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Se trata de un magnífica noticia. Los bogotanos podrán escoger a su recolector de basuras, así haya un pequeño dictador que se oponga.
 
El pequeño dictador es el alcalde Gustavo Petro. Violando todas las normas se ha empeñado en imponerle a los bogotanos un monopolio en la prestación de este servicio. Según Petro, la única que lo podrá prestar será la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

¿La EAAB? ¿La misma que es incapaz de mantener el aseo en áreas bajo su jurisdicción como son los canales que atraviesan la ciudad? ¿La misma que es incapaz de evitar que la mafia que existe a su interior en unión con recicladores se roben las rejillas de las alcantarillas en perjuicio de la integridad física de los peatones? ¿La misma que tiene uno de los peores índices de eficiencia administrativa entre las empresas públicas de las grandes ciudades del país?

Pero resulta que con la normatividad actual, antes que algún pequeño dictador resuelva imponerle a la ciudadanía un monopolio, deberá presentar a la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento (CRA) una solicitud para establecer un esquema de área de servicio exclusivo (ASE), y una vez otorgada la aprobación proceder a una licitación.

Al pequeño dictador le molestan las normas. Como son dispendiosas y no se ajustan a su peculiar visión del mundo hay que pasárselas por la faja. Pero Petro es apenas un alcalde y no el gran dictador de un país que expide decretos supremos y le da vuelta a las leyes para hacer cumplir su soberana voluntad.

La verdad simple y oronda en este caso es que hasta el 18 de diciembre rige el esquema de las ASE que dividió a la ciudad en seis zonas para la recolección y que por licitación fueron adjudicadas a las empresas Lime, Atesa, Aseo Capital y Ciudad Limpia. Ha sido un esquema que ha funcionado relativamente bien, pues Bogotá se ha distinguido durante dos décadas por ser una ciudad limpia no solamente en calles sino en sus parques (con la sola excepción de las zonas no asignadas y cuya responsabilidad es de la EAAB).

Que haya funcionado bien el esquema actual de prestación de un servicio público es lo de menos para el pequeño dictador. Que los usuarios estén satisfechos, allá ellos. Que la incompetente EAAB no esté en capacidad de prestar este servicio, eso tampoco lo desvela. Lo que importa es su capricho, el aprovechamiento político del tema de los recicladores, darle gusto a sus electores del sindicato de la EAAB, y por supuesto comprar sin licitación transparente una gran cantidad de camiones e implementos.

Sin embargo, ¡ojo! Lo que los usuarios pagamos por este servicio no es un impuesto sobre cuyo destino el alcalde puede decidir a su antojo. No es su dinero. Es un dinero cuya única finalidad es el pago de un servicio específico. Si el alcalde se apropia de ese dinero y no presta a cabalidad el servicio, si lo derrocha o lo desvía, cometería un grave delito y terminaría en la cárcel.

O sea que el tema no es juego para niños. La ciudadanía de Bogotá está acostumbrada a un buen servicio de recolección de basuras y está dispuesta a pagar lo que ha venido pagando porque no tiene mayores quejas al respecto. Ha habido quien responda por el servicio, y esas son las empresas que se ganaron las licitaciones en las seis zonas en las que está dividida la ciudad. No es sino comparar la atención al cliente de estas empresas con la burla al cliente de la EAAB cada vez que hay una reclamación ciudadana.

La desidia e improvisación de esta alcaldía ha sido de tal envergadura que no ha tramitado ante la CRA un esquema ASE con su respectiva licitación. Y sin eso, de acuerdo con la normatividad existente, una vez cumplida la vigencia del esquema ASE anterior, o sea el 18 de diciembre, se establecería un régimen de libre competencia, así eso le disguste al pequeño dictador.

O sea que si grupos de ciudadanos deciden contratar por su cuenta y riesgo la recolección de basuras, estarían en todo su derecho. No tendrían por qué sufragar lo que actualmente pagan en los recibos de la EAAB para este servicio. Y si el pequeño dictador se opone podría ser demandado por extralimitación de funciones. E igual si impide que un particular preste el servicio. Por fortuna para los usuarios, el pequeño dictador no las tiene consigo en este caso.