El caso de DMG, luego de declarada ilegal su actividad, o sea hace apenas unos días, ilustra el tratamiento ligero que se le da en Colombia, y en especial por la prensa, a temas de esta naturaleza. Políticos y abogados están siendo ahora juzgados ante el tribunal de la opinión pública porque recibieron algún apoyo o fueron contratados para consultas o asesorías. Cabe la pregunta, ¿cuál fue el delito de estos políticos o abogados?
La respuesta no puede ser otra que ninguno, a menos que se demuestre que se confabularon con esa empresa o con su dueño para cometer algún ilícito. Hasta hace unos pocos días DMG no era considerado como un negocio al margen de la ley, así hubiera dudas al respecto, ni su dueño había sido acusado de nada grave. Haber recibido apoyo de DMG o haber sido contactado o contratado por DMG no tiene por que dar lugar a cuestionamientos públicos sobre la honorabilidad de estas personas, tal como ha quedado implícito en las crónicas de algunos medios de comunicación.