Diálogos con las Farc que parten del supuesto de que esta organización se mueve primordialmente por intereses políticos y no por el afán de lucro y poder que devenga de sus negocios ilícitos.
La historia de las negociaciones del gobierno de Colombia con grupos al margen de la ley se remonta a décadas atrás. Con unas pocas excepciones, todas han fracasado. Con las Farc ninguna ha dado resultado. Con Pablo Escobar tampoco fue el caso, e igual con los Rodríguez Orejuela, con el ELN y con los grupos paramilitares mas importantes.
En el caso del M-19, que es de los pocos procesos de negociación que culminó en algo, lo fue solo después que ese grupo perdiera su cúpula militar en la muy trágica toma del Palacio de Justicia.
En el caso específico de las Farc, sus crímenes y delitos cubren todo el espectro del código penal. Muchos lo son de lesa humanidad y resulta motivo de preocupación que después de tanto perjuicio a tantas personas, los culpables no solamente queden libres de cualquier cargo, sino que además sean recibidos como héroes por políticos y medios de comunicación faranduleros.
Las Farc se financian actualmente ante todo con el negocio del narcotráfico y de la minería ilegal de oro, así como con la extorsión a empresas legalmente constituidas que operan en territorios donde tiene presencia. La primera pregunta que surge es si sus cabecillas están dispuestos a abandonar sus fuentes de financiación. Si lo están, los diálogos podrían tener algún sentido. Si no, se trata de otro show intrascendente como tantos que se han visto en la historia del país.
En Colombia, los capos de la gran delincuencia, incluidos los cabecillas de las Farc, se han dado a la tarea de “politizar” sus actividades. De utilizar pretextos políticos para justificar sus horrendos y pavorosos crímenes. Y lo han hecho así porque eso es lo que mayores dividendos les ha traído.
Durante décadas, la dirigencia política colombiana y los juristas mas influyentes han adoptado la tesis de que las motivaciones “políticas” son un gran atenuante al momento de juzgar los mas aberrantes crímenes. Es decir, lo importante a la hora de sentenciar actos criminales de la peor especie no es el daño producido sino la motivación de quien lo hace. Si el criminal se escuda detrás de una motivación “política”, entonces, por ese hecho solo hay que castigarlo con unas irrisorias penas o perdonarlo del todo.
Se trata de una gran burla para las víctimas y para los colombianos cuyo comportamiento si se ajusta a las leyes. Con esta tesis los peores criminales han recibido un tratamiento privilegiado, sin que les importe a políticos y jueces los grandes males que han ocasionado.
Se establecen así dos tipos de justicia. Una que es para la “delincuencia común” y en donde aplican los castigos contemplados en el código penal, y otra justicia, hoy en día denominada “de transición”, a través de la cual se da un tratamiento preferencial a los delincuentes que ondean banderitas de movimientos políticos.
No se requiere ser genio para darse cuenta que un régimen de justicia como este sencillamente hace agua. Entre otras, porque la delincuencia deja de ser común y se vuelve política. Y porque la clase política se vuelve delincuente. Es lo mas rentable para todas las partes involucradas.
Al volverse política esta delincuencia no solamente se libera de los castigos que merece sino que se le facilita codearse con el establecimiento político, el cual también termina aprovechándose de la impunidad resultante. El establecimiento político se da cuenta que son grandes las ventajas de moverse con una pata en la legalidad y con la otra pata en la ilegalidad. El político que no se mueva en los dos mundos queda en total desventaja frente al competidor que si lo hace.
Pero volviendo al tema de las Farc, lo único que cuenta para su supervivencia son las actividades delictivas que la financian. Sin el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones a empresas, se derrumbaría todo su andamiaje operativo actual. Si sus cabecillas quieren ingresar a la legalidad, lo único que deben hacer es abandonar estos negocios ilícitos. Pero hacerlo, ¿a cambio de qué?
A los amigos de los diálogos de paz hay que recordarles que hay unas profundas diferencias entre esta y experiencias del mismo tipo en otros países. Una de ellas se refiere al narcotráfico y a la minería ilegal como fuentes de financiación de las Farc. Ni la ETA ni los grupos subversivos de América Central tuvieron el respaldo de estas considerables fuentes de financiación. El M-19 en su momento tampoco las tuvo, excepto en casos muy puntuales como en la toma del Palacio de Justicia.
¿Dejar sus negocios ilícitos y el poder que ellos proporcionan para recibir un perdón por los numerosos crímenes cometidos, varios de los cuales de lesa humanidad? ¿Dejar estos negocios para que algunos de sus miembros puedan echar discursos en el Congreso de la República? Dejarlos, ¿a cambio de qué?
El problema es que es prácticamente a cambio de nada. El gobierno de Juan Manuel Santos no está en capacidad de ofrecer mayor cosa. Los cabecillas de las Farc están a salvo en Venezuela o en Cuba. Allá nadie los persigue. Sus frentes mas importantes controlan rutas de narcotráfico y negocian con el oro extraído ilegalmente. Son poderosos en partes del territorio nacional. Mucha gente los rodea y los protege no tanto por simpatías ideológicas sino por ventajas de carácter económico.
¿Qué puede ofrecerles el gobierno para compensarles la pérdida de sus lucrativos negocios? Nada que les interese en realidad. Entonces, para las Farc, los diálogos son simplemente una movida estratégica para ganar tiempo y recuperarse de los golpes militares y políticos recibidos. Carameleo a través de los diálogos, con la esperanza de que ellos le levanten el ánimo a sus desmoralizadas filas y vayan en detrimento de la mística de las Fuerzas Armadas.
Así las cosas, para el común de los colombianos lo que se viene con los próximos diálogos de paz es el retorno a un pasado que parecía superado. Solo falta que reaparezcan en la escena política personajes que fueron protagonistas en las innumerables negociaciones fracasadas anteriores.
