Jorge Ospina Sardi

Los gobiernos no tienen el derecho a fisgonear y hurgar riquezas y capitales ajenos, excepto cuando ellos se consiguen a través de actos delincuenciales. Individuos y empresas dueñas poseen el derecho a disponer de ellos a su entero antojo.

No tienen por que informarle a nadie lo que hacen con sus riquezas y capitales, ni nadie tiene la potestad de pedirles cuentas. Por eso es absolutamente indispensable eliminar el impuesto de renta y patrimonio y restablecer una muy estricta reserva bancaria, así como una total libertad cambiaria. 

¿Quién les dio a unos políticos y funcionarios públicos la autoridad de escarbar, manosear y toquetear los movimientos de riquezas y capitales de individuos y empresas? ¿Y de orientarlos hacia fines diferentes a los que desean sus dueños o propietarios? 

Estas prácticas opresivas establecidas en el Siglo XX han sido promovidas por los estatistas, unos personajes que endiosan a los gobiernos y menosprecian los esfuerzos y méritos de quienes son exitosos en sus negocios y actividades mercantiles. 

Las clases políticas actuales, expoliadoras y codiciosas como ningunas que las precedieron, han encontrado en estas prácticas una fuente de dominio que ni se soñaron las mas tiránicas monarquías del pasado.

Con estas prácticas violatorias de las libertades individuales y empresariales los gobiernos se han arrogado en estos últimos tiempos unos poderes inmensos. Las poblaciones –y especialmente los mas jóvenes– dan por un hecho que esta situación es normal e inevitable. Pero no lo es. 

Una función primordial de los gobiernos es proteger a individuos y empresas de los “amigos de lo ajeno”. Esta función se ha distorsionado en forma tal que los gobiernos se han convertido por lejos en los principales “amigos de lo ajeno”. 

En los ordenamientos constitucionales actuales no hay límites al poder de los políticos y de los gobiernos que ellos controlan. Los interesados en vivir de lo ajeno son los mismos que legislan. Sus sesgos son patéticos. No tienen el mas mínimo interés en deshacerse de los poderes que obtuvieron comprando conciencias y votos. 

Con unos límites rigurosos a los niveles de gasto público se logra un cierto control sobre los apetitos expoliadores de las clases políticas. Con la eliminación del impuesto de renta y patrimonio se logra otro tanto. Pero es fundamental la libertad cambiaria y el libre movimiento de capitales.

Hay que partir del reconocimiento que individuos y empresas que deseen sacar sus riquezas y capitales de un país y trasladarlos a otro lugar, que deseen transar en distintas monedas, lo deben poder hacer libremente. Y que no tienen ni por que dar explicaciones ni por que responder ante autoridad gubernamental alguna. 

En la revolución libertaria que he propuesto en varios escritos, el manejo macroeconómico sería de tal naturaleza que habría los suficientes incentivos para invertir en el país que la adopte. Ese país de seguro tendría un sostenido superávit en la cuenta externa de capital, especialmente si los demás países insisten en mantener las políticas intervencionistas que promueven los estatistas. 

Pero han de ser las libres decisiones de individuos y empresas las determinantes de los flujos de capital. Libres quiere decir sin interferencias de terceros. Libres significa que las decisiones sobre este particular son autónomas. 

La verdadera libertad consiste en una libre determinación en relación con los usos de lo que nos pertenece. Riquezas y capitales, luego del pago de unos impuestos, pertenecen enteramente a sus dueños y no a los vecinos o a quienes viven en las mismas fronteras. 

Los impuestos se pueden considerar como unos pagos por el derecho a utilizar unos activos comunitarios. No van mas allá que eso. Pero las clases políticas y los estatistas se han empeñado en hacernos creer que son ellos los que tienen la última palabra sobre permisos y regulaciones de todo tipo en relación con los movimientos de riquezas y capitales. Y utilizan el poder de los gobiernos para coartar de manera arbitraria las libertades básicas. 

Hay que despojar a las clases políticas y a los estatistas de las prerrogativas que se han auto asignado. Para que ese despojo sea efectivo las libertades básicas deben ser funcionales y operativas. Para eso se requiere cercenar de un tajo controles e intromisiones en áreas clave como la relacionada con los flujos de capitales hacia afuera y hacia el interior de un país.