Realmente es incomprensible la forma de gobernar de la izquierda radical. Bogotá es un ejemplo de las nefastas consecuencia de esa clase de gobierno.
Gustavo Petro tuvo la oportunidad de lucirse como gobernante de una compleja ciudad de cerca de nueve millones de habitantes. Su enfoque fue similar al de Hugo Chávez en Venezuela y Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato en Argentina. Izquierdismo de ese afecto a las confrontaciones y creyente en el papel mesiánico de los gobiernos para solucionar todos los problemas habidos y por haber.
A dos meses de la terminación de su mandato de cuatro años, el secretario de Gobierno Miguel Uribe hizo un balance del estado en el que había recibido la administración distrital el recién ingresado alcalde Enrique Peñalosa (diario El Tiempo, entrevista de María Isabel Rueda, marzo 7 de 2016). Dicho balance es la triste historia de un derroche sin fin de los escasos recursos de los contribuyentes bogotanos durante los últimos cuatro años.
Uribe inicia su presentación diciendo que en escasos dos meses la nueva administración destrabó la construcción de vivienda popular que estaba paralizada; que se resolvió el problema del deprimido de la calle 94, un tema que llevaba mas de cinco años pendiente; que se limpió a Bogotá de la publicidad ilegal; que se tumbó el decreto que irresponsablemente permitía rascacielos en zonas residenciales donde la altura máxima era seis pisos o menos; que se decretó la emergencia sanitaria para atender la crisis de la atención de urgencias en el sur de la ciudad; y que se adoptaron varias medidas para fortalecer una deteriorada seguridad.
Mas adelante se refiere al sistema de transporte público (SITP) desfinanciado en cerca de US$650 millones, sin mantenimiento y que no llega a muchas zonas de la ciudad. No se ampliaron las estaciones del Transmilenio, las que fueron además invadidas por los delincuentes y por un creciente número de colados.
A dos meses de la terminación de su mandato de cuatro años, el secretario de Gobierno Miguel Uribe hizo un balance del estado en el que había recibido la administración distrital el recién ingresado alcalde Enrique Peñalosa (diario El Tiempo, entrevista de María Isabel Rueda, marzo 7 de 2016). Dicho balance es la triste historia de un derroche sin fin de los escasos recursos de los contribuyentes bogotanos durante los últimos cuatro años.
Uribe inicia su presentación diciendo que en escasos dos meses la nueva administración destrabó la construcción de vivienda popular que estaba paralizada; que se resolvió el problema del deprimido de la calle 94, un tema que llevaba mas de cinco años pendiente; que se limpió a Bogotá de la publicidad ilegal; que se tumbó el decreto que irresponsablemente permitía rascacielos en zonas residenciales donde la altura máxima era seis pisos o menos; que se decretó la emergencia sanitaria para atender la crisis de la atención de urgencias en el sur de la ciudad; y que se adoptaron varias medidas para fortalecer una deteriorada seguridad.
Mas adelante se refiere al sistema de transporte público (SITP) desfinanciado en cerca de US$650 millones, sin mantenimiento y que no llega a muchas zonas de la ciudad. No se ampliaron las estaciones del Transmilenio, las que fueron además invadidas por los delincuentes y por un creciente número de colados.
En nuevas troncales y vías casi cero. En el mantenimiento de la red vial existente un deterioro que tomará años en subsanar. En manejo de la movilidad retrocesos en todos los frentes.
En basuras la administración distrital tuvo que pagar cerca de US$100 millones para ejecutar el esquema de nacionalización parcial que implementó el alcalde Petro. “Hubo sobreprecios y sobrecostos, producto de la improvisación. El Acueducto compró unos camiones que no está utilizando”, indicó Uribe.
No se construyó ni un solo colegio nuevo. Hay alrededor de 60 colegios con jornada única, pero ninguno de ellos con la capacidad instalada para prestar una jornada de ocho horas. Sólo se construyeron cinco jardines escolares de los cuales algunos ni siquiera estaban funcionando. Tampoco se construyeron hospitales.
El espacio público peatonal descuidado, sucio y en manos de la informalidad. Proliferación de vendedores informales, sin políticas de reubicación y formalización. Cerca de 49.000 personas en este oficio sin acceso a la seguridad social, administrados por mafias que cobran por el espacio público. Un entorno en el cual “los delincuentes encuentran las condiciones óptimas para hurtar celulares, hacer fleteos y traficar con drogas”, señaló Uribe.
La policía fue tratada mas como enemiga que como aliada. La tasa de victimización en crecimiento y la cultura de denuncias de capa caída.
