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Jorge Ospina Sardi

 

Los promotores del paro del 21N no creen en el sistema democrático. Pretenden ahora negociar el programa de gobierno que resultó ganador en las elecciones presidenciales de 2018.

 

De manera que después de un año de posesionado Iván Duque como Presidente, después de un año en que 10.4 millones de colombianos lo eligieron, estos organizadores de paros escalonados, que pretenden extenderlos por meses, quieren hacerse los de la vista gorda acerca de ese resultado e imponer por la fuerza un nuevo programa de gobierno –el de ellos– a base de perjudicar los negocios de la gran mayoría, obstruir su quehacer diario y amedrentar y chantajear con sus violencias, amenazas y terrorismo por las redes sociales. 

 

Es cierto que en una democracia los programas de gobierno están sujetos a cambios de acuerdo con circunstancias imprevistas. Pero la orientación general –la columna medular de ese programa por el cual votó la mayoría de los colombianos– no puede ser objeto de negociaciones posteriores. Quienes no gustan de ese programa pueden presentar nuevamente sus propuestas en la siguiente contienda electoral. 

 

Si son derrotados en las elecciones la culpa no es de quienes no votaron por ellos. Es su problema y el de nadie mas. Ni haber perdido justifica que al año se dediquen con inusitada saña a insultar y agredir a quienes piensan distinto y de paso, tumbar al gobierno legítimamente constituido.

 

A estos del paro del 21N les interesa un rábano la democracia y sus instituciones. Son de la misma estirpe de los tiranos que gobiernan a Cuba y Venezuela. Solo les interesa tomarse el gobierno para beneficiarse a costa de la miseria ajena.

 

La arrogancia de quienes están detrás de este paro no tiene límites. En sus entrevistas manifiestan que ellos no quieren conversar o dialogar a menos que el gobierno les conceda lo divino y lo humano. Amenazan si el Presidente Duque no abandona su programa de gobierno. Piden lo imposible. Ponen sobre la mesa lo que no es negociable, para después salir a decir que el gobierno no desea el diálogo. 

 

Por eso ninguna simpatía con quienes quieren forzar una agenda política sobre cuyo alcance solo es posible decidir en contiendas electorales y no en la calle en medio del caos y la anarquía. Ninguna simpatía entonces para con esa minoría que se las da de mayoría y que quiere imponer su ley violando los derechos de quienes no están de acuerdo. 

 

Los derechos al trabajo, a transitar y opinar libremente, a disfrutar de los bienes públicos que se han financiado con sus impuestos y de los bienes privados que se han pagado con sus esfuerzos, desvelos y empeños.