El Presidente de Bolivia Evo Morales aumentó la gasolina 73% de un solo golpe. Algunos calificaron la medida como un “paquetazo neoliberal comunista.”
El gasolinazo de Evo no tiene nada que ver con la ideología neoliberal. Los políticos y sindicalistas de izquierda que han calificado esta medida como neoliberal no saben de lo que hablan. Es parte de la confusión ideológica de estos obtusos y retrógrados izquierdistas latinoamericanos.
Resulta que el subsidio a la gasolina en Bolivia empezó en 2001 cuando se congeló su precio. Cuatro años después el gobierno boliviano dejaba de recaudar US$100 millones anuales por cuenta de este subsidio. Nueve años después, antes del gasolinazo de finales de 2010, el costo fiscal del subsidio ascendía a US$380 millones anuales, de los cuales una suma no despreciable superior a US$100 millones terminaba favoreciendo a países vecinos por la vía del contrabando.
Precisamente por no aplicar políticas que estos izquierdistas califican de neoliberales fue que se llegó a la absurda situación previa al gasolinazo. Cuando se congela un precio como el de la gasolina, se termina beneficiando a grupos de la población que no son los más necesitados o que no son los que se quiere favorecer.
Pero además se producen otras graves distorsiones. Se desestimula la producción u oferta del producto con el precio congelado. En el caso de Bolivia, en los últimos años, con este desfasado precio y con la nacionalización de la industria de hidrocarburos el país ha producido cada vez menos petróleo y ha importado cada vez más. Actualmente consume 35.000 barriles diarios y produce apenas 4.500 barriles diarios.
Si desde 2001 se hubiera aplicado la política de ajustar el precio de la gasolina al precio internacional, ese ajuste hubiera sido gradual y no hubiera sido necesario el gasolinazo de 2010. Pero no sólo eso. El fisco boliviano no se hubiera desangrado en estos nueve años. Hubiera recibido cerca de US$1.000 millones más de ingresos que se hubiera podido destinar a gastos sociales de distinto tipo, o en ayudas focalizadas a grupos muy vulnerables de la población. Por otro lado, hubiera sido mayor el incentivo para la puesta en marcha de esquemas mixtos de extracción y refinación de petróleo. Hasta aquí lo que hubiera sucedido con la implementación de una política neoliberal de precios.
Pero por no implementar durante nueve años una política neoliberal, sino una que se puede denominar “neocomunista” o “neomamerta” (como se la llamaría en Colombia) de congelar un precio vital, fue como se llegó al actual callejón sin salida. ¿Cómo corregir una inmensa desactualización del precio de la gasolina después de nueve años de un congelamiento neomamerto?
O sea que la implementación de ese neomamertismo fue la que produjo el problema. Para la corrección de la distorsión neomamerta no hay recetas mágicas neoliberales. Puede ser de un golpe o gradual. Lo único cierto es que cuando la distorsión es muy grande, y el precio está muy distante del precio real, tienden a ser graves las consecuencias políticas de una corrección y tienden a ser inocuas las actualizaciones graduales.
Pero esto último nada tiene que ver con el neoliberalismo, cuyas únicas recomendaciones de política son las de actualizar oportunamente los precios e instrumentar subsidios transparentes para evitar situaciones como la que actualmente enfrenta el gobierno de Evo.
Resulta que el subsidio a la gasolina en Bolivia empezó en 2001 cuando se congeló su precio. Cuatro años después el gobierno boliviano dejaba de recaudar US$100 millones anuales por cuenta de este subsidio. Nueve años después, antes del gasolinazo de finales de 2010, el costo fiscal del subsidio ascendía a US$380 millones anuales, de los cuales una suma no despreciable superior a US$100 millones terminaba favoreciendo a países vecinos por la vía del contrabando.
Precisamente por no aplicar políticas que estos izquierdistas califican de neoliberales fue que se llegó a la absurda situación previa al gasolinazo. Cuando se congela un precio como el de la gasolina, se termina beneficiando a grupos de la población que no son los más necesitados o que no son los que se quiere favorecer.
Pero además se producen otras graves distorsiones. Se desestimula la producción u oferta del producto con el precio congelado. En el caso de Bolivia, en los últimos años, con este desfasado precio y con la nacionalización de la industria de hidrocarburos el país ha producido cada vez menos petróleo y ha importado cada vez más. Actualmente consume 35.000 barriles diarios y produce apenas 4.500 barriles diarios.
Si desde 2001 se hubiera aplicado la política de ajustar el precio de la gasolina al precio internacional, ese ajuste hubiera sido gradual y no hubiera sido necesario el gasolinazo de 2010. Pero no sólo eso. El fisco boliviano no se hubiera desangrado en estos nueve años. Hubiera recibido cerca de US$1.000 millones más de ingresos que se hubiera podido destinar a gastos sociales de distinto tipo, o en ayudas focalizadas a grupos muy vulnerables de la población. Por otro lado, hubiera sido mayor el incentivo para la puesta en marcha de esquemas mixtos de extracción y refinación de petróleo. Hasta aquí lo que hubiera sucedido con la implementación de una política neoliberal de precios.
Pero por no implementar durante nueve años una política neoliberal, sino una que se puede denominar “neocomunista” o “neomamerta” (como se la llamaría en Colombia) de congelar un precio vital, fue como se llegó al actual callejón sin salida. ¿Cómo corregir una inmensa desactualización del precio de la gasolina después de nueve años de un congelamiento neomamerto?
O sea que la implementación de ese neomamertismo fue la que produjo el problema. Para la corrección de la distorsión neomamerta no hay recetas mágicas neoliberales. Puede ser de un golpe o gradual. Lo único cierto es que cuando la distorsión es muy grande, y el precio está muy distante del precio real, tienden a ser graves las consecuencias políticas de una corrección y tienden a ser inocuas las actualizaciones graduales.
Pero esto último nada tiene que ver con el neoliberalismo, cuyas únicas recomendaciones de política son las de actualizar oportunamente los precios e instrumentar subsidios transparentes para evitar situaciones como la que actualmente enfrenta el gobierno de Evo.