Solicitará US$3.600 millones por no explotar las reservas petroleras que están en el Parque Nacional Yasuni.
La idea es recibir en donaciones internacionales la mitad de lo que obtendría si explotara los 846 millones de barriles de reservas de petróleo que supuestamente existen en una parte de las 982.000 hectáreas que tiene el parque. Como se sabe, el Yasuni es parte del Refugio del Pleistoceno y constituye uno de los sitios de mayor diversidad del planeta. Además de proteger a la fauna y plantas, se estima que al mantener el petróleo bajo tierra se dejarían de emitir 407 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera.
El gobierno ecuatoriano vuelve y juega con esta vieja idea, sólo que ahora la ha concretado un poco más. Por ejemplo, creó un fideicomiso en el cual se depositarían las donaciones de gobiernos, fundaciones e individuos y que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Ahora bien, el gobierno de Ecuador emitiría certificados a los donantes mediante los cuales se comprometería a devolver los dineros, sin pago de intereses, en caso de que por alguna razón decida explotar las reservas de petróleo.
Si no se recaudan al menos US$100 millones para finales de 2011, el gobierno considerará que el proyecto ha fracasado y todas las contribuciones serán devueltas, quedando en libertad para explotar las reservas. La meta trazada es la de recolectar US$3.600 millones de aquí al 2024.
Las donaciones se utilizarían para financiar programas de conservación, reforestación y reducción de la pobreza en la región del Amazonas.
Según parece, el primer donante sería el gobierno de Chile con US$100.000. Se ha hablado también de un posible interés por parte de los gobiernos de Alemania y España.
Sin embargo, no faltan los escépticos. La situación económica internacional no es la más apropiada para acoger y fondear este tipo de iniciativas. Por otro lado, el tema de las emisiones de CO2 y su impacto sobre el cambio climático ha sido revaluado en los últimos dos o tres años.
No es del todo claro la razón por la cual los contribuyentes de unos países deban pagar por la no explotación de un recurso natural en otros países. Después de todo, si no se explotan las reservas petroleras del Yasuni, se tendrían que explotar las de otros sitios y satisfacer así la demanda global.
Es decir, es claramente cuestionable el beneficio neto para la humanidad de este proyecto en lo relacionado con la contaminación de la atmósfera, la que de todas maneras se daría al sustituirse la oferta de petróleo de Ecuador por la de otros países.
Habría, eso si, un beneficio en lo relativo a la conservación del Parque Yasuni. Pero en este caso, no se entiende muy bien la razón por la cual Ecuador no explota responsablemente sus recursos naturales, y utiliza los excedentes que proporcionaría esa explotación no solamente para elevar el nivel de vida de su población, sino también para fondear la conservación de sus parques, sin necesidad de depender exclusivamente de las limosnas de terceros.
El concepto de pagar por la no explotación de un recurso natural es problemático. La cuantificación de los supuestos beneficios netos que se dejan de percibir (después de deducir unos también supuestos costos) por la no explotación de cualquier recurso natural, siempre será susceptible de una gran controversia.
Además, otros muchos países también podrían argumentar que ellos tienen igual derecho a recibir donaciones por no explotar los recursos, cualesquiera que ellos sean, que poseen sus parques naturales.
El gobierno ecuatoriano vuelve y juega con esta vieja idea, sólo que ahora la ha concretado un poco más. Por ejemplo, creó un fideicomiso en el cual se depositarían las donaciones de gobiernos, fundaciones e individuos y que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Ahora bien, el gobierno de Ecuador emitiría certificados a los donantes mediante los cuales se comprometería a devolver los dineros, sin pago de intereses, en caso de que por alguna razón decida explotar las reservas de petróleo.
Si no se recaudan al menos US$100 millones para finales de 2011, el gobierno considerará que el proyecto ha fracasado y todas las contribuciones serán devueltas, quedando en libertad para explotar las reservas. La meta trazada es la de recolectar US$3.600 millones de aquí al 2024.
Las donaciones se utilizarían para financiar programas de conservación, reforestación y reducción de la pobreza en la región del Amazonas.
Según parece, el primer donante sería el gobierno de Chile con US$100.000. Se ha hablado también de un posible interés por parte de los gobiernos de Alemania y España.
Sin embargo, no faltan los escépticos. La situación económica internacional no es la más apropiada para acoger y fondear este tipo de iniciativas. Por otro lado, el tema de las emisiones de CO2 y su impacto sobre el cambio climático ha sido revaluado en los últimos dos o tres años.
No es del todo claro la razón por la cual los contribuyentes de unos países deban pagar por la no explotación de un recurso natural en otros países. Después de todo, si no se explotan las reservas petroleras del Yasuni, se tendrían que explotar las de otros sitios y satisfacer así la demanda global.
Es decir, es claramente cuestionable el beneficio neto para la humanidad de este proyecto en lo relacionado con la contaminación de la atmósfera, la que de todas maneras se daría al sustituirse la oferta de petróleo de Ecuador por la de otros países.
Habría, eso si, un beneficio en lo relativo a la conservación del Parque Yasuni. Pero en este caso, no se entiende muy bien la razón por la cual Ecuador no explota responsablemente sus recursos naturales, y utiliza los excedentes que proporcionaría esa explotación no solamente para elevar el nivel de vida de su población, sino también para fondear la conservación de sus parques, sin necesidad de depender exclusivamente de las limosnas de terceros.
El concepto de pagar por la no explotación de un recurso natural es problemático. La cuantificación de los supuestos beneficios netos que se dejan de percibir (después de deducir unos también supuestos costos) por la no explotación de cualquier recurso natural, siempre será susceptible de una gran controversia.
Además, otros muchos países también podrían argumentar que ellos tienen igual derecho a recibir donaciones por no explotar los recursos, cualesquiera que ellos sean, que poseen sus parques naturales.