El empresario Ricardo Fernández Barrueco fue recluido en los calabozos de la Disip, policía política venezolana.
Nadie sabe muy bien cómo exactamente el dueño del conglomerado industrial Proarepa llegó a acumular la inmensa fortuna que amansó en poco tiempo y ahora tampoco se sabe muy bien qué hay detrás de su encarcelamiento. En la superficie, el gobierno de Venezuela decidió intervenir a Bolívar Banco, Banco Confederado, Banco Canarias y Banpro, pertenecientes al Grupo Bolívar de Fernández Barrueco (nada que ver con el muy respetado Grupo Bolívar de Colombia). Según las autoridades, todas estas entidades financieras se encontraban quebradas y no hubo una explicación adecuada sobre el origen de los fondos que se utilizaron para capitalizarlas.
Aparentemente desde hace algún tiempo la Superintendencia de Bancos (Sudeban) estaba al tanto de la crítica situación financiera de las entidades del Grupo Bolívar. Su dueño había puesto en venta a Bolívar Banco y pretendía fusionar las otras tres entidades. Los indicadores financieros no permitían esconder la real situación. El vaso se llenó cuando el diario Reporte denunció la existencia de una oficina paralela a Sudeban que relajaba los controles a cambio de dinero. Hay quienes dicen que Fernández Barrueco fue la fuente de la denuncia periodística y que después de eso el superintendente Edgar Hernández Behrens le cayó encima con todo el peso de la ley, entre otras, para salvar su puesto.
Naturalmente que Sudeban no hubiera podido intervenir sin la anuencia del ministro de Finanzas Alí Rodríguez y del propio Presidente Hugo Chávez. Fernández Barruecos hace parte de ese grupo de empresarios que hicieron la mayor parte de su fortuna con los favoritismos del gobierno de Chávez. Sus bancos, de reciente adquisición, se alimentaban básicamente con depósitos de entidades y empresas públicas. Eran bancos “zombie” que se utilizaban ante todo para el traslado de fondos relacionados con operaciones gubernamentales y con negocios en los que estaban involucrados la familia presidencial y altos funcionarios del régimen.
Por otro lado, Fernández Barrueco se había convertido en una “persona de interés” en varias investigaciones criminales, no solamente en Venezuela, sino también en Estados Unidos, Panamá y Argentina. En este último país en el caso de la maleta proveniente de Venezuela que financió la campaña de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner. En otras palabras, el personaje se volvió altamente “radioactivo” para el régimen. La solución fue la de convertirlo en “desecho radioactivo”. Y qué mejor que aprovechar las dificultades con sus bancos para enterrarlo en los calabozos de la Disip.
Dicho sea de paso, con la intervención de los cuatro bancos se facilitará borrar la historia y el rastro de operaciones fraudulentas dentro del gobierno. Y se asegurará el silencio de quien estaba al tanto de esos movimiento de fondos. Y para coronar en cinismo, se le venderá a la opinión pública la idea de que todo hace parte de la lucha contra la corrupción financiera.
Todos los astros, entonces, se alinearon para provocar la caída en desgracia de Ricardo Fernández Barrueco. De su fortuna se podría decir que creció como palma y probablemente caerá como coco.
Aparentemente desde hace algún tiempo la Superintendencia de Bancos (Sudeban) estaba al tanto de la crítica situación financiera de las entidades del Grupo Bolívar. Su dueño había puesto en venta a Bolívar Banco y pretendía fusionar las otras tres entidades. Los indicadores financieros no permitían esconder la real situación. El vaso se llenó cuando el diario Reporte denunció la existencia de una oficina paralela a Sudeban que relajaba los controles a cambio de dinero. Hay quienes dicen que Fernández Barrueco fue la fuente de la denuncia periodística y que después de eso el superintendente Edgar Hernández Behrens le cayó encima con todo el peso de la ley, entre otras, para salvar su puesto.
Naturalmente que Sudeban no hubiera podido intervenir sin la anuencia del ministro de Finanzas Alí Rodríguez y del propio Presidente Hugo Chávez. Fernández Barruecos hace parte de ese grupo de empresarios que hicieron la mayor parte de su fortuna con los favoritismos del gobierno de Chávez. Sus bancos, de reciente adquisición, se alimentaban básicamente con depósitos de entidades y empresas públicas. Eran bancos “zombie” que se utilizaban ante todo para el traslado de fondos relacionados con operaciones gubernamentales y con negocios en los que estaban involucrados la familia presidencial y altos funcionarios del régimen.
Por otro lado, Fernández Barrueco se había convertido en una “persona de interés” en varias investigaciones criminales, no solamente en Venezuela, sino también en Estados Unidos, Panamá y Argentina. En este último país en el caso de la maleta proveniente de Venezuela que financió la campaña de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner. En otras palabras, el personaje se volvió altamente “radioactivo” para el régimen. La solución fue la de convertirlo en “desecho radioactivo”. Y qué mejor que aprovechar las dificultades con sus bancos para enterrarlo en los calabozos de la Disip.
Dicho sea de paso, con la intervención de los cuatro bancos se facilitará borrar la historia y el rastro de operaciones fraudulentas dentro del gobierno. Y se asegurará el silencio de quien estaba al tanto de esos movimiento de fondos. Y para coronar en cinismo, se le venderá a la opinión pública la idea de que todo hace parte de la lucha contra la corrupción financiera.
Todos los astros, entonces, se alinearon para provocar la caída en desgracia de Ricardo Fernández Barrueco. De su fortuna se podría decir que creció como palma y probablemente caerá como coco.