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Es muy fácil desde un escritorio criticar la explotación minera. Varios columnistas colombianos lo hacen de manera alegre y a base de clichés.
 
Dos ejemplos son los columnistas del diario El Tiempo Salud Hernández y Daniel Samper Pizano. Pero los hay muchos más. Ellos sólo exponen los aspectos negativos de la minería, menospreciendo los beneficios. Para ellos, las divisas, regalías y empleos que esa minería genera son lo de menos.

La minería de oro en Colombia no ha tenido en las últimas décadas el desarrollo que justifican las reservas que tiene el país de este mineral. Una de las razones de su estancamiento fueron las condiciones de inseguridad que afectaron a las zonas productoras y que por fortuna hoy en día han mejorado.

El alto precio internacional del oro y una mejor situación de orden público en varias zonas de Colombia han motivado el interés de capitales extranjeros para su explotación. Se trata, por lo general, de firmas que utilizan alta tecnología y que cumplen con la normatividad, incluida la ambiental, que tiene el país sobre este particular.

Al lado de esta minería altamente especializada que cuenta con todos los controles del gobierno, está la artesanal, depredadora y sin control ambiental alguno, la cual incluso es utilizada por grupos al margen de la ley para financiar sus actividades delictivas. Sin embargo, es sólo a la minería que sí está dispuesta a cumplir con todas las exigencias gubernamentales, la que prende las alarmas de estos columnistas, así como de sindicatos y ONGs. 
 
El hecho cierto es que las exportaciones de oro de Colombia se aproximaron en 2010 a US$2.000 millones y podrían fácilmente superar US$5.000 millones anuales, si el precio internacional se mantiene firme como parece ser, y si se permite una explotación industrial y tecnificada del mineral.

Aunque hay varias zonas con prospectos muy interesantes, hay dos minas que se destacan por sus reservas. Una de ellas es La Colosa en manos de la multinacional surafricana AngloGold Ashanti y localizada en el municipio de Cajamarca del departamento de Tolima. La otra es Angostura en manos de la canadiense Greystar Resources y situada primordialmente en el municipio de California del departamento de Santander.

Ambos proyectos han despertado los más “altruistas” sentimientos ambientalistas de varios columnistas capitalinos. Para ellos, lo mejor es no explotar estas minas. A ellos no les interesa los compromisos de ambas multinacionales de hacer un desarrollo ambientalmente responsable de sus proyectos. Tampoco les importa el impacto en términos de regalías, actividad económica y empleo sobre el área de influencia de las minas. Mucho menos los ingresos de divisas e impuestos que recibiría Colombia durante los próximos 15 o más años.

En toda decisión económica hay que sopesar los costos y beneficios. Eso no es precisamente lo que hacen estos columnistas. Hay que ver la ligereza con la que se refieren a los muy importantes y significativos beneficios económicos de ambos proyectos. Da la impresión que para ellos Colombia es ya un país desarrollado que puede darse el lujo de dejar en el subsuelo sus más preciados recursos naturales.

Pero no es así. Colombia es país pobre, por si no lo sabían. Se necesitan de estos y de muchos otros recursos para darle educación, salud e infraestructura a su numerosa y creciente población. Y la minería tecnificada y responsable es una de las alternativas que tiene el país para conseguir una parte de estos recursos.

Quienes se oponen a esta alternativa no piensan en los millones de colombianos que se beneficiarían si Colombia se convierte en uno de los mayores productores de oro del planeta, al lado de Suráfrica, Estados Unidos, Canadá y Australia, tal como sería el caso si le da vía libre a la explotación responsable de La Colosa y Angostura.