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Este problema se comparte entre todos los países. Pero en Colombia los sobreprecios son de los más altos y los resultados son extremadamente chambones.
 
Que haya un gobierno en el planeta que tire la primera piedra, es imposible de encontrar. Que en muchos gobiernos los contratos tengan sobreprecios de hasta 400% ya no es tan común. Que aparte de los sobreprecios las obras quedan pésimamente hechas es menos común. Que no solamente haya sobreprecios de 400% y que las obras queden pésimamente hechas, sino que además se trata de obras que no son prioritarias, eso ya podría calificarse de excepcional.

En Colombia se volvió hábito que el dinero de los contribuyentes se maneje como un botín para ser distribuido entre políticos, parientes de los políticos y amigos de los políticos. Distintos sectores de la actividad gubernamental están dominados por mafias de la contratación. Personajes que llevan años repartiendo a diestra y siniestra jugosas comisiones entre empleados públicos y ganando fabulosas utilidades con los sobreprecios.

Estos personajes son por todos conocidos. Pero no importan las comisiones anteriores, ni los sobreprecios, ni los pobres resultados a la hora de ejecutar las obras. Todo el mundo habla mal de estos personajes, pero cuando vuelven a presentarse en alguna licitación, como por arte de magia, ganan nuevamente el premio mayor.
 
Uno de los sectores que en Colombia más se ha prestado para estos criminales abusos es el de deportes. Por ejemplo, quienquiera que visite las sedes de eventos especiales como los XX Juegos Centroamericanos y del Caribe que tuvieron lugar en Cartagena a mediados de 2006, puede constatar cómo instalaciones que se hicieron con grandes sobreprecios, actualmente no sirven. Igual ha sucedido con muchas de las instalaciones de otros juegos o eventos. 
 
Se malgastó así una inversión que ha podido aprovecharse para dejarle a Cartagena unas instalaciones de lujo para la promoción del deporte y la recreación popular. Estos juegos contaron con la dirección de Coldeportes y Fonade, y la impresión que queda es que la cadena de corrupción empezó ahí, en los más altos niveles del gobierno nacional.  

El deporte es un sector que se presta para una inmensa corrupción porque hay un gran desconocimiento acerca de los costos de las instalaciones y del equipamiento y porque a muy pocos les interesa si quedan bien o mal una vez concluidos los eventos. No es cuestión de vida o muerte si quedan mal: simplemente dejan de utilizarse y punto. Por alguna razón misteriosa, a la prensa deportiva tampoco le importa lo que se gasta en los escenarios y en su equipamiento y si estos quedan en condiciones operativas al poco tiempo de realizada la inversión, tal como debe ser.

Lo que sucede en el sector de deportes se repite en otras muchas áreas de la contratación pública en donde a nadie le importa ni los sobreprecios ni la calidad de los equipos adquiridos. En medio de este permisivo y cómplice ambiente, las mafias de las contrataciones han hecho y deshecho durante décadas. 
 
Mientras esto pasa, todos los estamentos sociales se quejan de la corrupción. Pero son muchos los que se benefician directamente con ella, en perjuicio del progreso del país. De hecho, varios de los que más ganan con ella son de los que más se quejan públicamente de ella. Y otros que no ganan con ella, se rasgan las vestiduras por la sencilla razón de que no les ha llegado tajada del botín. Da grima la sinceridad y entereza alrededor del tema.  

Así las cosas, y dado que el dinero público es de todos y no es de nadie, dado que su despilfarro no le pega directamente al bolsillo de nadie y que sus costos se diluyen entre toda la comunidad, parece tratarse de un mal endémico sin solución. Este es un frente donde las buenas intenciones de funcionarios públicos honrados no prosperan. Sus acciones se estrellan contra un sofisticado montaje mafioso que controla el funcionamiento administrativo de las entidades donde laboran.
 
Es cierto que en todas partes se cuecen habas, pero en algunas partes por lo menos las habas quedan bien hechas, listas para su consumo. En Colombia, la corrupción reinante ni siquiera cumple con las habas. Tal su desparpajo y descaro.