Costa Rica, Honduras y Nicaragua ingresaron a una lista elaborada por el gobierno de Estados Unidos de países considerados como de tránsito de narcotráfico.
En el informe de la Casa Blanca se afirma que “los países de América Central están siento crecientemente utilizados para el tráfico de cocaína y de otras drogas”. Aparte de los nuevos países recién incluidos, Panamá y Guatemala ya estaban en la lista. Todos son considerados especialmente vulnerables a causa de su ubicación geográfica, entre Estados Unidos, México y Colombia.
La Presidente Laura Chinchilla ya había advertido sobre la gravedad del problema. “Estamos ante un flagelo internacional sin precedentes, de una criminalidad sin límites… Estamos a muy pocos años de los mismos escenarios de México (matanzas entre bandas criminales y la infiltración de ellas en los poderes oficiales). Por eso insisto a los distintos poderes del Estado en que nos unamos para no llorar los muertos que se lloran en esos países.”
Chinchilla se lamentó de la escasez de policías (apenas 8.000) y reconoció como un factor de vulnerabilidad la falta de Fuerzas Armadas. Aparte de buscar mayor ayuda internacional y muy especialmente la de Estados Unidos, propuso aumentar los recursos destinados al combate del narcotráfico mediante un impuesto a las casas de apuestas y juegos de azar, que se estima dejaría unos US$40 millones anuales.
Inicialmente la oposición se manifestó escéptica en relación con las declaraciones de la Presidente. La acusaron de hacer “manifestaciones incendiarias” y de recurrir “al discurso del miedo.”
Pero luego vino el informe del gobierno de Estados Unidos, seguido de declaraciones de su embajadora Anne Slaughter Andrew. Esta funcionaria calificó la situación de Costa Rica como “seria”. Precisó que las nuevas amenazas provienen “de la creciente presencia de narcocarteles que están utilizando el país no solo como zona de tránsito, sino también como una base para sus estructuras de comando y control”. Y posteriormente hizo referencia al Cartel de Sinaloa de México.
Ante semejantes pronunciamientos, la oposición cambió de actitud y adoptó una postura más constructiva. Ahora su énfasis es en solicitarle al gobierno planes concretos y bien diseñados.
En realidad, Chinchilla tiene razón en expresarse sobre la gravedad del problema y la oposición la tiene en que todavía no existe una política clara de seguridad para enfrentarlo.
Ahora bien, es claro que la lucha contra este flagelo requiere del reconocimiento de la importancia del tema y de unidad nacional en la ejecución de las políticas. En esto, por fin, se observan unos primeros avances.
Pero también se necesita de una fuerza policial mucho mejor capacitada, de un sistema penitenciario adecuado a la nueva realidad, así como de leyes que faciliten el combate contra los carteles internacionales y los sindicatos del crimen, que han empezado a sentar sus reales en el país.
No hay tiempo que perder, pues preparar a la policía para esa lucha toma años, lo mismo que la adecuación del sistema penitenciario y del código penal. Desafortunadamente todavía no hay conciencia entre los dirigentes del país acerca de la envergadura de la tarea por realizar.
La Presidente Laura Chinchilla ya había advertido sobre la gravedad del problema. “Estamos ante un flagelo internacional sin precedentes, de una criminalidad sin límites… Estamos a muy pocos años de los mismos escenarios de México (matanzas entre bandas criminales y la infiltración de ellas en los poderes oficiales). Por eso insisto a los distintos poderes del Estado en que nos unamos para no llorar los muertos que se lloran en esos países.”
Chinchilla se lamentó de la escasez de policías (apenas 8.000) y reconoció como un factor de vulnerabilidad la falta de Fuerzas Armadas. Aparte de buscar mayor ayuda internacional y muy especialmente la de Estados Unidos, propuso aumentar los recursos destinados al combate del narcotráfico mediante un impuesto a las casas de apuestas y juegos de azar, que se estima dejaría unos US$40 millones anuales.
Inicialmente la oposición se manifestó escéptica en relación con las declaraciones de la Presidente. La acusaron de hacer “manifestaciones incendiarias” y de recurrir “al discurso del miedo.”
Pero luego vino el informe del gobierno de Estados Unidos, seguido de declaraciones de su embajadora Anne Slaughter Andrew. Esta funcionaria calificó la situación de Costa Rica como “seria”. Precisó que las nuevas amenazas provienen “de la creciente presencia de narcocarteles que están utilizando el país no solo como zona de tránsito, sino también como una base para sus estructuras de comando y control”. Y posteriormente hizo referencia al Cartel de Sinaloa de México.
Ante semejantes pronunciamientos, la oposición cambió de actitud y adoptó una postura más constructiva. Ahora su énfasis es en solicitarle al gobierno planes concretos y bien diseñados.
En realidad, Chinchilla tiene razón en expresarse sobre la gravedad del problema y la oposición la tiene en que todavía no existe una política clara de seguridad para enfrentarlo.
Ahora bien, es claro que la lucha contra este flagelo requiere del reconocimiento de la importancia del tema y de unidad nacional en la ejecución de las políticas. En esto, por fin, se observan unos primeros avances.
Pero también se necesita de una fuerza policial mucho mejor capacitada, de un sistema penitenciario adecuado a la nueva realidad, así como de leyes que faciliten el combate contra los carteles internacionales y los sindicatos del crimen, que han empezado a sentar sus reales en el país.
No hay tiempo que perder, pues preparar a la policía para esa lucha toma años, lo mismo que la adecuación del sistema penitenciario y del código penal. Desafortunadamente todavía no hay conciencia entre los dirigentes del país acerca de la envergadura de la tarea por realizar.