(Advertencia: lanota.com sólo utiliza este nombre. No tiene relación alguna con portales o empresas que emplean la palabra lanota en otras combinaciones de nombres).
En el caso del M-19, que es de los pocos procesos de negociación que culminó en algo, lo fue solo después que ese grupo perdiera su cúpula militar en la muy trágica toma del Palacio de Justicia.
En el caso específico de las Farc, sus crímenes y delitos cubren todo el espectro del código penal. Muchos lo son de lesa humanidad y resulta motivo de preocupación que después de tanto perjuicio a tantas personas, los culpables no solamente queden libres de cualquier cargo, sino que además sean recibidos como héroes por políticos y medios de comunicación faranduleros.
Las Farc se financian actualmente ante todo con el negocio del narcotráfico y de la minería ilegal de oro, así como con la extorsión a empresas legalmente constituidas que operan en territorios donde tiene presencia. La primera pregunta que surge es si sus cabecillas están dispuestos a abandonar sus fuentes de financiación. Si lo están, los diálogos podrían tener algún sentido. Si no, se trata de otro show intrascendente como tantos que se han visto en la historia del país.
En Colombia, los capos de la gran delincuencia, incluidos los cabecillas de las Farc, se han dado a la tarea de “politizar” sus actividades. De utilizar pretextos políticos para justificar sus horrendos y pavorosos crímenes. Y lo han hecho así porque eso es lo que mayores dividendos les ha traído.
Durante décadas, la dirigencia política colombiana y los juristas mas influyentes han adoptado la tesis de que las motivaciones “políticas” son un gran atenuante al momento de juzgar los mas aberrantes crímenes. Es decir, lo importante a la hora de sentenciar actos criminales de la peor especie no es el daño producido sino la motivación de quien lo hace. Si el criminal se escuda detrás de una motivación “política”, entonces, por ese hecho solo hay que castigarlo con unas irrisorias penas o perdonarlo del todo.
Se trata de una gran burla para las víctimas y para los colombianos cuyo comportamiento si se ajusta a las leyes. Con esta tesis los peores criminales han recibido un tratamiento privilegiado, sin que les importe a políticos y jueces los grandes males que han ocasionado.
Se establecen así dos tipos de justicia. Una que es para la “delincuencia común” y en donde aplican los castigos contemplados en el código penal, y otra justicia, hoy en día denominada “de transición”, a través de la cual se da un tratamiento preferencial a los delincuentes que ondean banderitas de movimientos políticos.
No se requiere ser genio para darse cuenta que un régimen de justicia como este sencillamente hace agua. Entre otras, porque la delincuencia deja de ser común y se vuelve política. Y porque la clase política se vuelve delincuente. Es lo mas rentable para todas las partes involucradas.
Al volverse política esta delincuencia no solamente se libera de los castigos que merece sino que se le facilita codearse con el establecimiento político, el cual también termina aprovechándose de la impunidad resultante. El establecimiento político se da cuenta que son grandes las ventajas de moverse con una pata en la legalidad y con la otra pata en la ilegalidad. El político que no se mueva en los dos mundos queda en total desventaja frente al competidor que si lo hace.
Pero volviendo al tema de las Farc, lo único que cuenta para su supervivencia son las actividades delictivas que la financian. Sin el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones a empresas, se derrumbaría todo su andamiaje operativo actual. Si sus cabecillas quieren ingresar a la legalidad, lo único que deben hacer es abandonar estos negocios ilícitos. Pero hacerlo, ¿a cambio de qué?
A los amigos de los diálogos de paz hay que recordarles que hay unas profundas diferencias entre esta y experiencias del mismo tipo en otros países. Una de ellas se refiere al narcotráfico y a la minería ilegal como fuentes de financiación de las Farc. Ni la ETA ni los grupos subversivos de América Central tuvieron el respaldo de estas considerables fuentes de financiación. El M-19 en su momento tampoco las tuvo, excepto en casos muy puntuales como en la toma del Palacio de Justicia.
¿Dejar sus negocios ilícitos y el poder que ellos proporcionan para recibir un perdón por los numerosos crímenes cometidos, varios de los cuales de lesa humanidad? ¿Dejar estos negocios para que algunos de sus miembros puedan echar discursos en el Congreso de la República? Dejarlos, ¿a cambio de qué?
El problema es que es prácticamente a cambio de nada. El gobierno de Juan Manuel Santos no está en capacidad de ofrecer mayor cosa. Los cabecillas de las Farc están a salvo en Venezuela o en Cuba. Allá nadie los persigue. Sus frentes mas importantes controlan rutas de narcotráfico y negocian con el oro extraído ilegalmente. Son poderosos en partes del territorio nacional. Mucha gente los rodea y los protege no tanto por simpatías ideológicas sino por ventajas de carácter económico.
¿Qué puede ofrecerles el gobierno para compensarles la pérdida de sus lucrativos negocios? Nada que les interese en realidad. Entonces, para las Farc, los diálogos son simplemente una movida estratégica para ganar tiempo y recuperarse de los golpes militares y políticos recibidos. Carameleo a través de los diálogos, con la esperanza de que ellos le levanten el ánimo a sus desmoralizadas filas y vayan en detrimento de la mística de las Fuerzas Armadas.
Así las cosas, para el común de los colombianos lo que se viene con los próximos diálogos de paz es el retorno a un pasado que parecía superado. Solo falta que reaparezcan en la escena política personajes que fueron protagonistas en las innumerables negociaciones fracasadas anteriores.
(Advertencia: lanota.com sólo utiliza este nombre. No tiene relación alguna con portales o empresas que emplean la palabra lanota en otras combinaciones de nombres).