cuánto y cómo consumir.

 

Cuando los gobiernos intervienen en la fijación de precios para introducir criterios diferentes a los económicos propiamente dichos, se rompe el vínculo entre las decisiones de quienes se embarcan en esfuerzos productivos (los emprendedores y el capital que los financia) y las de quienes son los consumidores y usuarios. Se bloquean, por decirlo de alguna manera, los canales de información que permiten una fluida coordinación de las actividades de unos y otros.

 

La mayor damnificada de la confusión resultante es la creación de riqueza, primordialmente porque se trastocan los incentivos y las motivaciones que constituyen el combustible para que el proceso rinda sus mejores frutos y porque los esfuerzos terminan por divorciarse de las preferencias de consumidores y usuarios.

 

Condena injustificada al egoísmo (y a la codicia)

 

Aquí tampoco hay lugar para aquellas críticas a la naturaleza egoísta de los emprendedores y del capital que los financian. Esta naturaleza egoísta es la de todos los seres humanos, sin excepción. Se manifiesta todo el tiempo no solamente en las actividades económicas sino también en otras clasificadas como “sociales” y en todas las demás. Cuando se desborda puede ser destructiva, pero cuando bien encauzada tiende a ser creativa.

 

Es el egoísmo, con la ayuda de la codicia, el que impulsa la búsqueda del máximo beneficio con el mínimo esfuerzo en el caso de los productores y de la máxima satisfacción con el mínimo esfuerzo en el caso de los consumidores. Estas búsquedas, que están íntimamente ligadas al instinto de supervivencia de la especie, son la que mueven las ruedas del progreso económico en sus diferentes dimensiones.

 

Los intentos de algunos moralistas por erradicar el egoísmo (y la codicia) del alma humana están condenados al fracaso. Y la razón fundamental es que el ser humano nunca va a renunciar a la búsqueda de mejorar su situación actual, sea cual ella sea. Si se obrara inteligentemente, antes que empeñarse en la vana tarea de erradicar lo que es una parte integral de la naturaleza humana, las energías deberían enfocarse en encauzar estas inclinaciones hacia lo constructivo.

 

Importancia de los resultados desiguales en la actividad productiva

 

En el caso de los esfuerzos productivos, dadas las diferencias en dedicaciones, talentos y habilidades, así como la presencia de elementos de azar que no se controlan, son inevitables las desigualdades en los resultados finales. Como ya se dijo, esas desigualdades no son justas o injustas en sí mismas. Son inherentes al proceso productivo: sin ellas se pierde el rumbo sobre los caminos mas fructuosos que se deben seguir a futuro y sobre los que hay que desechar. Y esto es especialmente válido en entornos económicos complejos, libres y expansivos.

 

Sin señales claras y transparentes sobre qué esfuerzos productivos fracasaron y cuáles fueron los exitosos, se desdibuja y desvirtúa su racionalidad. Para garantizarla hay que acudir a las señales ex post que proporcionan los resultados finales y no solamente a intuiciones previas y cálculos ex ante.

 

Dicha racionalidad no funciona cuando con anterioridad al emprendimiento de los esfuerzos, elementos ajenos intentan garantizar unos resultados predeterminados. Esas señales sólo son útiles cuando se fundamentan en los éxitos o fracasos ex post, es decir, luego de que la actividad productiva se ha desarrollado, idealmente en forma transparente, libre de interferencias políticas, sin barreras artificiales a la competencia y obviamente sin trampas y engaños.

 

Hablar de justicia o injusticia en los resultados de los esfuerzos productivos, cuando ellos han tenido lugar en condiciones de libertad y dentro de cauces no delictivos, no solo no viene al caso sino que crea confusiones acerca de cuál es la finalidad última de estos esfuerzos. No sobra enfatizarlo nuevamente: tal finalidad no es la de generar condiciones económicas de mayor igualdad, sino la de satisfacer de la mejor manera posible las necesidades y deseos de consumidores y usuarios, dadas unas condiciones económicas existentes.

 

Se podría argumentar que las condiciones económicas existentes son injustas porque parten de la base de unas desigualdades que no permiten que todos los esfuerzos productivos tengan las mismas oportunidades de éxito. Sin embargo, aquí tampoco aplica el concepto de justicia o injusticia. En primer lugar, nunca será posible garantizar esa igualdad de oportunidades debido a diferencias ocasionadas por los éxitos o fracasos anteriores y debido a las ya mencionadas diferencias en dedicaciones, talentos y habilidades.

