Si no hay acuerdo entre ejecutivo y legislativo, automáticamente el 1 de enero aumentarán los impuestos y habrá drásticos recortes en el gasto público.
Se acabarán los recortes de impuestos de la era Bush (que cubren a todos los niveles de renta), se reversarán las rebajas de los impuestos a la nómina, se cortarán los beneficios extendidos a los desempleados, y habrá una fuerte reducción en todas las áreas del gasto del gobierno federal incluida defensa. El efecto combinado de estas medidas de ajuste es de unos US$700.000 millones, o sea cerca de 4,5% del PIB.
Se llegó a este acuerdo de ajuste automático o “fiscal cliff” en el otoño de 2011, en el marco de otro acuerdo para aumentar el cupo de endeudamiento en un monto suficiente para que este tema no perturbara el año electoral que se avecinaba. Un comité de congresistas del Partido Demócrata y del Partido Republicano acordó que este ajuste automático entraría en vigencia si no se aprobare un esquema dirigido a disminuir los niveles relativos de la deuda del gobierno federal, la que actualmente ya superó 100% del PIB.
En este último año, con las elecciones de por medio, la inacción en temas tributarios y de gasto público fue el nombre del juego. Y es así como solo quedan unos pocos días antes del 1 de enero para evitar caer en el despeñadero fiscal, uno que, según las mayoría de los analistas, se traduciría en una recesión.
Como se sabe, no todo fue color hormiga para el Partido Republicano en las elecciones del pasado 6 de noviembre. Mantuvo una cómoda mayoría en la Cámara de Representantes (que es la importante en temas de impuestos y gasto) y logró 30 gobernaciones (un máximo en los últimos 12 años). Ahora bien, los representantes republicanos son enemigos de cualquier aumento de impuestos. De hecho, una mayoría de ellos se comprometió públicamente a oponerse a cualquier iniciativa que incremente las tasas marginales de impuestos sobre la renta para individuos o negocios y en segundo lugar, a cualquier otra iniciativa que reduzca deducciones o créditos fiscales sin una compensación con disminuciones en las tarifas impositivas.
Por el otro lado, Barack Obama ha dicho que la solución debe ser “balanceada” y que cualquier iniciativa de reducción del gasto debe estar acompañada de un aumento en los impuestos a los mas ricos. Sin embargo, y esto ilustra la magnitud del problema, una supuesta elevación de los impuestos a los ricos solo produciría ingresos adicionales de unos US$80.000 millones anuales, pero desanimaría la inversión productiva y sería poco frente a unos déficit fiscales que superan los US$1.000.000 millones anuales.
Detrás de este gran problema fiscal en el que se encuentra Estados Unidos está lo que se ha denominado el “estado bienestar”. Es un problema similar al que tiene patas arriba las finanzas públicas de los países europeos y al que llegarán eventualmente países como Colombia gracias a dirigentes políticos manirrotos. Según lo señala Robert Samuelson en una columna (“It’s the Welfare State, Stupid”), en el caso de Estados Unidos en 1935 las transferencias de unas personas a favor de otras personas equivalía a 3% del PIB. Actualmente son cerca de 20% del PIB. De esas transferencias 40% están dirigidas a aliviar la situación de pobreza y el resto a las pensiones y salud de las personas de mas edad.
Estas transferencias de unos individuos hacia otros individuos, que representaban 21% del gasto del gobierno federal en 1955, ahora constituyen un 65%. Se estima que alrededor de 50% de los ciudadanos de Estados Unidos ya reciben algún tipo de beneficio. Y ciertamente la reforma de salud de Obama (llamada Obamacare) aumentará este porcentaje porque familias cuyo ingreso es cuatro veces el de la línea de pobreza, o sea con ingresos anuales de $91.000 para una familia de cuatro, estarán calificadas para recibir subsidios en sus seguros de salud.
