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A mediados de diciembre de 2016 la Junta Directiva del Banco de la República redujo su tasa de intervención de 7,75% a 7,50% anual. La última vez que la bajó fue en marzo de 2013.
 
Desde ese entonces, y en medio de algunas pausas, esta tasa de interés fue aumentada de 3,25% a 7,75% anual, lo que coincidió con la creciente inflación registrada. Sin embargo, la inflación al consumidor, luego de haberse disparado hasta bordear 9% anual en julio, cayó a niveles cercanos al 6% anual en noviembre.

Aunque las autoridades monetarias todavía no pueden cantar victoria en el logro de reducir la inflación a niveles en el horizonte de 4% anual, lo cierto es que en el último año la política monetaria ha sido bastante restrictiva. A comienzos de diciembre la variación anual de los medios de pago (M1) fue 0%, mientras que hace un año había sido 8,8%. En el caso de la liquidez ampliada (M3) su variación anual se situó en 7,7% frente a 11,2% un año atrás.

Por otro lado, la cartera neta del sistema financiero registró al inicio de diciembre un crecimiento anual de 7,7%, que se compara con el de 14,4% de hace un año.

Todo lo anterior se ha reflejado en una desaceleración de la actividad económica superior a la prevista por las autoridades. En el tercer trimestre el PIB aumentó 1,2% interanual, lo que llevó al Banco de la República a pronosticar que “en todo 2016 el crecimiento económico podría ser ligeramente inferior a 2%”. Como si fuera poco, en octubre la producción industrial aumentó en apenas 0,4% frente al mismo mes del año anterior, a la vez que el comercio al por menor se contrajo en 0,7% interanual.

Adicionalmente está el tema de la reforma tributaria que aprobará el Congreso de la República antes de finalizar el año. No se puede desconocer que inicialmente su impacto sobre la actividad económica será recesivo y que el incremento de la tarifa general del IVA de 16% a 19% incidirá negativamente sobre la inflación. Pero la Junta Directiva del Banco de la República considera que ante los trastornos ocasionados por la caída en los precios internacionales del petróleo, esta reforma “constituye una acción fundamental que contribuye al crecimiento de largo plazo, al reforzar la sostenibilidad fiscal, propender por la estabilidad macroeconómica y preservar la calificación crediticia”.