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Ante el choque externo que ya empieza a afectar a América Latina, la economía ecuatoriana aparece como una de las más frágiles.
 
Luego de un crecimiento económico en 2008 superior a 6%, la caída del precio internacional del petróleo, la eventual disminución de las remesas de los ecuatorianos que viven en el exterior y los flujos financieros más restringidos, hacen pensar en un estancamiento durante 2009-2010. Para el próximo año se pronostica un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos cercano a 5% del PIB y uno del sector público no financiero cercano a 3,5% del PIB.

Estos déficit se financiarían inicialmente con reservas internacionales, las cuales caerían en por lo menos US$2.000 millones, lo que podría llevarlas a niveles inferiores a tres meses de importaciones. Lo único que evitaría una profundización de los problemas de financiamiento sería un mayor y más fluido acceso al crédito externo y una política de disciplina fiscal.
 
En lo que respecta al crédito externo, el gobierno ecuatoriano parece cifrar sus esperanzas en un eventual préstamo del BID (con el Banco Mundial rompió relaciones al inicio del gobierno de Rafael Correa). Sin embargo, Ecuador se las ha arreglado para amenazar con el no pago de una porción de su deuda pública externa, lo cual le está generando un mal ambiente en los círculos financieros internacionales que podría afectar o retardar la aprobación de un gran préstamo en el directorio del BID. Todo indica que en 2009-2010 habrá una gran demanda por parte de los países miembros por préstamos de esta entidad multilateral y Ecuador tendrá que competir con las solicitudes menos problemáticas de otros países. Como sea, la actitud hostil del gobierno de Correa frente a gobiernos como los de Estados Unidos y Brasil y frente a sus tenedores de bonos, dificultará el acceso a un financiamiento que se insinúa cada vez más exigente y escaso.

En lo que respecta a la disciplina fiscal, Ecuador acaba de aprobar una nueva Constitución que agranda al sector público. Esa Constitución y el mismo gobierno han contribuido a crear expectativas de mayores subsidios y ayudas a la población, en momentos en los cuales se presentará una caída en los ingresos públicos. Ante una perspectiva económica cada vez más enrarecida, Correa resolvió convocar a elecciones presidenciales lo antes posible, para abril de 2009, quizás con la esperanza de que en ese momento todavía la crisis económica no haya golpeado con todo su rigor.

Sin austeridad en el gasto público y si los precios del petróleo no se recuperan mayormente hacía finales de 2009 o comienzos de 2010, la situación podría tornarse crítica, al punto de culminar en una crisis del sector financiero y en una situación que pondría en peligro el actual sistema de dolarización.