La exposición de la banca española en créditos a promotores inmobiliarios y a constructores equivale a 42% del PIB.
Según la revista The Economist, si al escenario más catastrófico contemplado por el Banco de España se agrega una calamidad en préstamos a promotores y constructores de dimensiones similares a la registrada en Irlanda, las pérdidas en el sector financiero podrían elevarse a 270.000 millones de euros, o sea la bicoca de 27% del PIB.
Para comparar esta situación con la de Colombia baste decir, en primer lugar, que al finalizar 2010 la cartera hipotecaria correspondía apenas a 2,5% del PIB y que cuando estalló la crisis de 1999-2001 no sobrepasaba 6% del PIB. Por otro lado, que el rescate del sector financiero de finales de los años noventa y comienzos de la pasada década le costó al gobierno colombiano alrededor de 5% del PIB, de lo cual recuperó una parte en los años subsiguientes cuando la economía empezó a crecer nuevamente. O sea que por lo menos en comparación con Colombia, son astronómicas las cifras de la crisis hipotecaria española.
Ahora bien, Barclay’s Capital estima que en 2011 el sistema financiero español enfrentará vencimientos por 90.000 millones de euros, de los cuales 45% corresponden al Banco Santander y al BBVA. Hay serios interrogantes en relación con la capacidad de las entidades financieras para generar las utilidades que les permita sufragar las pérdidas hipotecarias y al mismo tiempo capitalizarse, de manera que los mercados internacionales se tranquilicen y conserven el acceso a líneas de financiación de largo plazo.
Las necesidades de refinanciación de los bancos españoles alcanzarán su nivel máximo en marzo y abril, por lo que el gobierno español debe reforzar la confianza de los inversionistas. Por ahora ha avanzado en sus esfuerzos encaminados a frenar el avance del déficit fiscal del gobierno central, el cual cerró en 9% del PIB en 2010 (un poco menos de lo anticipado inicialmente) y ya se han adoptado medidas para que en este año disminuya hasta 6% del PIB.
Sin embargo, el panorama es menos claro con las comunidades autónomas, que representan alrededor del 24% de la deuda pública del país. Estas comunidades son también “el hogar” de las cajas de ahorro, que fueron protagonistas principales en la creación de la inmensa la burbuja hipotecaria española. Algunos analistas sostienen que estas cajas necesitarán 100.000 millones de euros en nuevo capital. Como sea, todavía no es claro cómo se garantizará que el ajuste fiscal que ya empezó a nivel de gobierno central se extienda a las comunidades autónomas.
Todos reconocen que el gobierno de José Luis Zapatero reaccionó muy tardíamente ante la crisis. Pero dicho esto, hay una pregunta ineludible: ¿Cómo es posible que los gobiernos de países como España e Irlanda hayan permitido el desarrollo de una burbuja de crédito hipotecario de tan absurdas proporciones?
Para comparar esta situación con la de Colombia baste decir, en primer lugar, que al finalizar 2010 la cartera hipotecaria correspondía apenas a 2,5% del PIB y que cuando estalló la crisis de 1999-2001 no sobrepasaba 6% del PIB. Por otro lado, que el rescate del sector financiero de finales de los años noventa y comienzos de la pasada década le costó al gobierno colombiano alrededor de 5% del PIB, de lo cual recuperó una parte en los años subsiguientes cuando la economía empezó a crecer nuevamente. O sea que por lo menos en comparación con Colombia, son astronómicas las cifras de la crisis hipotecaria española.
Ahora bien, Barclay’s Capital estima que en 2011 el sistema financiero español enfrentará vencimientos por 90.000 millones de euros, de los cuales 45% corresponden al Banco Santander y al BBVA. Hay serios interrogantes en relación con la capacidad de las entidades financieras para generar las utilidades que les permita sufragar las pérdidas hipotecarias y al mismo tiempo capitalizarse, de manera que los mercados internacionales se tranquilicen y conserven el acceso a líneas de financiación de largo plazo.
Las necesidades de refinanciación de los bancos españoles alcanzarán su nivel máximo en marzo y abril, por lo que el gobierno español debe reforzar la confianza de los inversionistas. Por ahora ha avanzado en sus esfuerzos encaminados a frenar el avance del déficit fiscal del gobierno central, el cual cerró en 9% del PIB en 2010 (un poco menos de lo anticipado inicialmente) y ya se han adoptado medidas para que en este año disminuya hasta 6% del PIB.
Sin embargo, el panorama es menos claro con las comunidades autónomas, que representan alrededor del 24% de la deuda pública del país. Estas comunidades son también “el hogar” de las cajas de ahorro, que fueron protagonistas principales en la creación de la inmensa la burbuja hipotecaria española. Algunos analistas sostienen que estas cajas necesitarán 100.000 millones de euros en nuevo capital. Como sea, todavía no es claro cómo se garantizará que el ajuste fiscal que ya empezó a nivel de gobierno central se extienda a las comunidades autónomas.
Todos reconocen que el gobierno de José Luis Zapatero reaccionó muy tardíamente ante la crisis. Pero dicho esto, hay una pregunta ineludible: ¿Cómo es posible que los gobiernos de países como España e Irlanda hayan permitido el desarrollo de una burbuja de crédito hipotecario de tan absurdas proporciones?