Es evidente que no solo en Europa pero también en Estados Unidos los programas del estado de bienestar sencillamente se volvieron insostenibles, lo que se ha agravado con las tendencias demográficas en sociedades cuya población joven es decreciente y cuya población pensionada tiene expectativas crecientes de vida. Lo que inicialmente eran programas para atender casos extremos se convirtieron en programas para aumentar el confort de poblaciones que están lejos de vivir en estas precarias condiciones.
Como sea, es patético el estado de negación de la administración Obama sobre donde reside el quid de la crisis fiscal. El aumento de algunos impuestos y la reducción de gastos “discrecionales” (defensa, transporte, educación, etc) estarán lejos de compensar el incremento vegetativo de los programas del estado bienestar y la implementación del Obamacare. Y eso sin tener en cuenta la expansión automática de los subsidios de esos programas si se produjera un retraimiento adicional de la economía y un aumento del desempleo.
Samuelson concluye su columna con tono optimista: “La necesidad no es la de desmantelar el estado de bienestar, sino la de modernizarlo gradualmente, preservando sus virtudes, minimizando sus vicios, y no haciendo esto abruptamente para evitar descarrilar la recuperación económica. Pero primero necesitamos admitir que existe el problema”.
Bonitas palabras que no compaginan con las realidades políticas. Estas sugieren que la administración Obama buscará no solamente mantener intacto un estado de bienestar recientemente acrecentado con su Obamacare sino que además sus recortes de gasto “discrecional” y propuestas tributarias serán relativamente inocuas.
¿Transarán los republicanos con una salida inocua a lo Obama? ¿O dejarán que el país caiga en el despeñadero fiscal? Dadas las circunstancias políticas, esta última alternativa sería la única que representaría un verdadero quiebre en la trayectoria fiscal insostenible que trae Estados Unidos. Aunque lo mas probable es que se apruebe una prolongación de unos meses del status quo y proseguir con las negociaciones en el próximo recién elegido Congreso, hay quienes apuestan a que la caída en el despeñadero será de todas maneras inevitable.
Después de todo, a las actuales negociaciones se agrega que está próximo a utilizarse plenamente el cupo de endeudamiento adicional que se aprobó en agosto del año pasado y que fue lo que, en primera instancia, dio lugar a todo este cuento del despeñadero.
Se llegó a este acuerdo de ajuste automático o “fiscal cliff” en el otoño de 2011, en el marco de otro acuerdo para aumentar el cupo de endeudamiento en un monto suficiente para que este tema no perturbara el año electoral que se avecinaba. Un comité de congresistas del Partido Demócrata y del Partido Republicano acordó que este ajuste automático entraría en vigencia si no se aprobare un esquema dirigido a disminuir los niveles relativos de la deuda del gobierno federal, la que actualmente ya superó 100% del PIB.
En este último año, con las elecciones de por medio, la inacción en temas tributarios y de gasto público fue el nombre del juego. Y es así como solo quedan unos pocos días antes del 1 de enero para evitar caer en el despeñadero fiscal, uno que, según las mayoría de los analistas, se traduciría en una recesión.
Como se sabe, no todo fue color hormiga para el Partido Republicano en las elecciones del pasado 6 de noviembre. Mantuvo una cómoda mayoría en la Cámara de Representantes (que es la importante en temas de impuestos y gasto) y logró 30 gobernaciones (un máximo en los últimos 12 años). Ahora bien, los representantes republicanos son enemigos de cualquier aumento de impuestos. De hecho, una mayoría de ellos se comprometió públicamente a oponerse a cualquier iniciativa que incremente las tasas marginales de impuestos sobre la renta para individuos o negocios y en segundo lugar, a cualquier otra iniciativa que reduzca deducciones o créditos fiscales sin una compensación con disminuciones en las tarifas impositivas.
