El fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia trae mas beneficios que costos para Colombia.
Eso de decir, como han saltado a sostener varios comentaristas, que Colombia perdió área marítima, es muy relativo. Colombia tenía en disputa una considerable área marítima. Su soberanía era ejercida a la fuerza, cuando era ejercida. Nicaragua, con una gran costa sobre el mar, le disputaba no solamente las áreas marítimas sino también las islas y los cayos.
Desde el punto de vista de Nicaragua, las 200 millas náuticas de su costa le daban derecho no solamente al mar sino también a las islas ahí incluidas, o sea San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como a los cayos Del Sureste, Alburquerque, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajo Nuevo.
Mientras Nicaragua no reconociera la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago era imposible, por ejemplo, explotar recursos naturales en la plataforma marítima. Pero además había que estar permanentemente a la defensiva sobre cualquier eventual acción de facto que pudiera ejecutar Nicaragua para apoderarse de lo que consideraba suyo.
De manera que el tema había que saldarlo de una vez por todas y la única forma era a través de Corte Internacional de Justicia. Ahí se presentaron los mejores argumentos y las máximas pretensiones de las dos partes. La primera buena noticia para Colombia en 2007 fue que la Corte reconoció su soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dejó para un segundo fallo lo relativo a la soberanía sobre los cayos y a la delimitación marítima.
La segunda buena noticia es que la Corte reconoció en el fallo de noviembre de 2012 la soberanía colombiana sobre todos los cayos, incluido el de Quitasueño que, entre otras, permanece sumergido parte del año. Y le concedió a Nicaragua solamente el reconocimiento de 200 millas náuticas al norte y al sur del Archipiélago y no las 350 millas a las que aspiraba.
La otra buena noticia para Colombia es que quedó con una porción de mar definida y reconocida internacionalmente alrededor del Archipiélago, la que podrá ser administrada y explotada a sus anchas. Es decir, el Archipiélago y su área marítima circundante es a partir de este fallo una unidad geográfica y parte integral del territorio de Colombia cuya soberanía ya nadie puede ni podrá cuestionar.
La cuarta buena noticia es que se normalizarán las relaciones con un país vecino. No hay razón por la cual no se deban estrechar los vínculos comerciales y de otro tipo con Nicaragua. Sobra decir que los beneficios de las buenas relaciones suman, mientras que los costos de una permanente disputa restan.
Si bien Colombia perdió áreas marítimas en disputa, léase bien en disputa, apuntaló definitivamente su soberanía sobre el Archipiélago. Hay que tener en cuenta que la misma Corte Internacional de Justicia había determinado que en ninguno de los tratados previos se definieron las formaciones marítimas que siendo parte del Archipiélago caían bajo la soberanía de Colombia.
Aunque es cierto que dos de sus cayos al norte, Quitasueño y Serrana, quedaron como enclaves, con sus doce millas náuticas pero rodeados de aguas nicas, también lo es que allí se aplica el inviolable derecho al libre paso de navegación ida y vuelta. Debe señalarse que estos dos cayos, al igual que el de Roncador, no habían sido incluidos en el tratado Esguerra–Bárcenas.
De ninguna manera puede concluirse, entonces, que Colombia perdió territorio. Colombia no perdió territorio. Conservó todas las islas y todos los cayos. Y si bien sus máximas pretensiones en relación con las áreas marítimas al norte y sur del Archipiélago no fueron satisfechas, también es cierto que eran solo eso, pretensiones. En estas aguas mas lejanas los barcos de Nicaragua siempre anduvieron como Pedro por su casa y solo en mapas Colombia ejercía su soberanía.
Desde el punto de vista de Nicaragua, las 200 millas náuticas de su costa le daban derecho no solamente al mar sino también a las islas ahí incluidas, o sea San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como a los cayos Del Sureste, Alburquerque, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajo Nuevo.
Mientras Nicaragua no reconociera la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago era imposible, por ejemplo, explotar recursos naturales en la plataforma marítima. Pero además había que estar permanentemente a la defensiva sobre cualquier eventual acción de facto que pudiera ejecutar Nicaragua para apoderarse de lo que consideraba suyo.
De manera que el tema había que saldarlo de una vez por todas y la única forma era a través de Corte Internacional de Justicia. Ahí se presentaron los mejores argumentos y las máximas pretensiones de las dos partes. La primera buena noticia para Colombia en 2007 fue que la Corte reconoció su soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dejó para un segundo fallo lo relativo a la soberanía sobre los cayos y a la delimitación marítima.
La segunda buena noticia es que la Corte reconoció en el fallo de noviembre de 2012 la soberanía colombiana sobre todos los cayos, incluido el de Quitasueño que, entre otras, permanece sumergido parte del año. Y le concedió a Nicaragua solamente el reconocimiento de 200 millas náuticas al norte y al sur del Archipiélago y no las 350 millas a las que aspiraba.
La otra buena noticia para Colombia es que quedó con una porción de mar definida y reconocida internacionalmente alrededor del Archipiélago, la que podrá ser administrada y explotada a sus anchas. Es decir, el Archipiélago y su área marítima circundante es a partir de este fallo una unidad geográfica y parte integral del territorio de Colombia cuya soberanía ya nadie puede ni podrá cuestionar.
La cuarta buena noticia es que se normalizarán las relaciones con un país vecino. No hay razón por la cual no se deban estrechar los vínculos comerciales y de otro tipo con Nicaragua. Sobra decir que los beneficios de las buenas relaciones suman, mientras que los costos de una permanente disputa restan.
Si bien Colombia perdió áreas marítimas en disputa, léase bien en disputa, apuntaló definitivamente su soberanía sobre el Archipiélago. Hay que tener en cuenta que la misma Corte Internacional de Justicia había determinado que en ninguno de los tratados previos se definieron las formaciones marítimas que siendo parte del Archipiélago caían bajo la soberanía de Colombia.
Aunque es cierto que dos de sus cayos al norte, Quitasueño y Serrana, quedaron como enclaves, con sus doce millas náuticas pero rodeados de aguas nicas, también lo es que allí se aplica el inviolable derecho al libre paso de navegación ida y vuelta. Debe señalarse que estos dos cayos, al igual que el de Roncador, no habían sido incluidos en el tratado Esguerra–Bárcenas.
De ninguna manera puede concluirse, entonces, que Colombia perdió territorio. Colombia no perdió territorio. Conservó todas las islas y todos los cayos. Y si bien sus máximas pretensiones en relación con las áreas marítimas al norte y sur del Archipiélago no fueron satisfechas, también es cierto que eran solo eso, pretensiones. En estas aguas mas lejanas los barcos de Nicaragua siempre anduvieron como Pedro por su casa y solo en mapas Colombia ejercía su soberanía.