Sin transparencia alguna, el Departamento de Estado certifica anualmente sobre derechos humanos en distintos países del mundo.
Los resultados son crecientemente cuestionados. La pregunta que surge es, ¿quién le confirió a Estados Unidos la autoridad de convertirse en juez del mundo en este tema específico?
El Departamento de Estado puede hacer todos los estudios internos que quiera. Y utilizar estos estudios para decidir sobre sus ayudas y relaciones con otros países. En eso está en todo su derecho. Pero certificar pública y anualmente a cada país, es otra historia.
En primer lugar, se trata de los informes de un gobierno. Los errores, que son frecuentes, afectan de manera seria las relaciones bilaterales y la imagen de los países afectados. No existe un mecanismo abierto y transparente de discusión del contenido de los informes antes de que salgan publicados. No hay derecho de defensa por parte de los países involucrados.
Estos informes son elaborados por funcionarios públicos que no dan le dan la cara a la opinión internacional. Pueden actuar de mala fe en forma parcializada, sin recibir la sanción correspondiente. ¿Quién responde por los errores, exageraciones y falsedades que abundan en estos informes?
Estados Unidos como todos los demás países violan los derechos humanos. Está involucrado en varias guerras alrededor del planeta. Su policía secreta, la CIA, es famosa por sus escabrosas tácticas. Al interior del país, hay toda clase de abusos con grupos vulnerables.
Estados Unidos no es la excepción a la regla en la historia de países imperiales que han dominado al mundo por la fuerza. Usa descaradamente la fuerza bruta al igual que lo hicieron Rusia, Inglaterra, Francia, China y España en sus momentos de gloria imperial. Si no la utilizaran no serían potencia. Serían objeto de burla y menosprecio por parte de países que le compiten, ya sea a nivel global o en regiones específicas.
Al tiempo que usan abiertamente la fuerza bruta y violan los derechos humanos, Estados Unidos pontifica sobre esas violaciones en otros países. A duras penas pueden lidiar con sus propios problemas, pero sus funcionarios públicos sobresalen por su petulancia y “sabiduría” cuando de discutir problemas ajenos se trata.
En realidad debería ser una entidad independiente a los gobiernos la responsable de elaborar este tipo de informes públicos. Sin embargo, entidades multilaterales como Naciones Unidas y ONGs como Human Rights Watch no han estado del todo a la altura debido a que también son víctimas de sesgos de todo tipo. Pero aún así es preferible esta opinión a la de unos funcionarios de un gobierno, que analizan sólo con la óptica de los intereses coyunturales muy específicos de su país.
El Departamento de Estado puede hacer todos los estudios internos que quiera. Y utilizar estos estudios para decidir sobre sus ayudas y relaciones con otros países. En eso está en todo su derecho. Pero certificar pública y anualmente a cada país, es otra historia.
En primer lugar, se trata de los informes de un gobierno. Los errores, que son frecuentes, afectan de manera seria las relaciones bilaterales y la imagen de los países afectados. No existe un mecanismo abierto y transparente de discusión del contenido de los informes antes de que salgan publicados. No hay derecho de defensa por parte de los países involucrados.
Estos informes son elaborados por funcionarios públicos que no dan le dan la cara a la opinión internacional. Pueden actuar de mala fe en forma parcializada, sin recibir la sanción correspondiente. ¿Quién responde por los errores, exageraciones y falsedades que abundan en estos informes?
Estados Unidos como todos los demás países violan los derechos humanos. Está involucrado en varias guerras alrededor del planeta. Su policía secreta, la CIA, es famosa por sus escabrosas tácticas. Al interior del país, hay toda clase de abusos con grupos vulnerables.
Estados Unidos no es la excepción a la regla en la historia de países imperiales que han dominado al mundo por la fuerza. Usa descaradamente la fuerza bruta al igual que lo hicieron Rusia, Inglaterra, Francia, China y España en sus momentos de gloria imperial. Si no la utilizaran no serían potencia. Serían objeto de burla y menosprecio por parte de países que le compiten, ya sea a nivel global o en regiones específicas.
Al tiempo que usan abiertamente la fuerza bruta y violan los derechos humanos, Estados Unidos pontifica sobre esas violaciones en otros países. A duras penas pueden lidiar con sus propios problemas, pero sus funcionarios públicos sobresalen por su petulancia y “sabiduría” cuando de discutir problemas ajenos se trata.
En realidad debería ser una entidad independiente a los gobiernos la responsable de elaborar este tipo de informes públicos. Sin embargo, entidades multilaterales como Naciones Unidas y ONGs como Human Rights Watch no han estado del todo a la altura debido a que también son víctimas de sesgos de todo tipo. Pero aún así es preferible esta opinión a la de unos funcionarios de un gobierno, que analizan sólo con la óptica de los intereses coyunturales muy específicos de su país.