Y luego el tema de la contratación. De 29.000 contratista en 2011 se pasó a 51.000 contratistas en 2015. Gran cantidad de contrataciones amarradas de prestación de servicios y un sinnúmero de plantas temporales en las diferentes instancias de la administración distrital. El gobierno de Petro catalogaba como inversión la simple contratación de personas, sin siquiera saberse la naturaleza de las tareas asignadas.
En conclusión, cuatro años perdidos en el desarrollo de Bogotá, en los que por la falta de una razonable administración todos los problemas empeoraron. Tomará un buen tiempo rectificar y devolverle a la ciudad un rumbo de mejora en su calidad de vida.
Pero el principal interrogante que surge se refiere al pensamiento político detrás de tan pésima administración. A comienzos de su administración Petro dio a entender que la alcaldía de Bogotá era apenas un escaño para llegar a la Presidencia de la República. Cualquiera hubiera pensado que tan ambicioso objetivo se reflejaría en una eventual buena gestión.
Pero sucedió todo lo contrario. Se dedicó a mal administrar y a cazar peleas desgastantes e innecesarias. Todo ello en medio de un discurso que exaltaba la búsqueda de logros en ‘lo social’, pero que ante la falta de resultados el columnista de El Tiempo Mauricio Pombo redefinió como el “social-hablamierdismo”.
En último término, se trata de un concepto de gobierno en el que unas supuestas loables intenciones a favor de ciertos grupos de la población se convierten en patente de corso para derrochar y malgastar los recursos públicos. Uno en el que el gran objetivo es el ejercicio del poder por el poder mismo sin importar el bienestar de los electores y en el que se hace recaer sobre terceros la culpa de la falta de resultados originada en las acciones u omisiones propias.
En basuras la administración distrital tuvo que pagar cerca de US$100 millones para ejecutar el esquema de nacionalización parcial que implementó el alcalde Petro. “Hubo sobreprecios y sobrecostos, producto de la improvisación. El Acueducto compró unos camiones que no está utilizando”, indicó Uribe.
No se construyó ni un solo colegio nuevo. Hay alrededor de 60 colegios con jornada única, pero ninguno de ellos con la capacidad instalada para prestar una jornada de ocho horas. Sólo se construyeron cinco jardines escolares de los cuales algunos ni siquiera estaban funcionando. Tampoco se construyeron hospitales.
El espacio público peatonal descuidado, sucio y en manos de la informalidad. Proliferación de vendedores informales, sin políticas de reubicación y formalización. Cerca de 49.000 personas en este oficio sin acceso a la seguridad social, administrados por mafias que cobran por el espacio público. Un entorno en el cual “los delincuentes encuentran las condiciones óptimas para hurtar celulares, hacer fleteos y traficar con drogas”, señaló Uribe.
La policía fue tratada mas como enemiga que como aliada. La tasa de victimización en crecimiento y la cultura de denuncias de capa caída.
Y luego el tema de la contratación. De 29.000 contratista en 2011 se pasó a 51.000 contratistas en 2015. Gran cantidad de contrataciones amarradas de prestación de servicios y un sinnúmero de plantas temporales en las diferentes instancias de la administración distrital. El gobierno de Petro catalogaba como inversión la simple contratación de personas, sin siquiera saberse la naturaleza de las tareas asignadas.
En conclusión, cuatro años perdidos en el desarrollo de Bogotá, en los que por la falta de una razonable administración todos los problemas empeoraron. Tomará un buen tiempo rectificar y devolverle a la ciudad un rumbo de mejora en su calidad de vida.
Pero el principal interrogante que surge se refiere al pensamiento político detrás de tan pésima administración. A comienzos de su administración Petro dio a entender que la alcaldía de Bogotá era apenas un escaño para llegar a la Presidencia de la República. Cualquiera hubiera pensado que tan ambicioso objetivo se reflejaría en una eventual buena gestión.
Pero sucedió todo lo contrario. Se dedicó a mal administrar y a cazar peleas desgastantes e innecesarias. Todo ello en medio de un discurso que exaltaba la búsqueda de logros en ‘lo social’, pero que ante la falta de resultados el columnista de El Tiempo Mauricio Pombo redefinió como el “social-hablamierdismo”.
En último término, se trata de un concepto de gobierno en el que unas supuestas loables intenciones a favor de ciertos grupos de la población se convierten en patente de corso para derrochar y malgastar los recursos públicos. Uno en el que el gran objetivo es el ejercicio del poder por el poder mismo sin importar el bienestar de los electores y en el que se hace recaer sobre terceros la culpa de la falta de resultados originada en las acciones u omisiones propias.