 

Pero además, son las desventajas en posiciones iniciales las que motivan a muchos emprendedores (y al capital que los financia) a realizar esfuerzos adicionales y a introducir innovaciones precisamente para superarlas. Muchas innovaciones altamente beneficiosas para el progreso de la humanidad, fueron imaginadas y realizadas en medio de condiciones muy adversas. De ahí surgieron nuevos paradigmas y otras riquezas.

 

Son frecuentes los éxitos forjados con las enseñanzas que deja la lucha contra condiciones difíciles. Por otro lado, también está suficientemente ilustrado cómo los éxitos producen complacencia y distorsionan las percepciones para su adecuado manejo a futuro. En un entorno de libertad económica, no solo surgen todo el tiempo nuevas fortunas sino que las existentes cambian de manos con inusitada frecuencia.

 

El tema es uno de solidaridad y no de justicia

 

Lo importante, al final de cuentas, es garantizar que no haya indebidas interferencias o grandes alteraciones en los resultados de los procesos de producción y consumo con la aplicación de criterios de justicia que lo único que hacen es invalidar su función como emisores de señales para la futura creación de riqueza.

 

Visto así el tema, es inconsecuente calificar la distribución del ingreso nacional generado por los esfuerzos productivos como justo o como injusto. Por ejemplo, el concepto de justicia social que lleva implícita la imposición por la fuerza de una cierta igualdad en los resultados de esos esfuerzos, puede constituirse en un elemento altamente perturbador que obstaculiza generar la riqueza suficiente para resolver temas angustiosos de pobreza.

 

Cuando se hace mención a una injusticia es porque alguien fue despojado de algo a lo que tiene derecho y debe por lo tanto ser objeto de algún resarcimiento. Ese no es el caso en los procesos productivos. Por ejemplo, personas que no han participado de un esfuerzo productivo no tienen derecho a recibir los frutos de ese esfuerzo, así pertenezcan a una misma comunidad. De la misma manera, personas que han participado voluntariamente en ese esfuerzo no tienen derecho a recibir mas de lo que acordaron como remuneración por su participación. Los esfuerzos productivos no buscan resolver desigualdades. No es esa su finalidad ni es la vara con la cual se debe medir su conveniencia.

 

Entonces, si eso es así y si en una comunidad existe una preocupación por las desigualdades económicas existentes, ¿cómo podría esa comunidad reducirlas o atenuarlas? La respuesta tendría que estar vinculada al concepto de solidaridad y no al de justicia. Las acciones solidarias no están dirigidas a alterar la naturaleza de los esfuerzos productivos. Pero si, una vez que se han dado los resultados de esos esfuerzos, están encaminadas a promover y poner en operación toda clase de sistemas de ayuda mutua con los que se provee de bienes y servicios a grupos vulnerables de la población.

 

Tales sistemas de ayuda mutua pueden ser privados o públicos. Preferible privados por cuanto son de naturaleza voluntaria. Los públicos, al financiarse con esquemas impositivos, que son coercitivos, tienen el problema de que cuando superan ciertos límites desaniman el emprendimiento de esfuerzos productivos necesarios para crear la riqueza con la que se financian los sistemas de ayuda mutua.

 

Hay varios problemas adicionales cuando son los gobiernos los encargados de financiar y administrar los sistemas de ayuda mutua. Uno de ellos se refiere a la ineficacia y corrupción inherentes en la administración de los recursos públicos. Otro es la politización que acompaña a todas las actividades gubernamentales y que frecuentemente conduce a desviaciones de las ayudas hacia grupos que no son necesariamente los mas vulnerables.

 

 O sea que en la búsqueda de un balance entre lo público y privado, lo mas deseable es que afloren y se extiendan en todos los rincones de una comunidad sentimientos de solidaridad que motiven a los mas exitosos en los resultados finales de los esfuerzos productivos a financiar esquemas de ayuda mutua. No como una obligación sino por el orgullo y las ventajas de pertenecer a una comunidad que progresa y que resuelve sus desequilibrios. Y por que no decirlo, por ganar indulgencias en contextos religiosos, o simplemente por la satisfacción que proporciona el reconocimiento público de esa conducta.