Por el otro lado, Barack Obama ha dicho que la solución debe ser “balanceada” y que cualquier iniciativa de reducción del gasto debe estar acompañada de un aumento en los impuestos a los mas ricos. Sin embargo, y esto ilustra la magnitud del problema, una supuesta elevación de los impuestos a los ricos solo produciría ingresos adicionales de unos US$80.000 millones anuales, pero desanimaría la inversión productiva y sería poco frente a unos déficit fiscales que superan los US$1.000.000 millones anuales.
Detrás de este gran problema fiscal en el que se encuentra Estados Unidos está lo que se ha denominado el “estado bienestar”. Es un problema similar al que tiene patas arriba las finanzas públicas de los países europeos y al que llegarán eventualmente países como Colombia gracias a dirigentes políticos manirrotos. Según lo señala Robert Samuelson en una columna (“It’s the Welfare State, Stupid”), en el caso de Estados Unidos en 1935 las transferencias de unas personas a favor de otras personas equivalía a 3% del PIB. Actualmente son cerca de 20% del PIB. De esas transferencias 40% están dirigidas a aliviar la situación de pobreza y el resto a las pensiones y salud de las personas de mas edad.
Estas transferencias de unos individuos hacia otros individuos, que representaban 21% del gasto del gobierno federal en 1955, ahora constituyen un 65%. Se estima que alrededor de 50% de los ciudadanos de Estados Unidos ya reciben algún tipo de beneficio. Y ciertamente la reforma de salud de Obama (llamada Obamacare) aumentará este porcentaje porque familias cuyo ingreso es cuatro veces el de la línea de pobreza, o sea con ingresos anuales de $91.000 para una familia de cuatro, estarán calificadas para recibir subsidios en sus seguros de salud.
Es evidente que no solo en Europa pero también en Estados Unidos los programas del estado de bienestar sencillamente se volvieron insostenibles, lo que se ha agravado con las tendencias demográficas en sociedades cuya población joven es decreciente y cuya población pensionada tiene expectativas crecientes de vida. Lo que inicialmente eran programas para atender casos extremos se convirtieron en programas para aumentar el confort de poblaciones que están lejos de vivir en estas precarias condiciones.
Como sea, es patético el estado de negación de la administración Obama sobre donde reside el quid de la crisis fiscal. El aumento de algunos impuestos y la reducción de gastos “discrecionales” (defensa, transporte, educación, etc) estarán lejos de compensar el incremento vegetativo de los programas del estado bienestar y la implementación del Obamacare. Y eso sin tener en cuenta la expansión automática de los subsidios de esos programas si se produjera un retraimiento adicional de la economía y un aumento del desempleo.
Samuelson concluye su columna con tono optimista: “La necesidad no es la de desmantelar el estado de bienestar, sino la de modernizarlo gradualmente, preservando sus virtudes, minimizando sus vicios, y no haciendo esto abruptamente para evitar descarrilar la recuperación económica. Pero primero necesitamos admitir que existe el problema”.
Bonitas palabras que no compaginan con las realidades políticas. Estas sugieren que la administración Obama buscará no solamente mantener intacto un estado de bienestar recientemente acrecentado con su Obamacare sino que además sus recortes de gasto “discrecional” y propuestas tributarias serán relativamente inocuas.
¿Transarán los republicanos con una salida inocua a lo Obama? ¿O dejarán que el país caiga en el despeñadero fiscal? Dadas las circunstancias políticas, esta última alternativa sería la única que representaría un verdadero quiebre en la trayectoria fiscal insostenible que trae Estados Unidos. Aunque lo mas probable es que se apruebe una prolongación de unos meses del status quo y proseguir con las negociaciones en el próximo recién elegido Congreso, hay quienes apuestan a que la caída en el despeñadero será de todas maneras inevitable.
Después de todo, a las actuales negociaciones se agrega que está próximo a utilizarse plenamente el cupo de endeudamiento adicional que se aprobó en agosto del año pasado y que fue lo que, en primera instancia, dio lugar a todo este cuento del despeñadero.