El Presidente Rafael Correa le solicitó al “mundo” un pago de US$5.200 millones para no explotar las reservas de petróleo del Parque Nacional Yasuní.
Ese Parque está ubicado en la región amazónica ecuatoriana, en las provincias Orellana y Pastaza, y ha sido declarado por la UNESCO Reserva Mundial de la Biosfera. En 1999, una parte del Parque fue declarada “Zona Intangible” que son espacios protegidos de excepcional importancia cultural y biológica en los cuales no puede realizarse ninguna actividad extractiva.
Pues bien, según parece el Parque Yasuní también es rico en reservas de petróleo, las que se estiman en más de 900.000 millones de barriles. Así las cosas, el gobierno ecuatoriano hace algún tiempo le había solicitado al “mundo” US$350 millones anuales por no extraer el petróleo del Yasuní. Pero esa propuesta acaba de ser modificada por Correa. Ahora su solicitud es la que el “mundo” pague en una sola cuota US$5.200 millones, que supuestamente corresponden a la mitad de lo que produciría la explotación de petróleo. Su gobierno obviamente haría fiesta con ese maná caído del cielo.
No se sabe si los cálculos relacionados con los beneficios de una eventual explotación petrolera en Yasuní son reales. La verdad es que no hay certeza sobre el volumen de las reservas, las posibles dificultades para explotarlas y el precio internacional que habría en el momento de vender el petróleo que de allí se extraiga. Se trata, por ahora, de una cifra “sacada de la manga”.
Sin embargo, lo interesante es la discusión sobre los fundamentos detrás de la propuesta de Correa. De ser válidos, habría también en otros países una infinidad de casos y situaciones que los haría candidatos para recibir una indemnización por no explotar tal o cual recurso. Todos los países tendrían derecho a ser indemnizados por la no explotación de algún recurso. Lo único que tendrían que demostrar es que esa explotación conlleva un costo en términos de la conservación del medio ambiente. Y entre mayor sea el daño potencial al medio ambiente de cada propuesta, mayor sería la remuneración que recibirían los gobiernos de los países por no llevarla a cabo.
Pero olvidémonos de lo problemático que sería todo aquello y supongamos que se establece un ente internacional con la sabiduría y capacidad para evaluar los méritos de cada propuesta y para fijar el monto de los beneficios que por ella recibirían los países. ¿Quién lo debe pagar? ¿La ONU? ¿La UNESCO? ¿El “mundo”? Habría que establecer un sistema impositivo a nivel planetario que reparta “equitativamente” las cargas por la no explotación de los recursos de los países favorecidos.
Pero habría mucho más por definir. Está el tema de quién recibiría los dineros en el país favorecido. ¿La frondosa y corrupta burocracia de los gobiernos? ¿Cuál sería el uso de los fondos? En fin, los interrogantes serían de nunca acabar.
En realidad, lo único que el “mundo” espera, por ahora, del gobierno de Ecuador en relación con el Parque Yasuní es un manejo responsable. Con algo de imaginación se podría llegar a un compromiso entre la necesidad de conservar la biodiversidad cultural y biológica y el derecho que tienen los ecuatorianos que no viven en el Parque —y que son la gran mayoría— a beneficiarse económicamente de lo que allí existe. Habría que evaluar seriamente las alternativas de explotación económica: las que sin causar graves daños al ecosistema proporcionen los suficientes recursos para proteger lo más valioso del Parque.
Pero si este tipo de soluciones no son políticamente viables en el gobierno de Correa, entonces, el problema no es del “mundo” sino de Ecuador. Los ecuatorianos no pueden eludir su responsabilidad de decidir por su cuenta y riesgo acerca del Parque Yasuní. Aunque, pensándolo mejor, si se sienten incapaces de darle una salida razonable al problema, podrían obsequiar ese pedazo de su territorio al “mundo”. Y si no encuentran la dirección del “mundo”, habría otros países que estarían dispuestos a asumir esa responsabilidad.
Pues bien, según parece el Parque Yasuní también es rico en reservas de petróleo, las que se estiman en más de 900.000 millones de barriles. Así las cosas, el gobierno ecuatoriano hace algún tiempo le había solicitado al “mundo” US$350 millones anuales por no extraer el petróleo del Yasuní. Pero esa propuesta acaba de ser modificada por Correa. Ahora su solicitud es la que el “mundo” pague en una sola cuota US$5.200 millones, que supuestamente corresponden a la mitad de lo que produciría la explotación de petróleo. Su gobierno obviamente haría fiesta con ese maná caído del cielo.
No se sabe si los cálculos relacionados con los beneficios de una eventual explotación petrolera en Yasuní son reales. La verdad es que no hay certeza sobre el volumen de las reservas, las posibles dificultades para explotarlas y el precio internacional que habría en el momento de vender el petróleo que de allí se extraiga. Se trata, por ahora, de una cifra “sacada de la manga”.
Sin embargo, lo interesante es la discusión sobre los fundamentos detrás de la propuesta de Correa. De ser válidos, habría también en otros países una infinidad de casos y situaciones que los haría candidatos para recibir una indemnización por no explotar tal o cual recurso. Todos los países tendrían derecho a ser indemnizados por la no explotación de algún recurso. Lo único que tendrían que demostrar es que esa explotación conlleva un costo en términos de la conservación del medio ambiente. Y entre mayor sea el daño potencial al medio ambiente de cada propuesta, mayor sería la remuneración que recibirían los gobiernos de los países por no llevarla a cabo.
Pero olvidémonos de lo problemático que sería todo aquello y supongamos que se establece un ente internacional con la sabiduría y capacidad para evaluar los méritos de cada propuesta y para fijar el monto de los beneficios que por ella recibirían los países. ¿Quién lo debe pagar? ¿La ONU? ¿La UNESCO? ¿El “mundo”? Habría que establecer un sistema impositivo a nivel planetario que reparta “equitativamente” las cargas por la no explotación de los recursos de los países favorecidos.
Pero habría mucho más por definir. Está el tema de quién recibiría los dineros en el país favorecido. ¿La frondosa y corrupta burocracia de los gobiernos? ¿Cuál sería el uso de los fondos? En fin, los interrogantes serían de nunca acabar.
En realidad, lo único que el “mundo” espera, por ahora, del gobierno de Ecuador en relación con el Parque Yasuní es un manejo responsable. Con algo de imaginación se podría llegar a un compromiso entre la necesidad de conservar la biodiversidad cultural y biológica y el derecho que tienen los ecuatorianos que no viven en el Parque —y que son la gran mayoría— a beneficiarse económicamente de lo que allí existe. Habría que evaluar seriamente las alternativas de explotación económica: las que sin causar graves daños al ecosistema proporcionen los suficientes recursos para proteger lo más valioso del Parque.
Pero si este tipo de soluciones no son políticamente viables en el gobierno de Correa, entonces, el problema no es del “mundo” sino de Ecuador. Los ecuatorianos no pueden eludir su responsabilidad de decidir por su cuenta y riesgo acerca del Parque Yasuní. Aunque, pensándolo mejor, si se sienten incapaces de darle una salida razonable al problema, podrían obsequiar ese pedazo de su territorio al “mundo”. Y si no encuentran la dirección del “mundo”, habría otros países que estarían dispuestos a asumir esa responsabilidad.