Ese fracaso propició la renuncia del Canciller de Ecuador Fander Falconi, luego de cuestionamientos por parte del Presidente Rafael Correa.
Según la propuesta ecuatoriana, se trataba de dejar bajo tierra unos 846 millones de barriles de crudo que se calcula existen en el bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT), ubicado en el extremo este del Parque Nacional Yasuní. De esta manera, se protegía a un parque que es patrimonio de la humanidad y se evitaría la emisión de 407 millones de toneladas métricas de CO2, unos supuestos beneficios que debían pagar los países ricos del planeta.
Aparentemente Alemania, España y Bélgica habían habían mostrado interés en aportar entre US$972 millones y US$1.232 millones durante 13 años, si Ecuador se comprometía a no explotar las mencionadas reservas petroleras. El coordinador del proyecto era el PNUD. Se crearía un fideicomiso con un directorio compuesto por tres miembros del gobierno ecuatoriano, dos de los países donantes y uno del PNUD.
Pues bien, sucedió lo que tenía que suceder con Correa. Obviamente los donantes y el PNUD pusieron sobre las mesa de negociación unas condiciones mínimas para la administración de los fondos. O por lo menos expresaron la necesidad de negociar esas condiciones. Como sea, lo cierto era que el compromiso de los donantes de ninguna manera se había materializado, por lo que no se podía hablar de que el proyecto ya era una realidad, tal como irresponsablemente lo insinuaron sus promotores.
Pero no hubo necesidad de seguir avanzando en las negociaciones porque Correa, que tiene la curiosa costumbre de pedir plata sin dar nada a cambio, expresó que se trataba de una “negociación vergonzosa que atenta contra la soberanía”. Ante esa declaración, Falconi, cuyo ministerio estaba a cargo de impulsar la iniciativa, resolvió renunciar.
La verdad es que a este proyecto no se le vaticinaba un buen futuro. Ecuador necesita extraer petróleo para salir de su crítica situación económica. Los eventuales países donantes están atravesando por una difícil situación fiscal como para embarcarse en costosas iniciativas cuyos beneficios no son claramente identificables. Por otro lado, es cada vez mayor el escepticismo sobre la real incidencia de las emisiones de CO2 en el cambio climático. Y para rematar, el actual gobierno de Ecuador no acepta que los extranjeros se involucren en la administración del dinero que donan.
Hace más sentido para Ecuador explotar, con todos los cuidados ambientales del caso, las reservas petroleras que abarcan una cuarta parte del Parque Yasuní. Y con una parte de los recursos que genere esa explotación, financiar la debida protección del resto de esta importante reserva natural.
Aparentemente Alemania, España y Bélgica habían habían mostrado interés en aportar entre US$972 millones y US$1.232 millones durante 13 años, si Ecuador se comprometía a no explotar las mencionadas reservas petroleras. El coordinador del proyecto era el PNUD. Se crearía un fideicomiso con un directorio compuesto por tres miembros del gobierno ecuatoriano, dos de los países donantes y uno del PNUD.
Pues bien, sucedió lo que tenía que suceder con Correa. Obviamente los donantes y el PNUD pusieron sobre las mesa de negociación unas condiciones mínimas para la administración de los fondos. O por lo menos expresaron la necesidad de negociar esas condiciones. Como sea, lo cierto era que el compromiso de los donantes de ninguna manera se había materializado, por lo que no se podía hablar de que el proyecto ya era una realidad, tal como irresponsablemente lo insinuaron sus promotores.
Pero no hubo necesidad de seguir avanzando en las negociaciones porque Correa, que tiene la curiosa costumbre de pedir plata sin dar nada a cambio, expresó que se trataba de una “negociación vergonzosa que atenta contra la soberanía”. Ante esa declaración, Falconi, cuyo ministerio estaba a cargo de impulsar la iniciativa, resolvió renunciar.
La verdad es que a este proyecto no se le vaticinaba un buen futuro. Ecuador necesita extraer petróleo para salir de su crítica situación económica. Los eventuales países donantes están atravesando por una difícil situación fiscal como para embarcarse en costosas iniciativas cuyos beneficios no son claramente identificables. Por otro lado, es cada vez mayor el escepticismo sobre la real incidencia de las emisiones de CO2 en el cambio climático. Y para rematar, el actual gobierno de Ecuador no acepta que los extranjeros se involucren en la administración del dinero que donan.
Hace más sentido para Ecuador explotar, con todos los cuidados ambientales del caso, las reservas petroleras que abarcan una cuarta parte del Parque Yasuní. Y con una parte de los recursos que genere esa explotación, financiar la debida protección del resto de esta importante reserva natural.