Agotadas otras fuentes de financiamiento externo, depende ahora de las migajas que recibirá del gobierno chino a cambio de su petróleo.
El último préstamo que le proporcionó el gobierno de China es por US$1.000 millones, y es adicional a la deuda de US$3.660 millones que ya ha contraído con ese país. Sospechosamente, el Ministerio de Finanzas ha mantenido en secreto las cláusulas del préstamo.
Por ejemplo, según el diario El Comercio de Quito, para este préstamo se acepta el arbitraje en las cortes de Pekín y Londres, en caso de conflictos. Ello contradice lo establecido en la Constitución y va en contravía de anteriores posturas del actual gobierno frente a otros acreedores internacionales.
Como sea, ya ingresaron US$800 millones de este último préstamo chino, los cuales, según el gobierno de Rafael Correa, son de libre disponibilidad. Los otros US$200 millones están atados a proyectos con empresas chinas. El plazo de amortización es de 4 años y la tasa de interés de 6,5% anual.
No se sabe si de este préstamo saldrán los recursos de contrapartida para la financiación de la central hidroeléctrica de Coca-Codo Sinclair. La central contará con otro préstamo del gobierno de China por US$1.700 millones, cuyos desembolsos empezarían cuando el gobierno ecuatoriano ponga sobre la mesa US$300 millones con los que se comprometió.
Tampoco se sabe muy bien, pero se sospecha, que este último préstamo de US$1.000 millones se pagará con despachos futuros de petróleo, al igual de lo que ha sucedido con un préstamo anterior de US$1.000 millones.
Ecuador es un país que en 2008 desconoció el pago de US$3.200 millones de bonos soberanos, cuya producción petrolera es declinante, cuyos ingresos por concepto de inversión extranjera se han desplomado a niveles mínimos por falta de garantías jurídicas, y con un gobierno irresponsablemente deficitario. Después de Venezuela, su economía es la más estancada de América Latina, con un crecimiento del PIB de apenas 0,6% en el primer trimestre de 2010.
Si bien el último préstamo de China frenará por un ratico la actual tendencia a un agotamiento de las reservas internacionales del Banco Central de Ecuador, las que no alcanzan siquiera a cubrir 3 meses de importaciones de bienes, no resuelve el tema de la financiación del déficit estructural del gobierno nacional.
De ahí que últimamente Correa acuda a medidas desesperadas, tales como desviar el ahorro de los pensionados hacia la financiación del gasto corriente del gobierno y más recientemente, presentar un proyecto de ley a través del cual los bancos privados podrán usar sus reservas de capital depositadas en el Banco Central en la compra de bonos estatales.
Sin embargo, este tipo de medidas lo único que logran es debilitar aún más la ya muy frágil situación financiera de Ecuador y su posicionamiento frente a inversionistas y acreedores.
Por ejemplo, según el diario El Comercio de Quito, para este préstamo se acepta el arbitraje en las cortes de Pekín y Londres, en caso de conflictos. Ello contradice lo establecido en la Constitución y va en contravía de anteriores posturas del actual gobierno frente a otros acreedores internacionales.
Como sea, ya ingresaron US$800 millones de este último préstamo chino, los cuales, según el gobierno de Rafael Correa, son de libre disponibilidad. Los otros US$200 millones están atados a proyectos con empresas chinas. El plazo de amortización es de 4 años y la tasa de interés de 6,5% anual.
No se sabe si de este préstamo saldrán los recursos de contrapartida para la financiación de la central hidroeléctrica de Coca-Codo Sinclair. La central contará con otro préstamo del gobierno de China por US$1.700 millones, cuyos desembolsos empezarían cuando el gobierno ecuatoriano ponga sobre la mesa US$300 millones con los que se comprometió.
Tampoco se sabe muy bien, pero se sospecha, que este último préstamo de US$1.000 millones se pagará con despachos futuros de petróleo, al igual de lo que ha sucedido con un préstamo anterior de US$1.000 millones.
Ecuador es un país que en 2008 desconoció el pago de US$3.200 millones de bonos soberanos, cuya producción petrolera es declinante, cuyos ingresos por concepto de inversión extranjera se han desplomado a niveles mínimos por falta de garantías jurídicas, y con un gobierno irresponsablemente deficitario. Después de Venezuela, su economía es la más estancada de América Latina, con un crecimiento del PIB de apenas 0,6% en el primer trimestre de 2010.
Si bien el último préstamo de China frenará por un ratico la actual tendencia a un agotamiento de las reservas internacionales del Banco Central de Ecuador, las que no alcanzan siquiera a cubrir 3 meses de importaciones de bienes, no resuelve el tema de la financiación del déficit estructural del gobierno nacional.
De ahí que últimamente Correa acuda a medidas desesperadas, tales como desviar el ahorro de los pensionados hacia la financiación del gasto corriente del gobierno y más recientemente, presentar un proyecto de ley a través del cual los bancos privados podrán usar sus reservas de capital depositadas en el Banco Central en la compra de bonos estatales.
Sin embargo, este tipo de medidas lo único que logran es debilitar aún más la ya muy frágil situación financiera de Ecuador y su posicionamiento frente a inversionistas y acreedores.