Jorge Ospina Sardi

Durante décadas Colombia ha disfrutado de un consenso entre la mayoría de sus economistas sobre el manejo macroeconómico. Aunque ello ha traído estabilidad, ha impedido la adopción de políticas agresivas de impulso al crecimiento y desarrollo del país.

El modelo consensual macroeconómico de los economistas colombianos se basa en la independencia de un Banco Central cuyo objetivo principal es el control de la inflación, en un manejo mas o menos equilibrado de las finanzas públicas, en una política comercial no muy restrictiva, y en una amigable inserción del país dentro de la institucionalidad económica internacional. 

Con la aplicación de este modelo se han evitado grandes crisis y oscilaciones en el devenir de la economía colombiana. En el contexto latinoamericano esto se puede considerar como un logro. Sin embargo, surge el interrogante sobre si es suficiente para llevar a Colombia por el sendero de un mas elevado crecimiento y desarrollo.

Durante 1990-2023 el crecimiento promedio anual del PIB de Colombia osciló alrededor de 3,6%. Hacía adelante se vislumbra un crecimiento anual promedio en el mejor de los casos de 3%, siempre y cuando la inflación y los desequilibrios macroeconómicos no se desmadren.

Los niveles de gasto del sector público del orden nacional han ido en aumento. De 24% del PIB a mediados de los años noventa se ha pasado a 36% del PIB en 2023. Parte de este aumento ha sido financiado mediante endeudamiento interno y externo, lo que ha llevado a la deuda pública actualmente a niveles cercanos a 60% del PIB que para un país como Colombia es bastante alto. 

Los estatistas siempre acuden a defender sus políticas dirigidas a aumentar la esfera gubernamental con el argumento que ello se hace para reducir la pobreza y las disparidades económicas y sociales. Pero lo cierto es que ese engrandecimiento de los gobiernos no ha tenido mayores impactos en reducir pobrezas o disparidades. Y eso ha sido cierto no solo en Colombia sino en muchos otros países.

Por el contrario, las creciente cargas sobre las poblaciones y las actividades productivas que representan la financiación de unos cada vez mas exorbitantes gobiernos se han traducido en estancamientos o en bajas tasas de crecimiento económico. Colombia no ha sido la excepción.

La pobreza afecta actualmente a un 35% de los colombianos. Aunque en épocas puntuales de alto crecimiento ha caído por debajo de 30%, de todas maneras bajo cualquier estándar que se adopte se trata de niveles inaceptables. Es evidente que el crecimiento económico y los niveles de inversión no han sido lo suficientemente robustos como para lograr reducir la pobreza de manera sostenida a menos del 20%, como debería ser para un país de las condiciones de Colombia. 

Considérese el tema del empleo. La tasa de desempleo ha sido bastante alta (por los lados de 11% anual), pero la tasa de informalidad si que ha sido muy alta (cercana a 40%). Estas cifran ratifican que la economía colombiana no le está está generando a su población las suficientes oportunidades de progreso, y muy especialmente entre los mas jóvenes. 

Otras estadísticas muestran lo lejos que todavía está Colombia alcanzar un nivel satisfactorio de desarrollo social. De los graduados de bachilleratos solo el 40% accede a educación superior. Y se trata de una educación superior de baja calidad, según lo atestiguan las pruebas de evaluación internacional. El bilingüismo está en pañales. 

En general, la educación pública se encuentra altamente politizada. La oportunista utilización de los estudiantes por parte de los sindicatos de maestros para obtener fines politiqueros, desvía su atención hacia actividades que no contribuyen a su formación académica ni hacia la adquisición de unos mínimos hábitos de estudio y trabajo.

En el caso de la salud básica, si bien ha habido progresos importantes en cobertura, todavía cerca de un 30% de los colombianos no disponen de un adecuado acceso a una atención de calidad. 

Y así en otras áreas como el de la infraestructura física. Hay muchos atrasos en Colombia. Ante semejante situación no caben los conformismos y hay que buscar un modelo económico que le asigne una gran prioridad a lograr altas tasas de inversión y crecimiento. Un modelo que logre generar mas empleo formal. Que lleve al país a un plano superior en el aprovechamiento de sus ventajas comparativas internacionales. 

El actual modelo consensual de los economistas colombianos es claramente insuficiente. Ha llevado a un creciente estatismo, a un cada vez mas gravoso régimen tributario y a unas inoficiosas regulaciones, sin que nada de eso se haya traducido en beneficios perceptibles para la población en general, y menos aún para aquella mas desamparada y vulnerable. 

Dentro de este modelo los cambios en la política económica han sido marginales con frecuencia en direcciones incompatibles con el objetivo de alcanzar mas elevados crecimientos. No ha habido modificaciones estructurales dirigidas a modificar a fondo los entornos en los que se desenvuelve la actividad productiva individual y empresarial. No se han profundizado las libertades económicas, no se han eliminado obstáculos y trabas artificiales, no se han depurado las garantías y protecciones para quienes asumen los riesgos de invertir y producir. 

La dirigencia política y los economistas del país han adoptado una actitud complaciente frente a un status quo, que si bien no ha sido del todo hostil a la actividad productiva privada, tampoco ha sido especialmente estimulante y atractivo en un país que todavía no ha podido superar complejos problemas de seguridad y orden público.

¿Cuáles serían esos cambios transformadores en el marco de referencia en el que se desenvuelve la actividad económica? Pues ellos serían radicales en áreas como el régimen tributario, el sistema financiero, las prioridades del gasto público nacional, el régimen cambiario, el régimen laboral, los trámites y licencias de funcionamiento, y el sistema de subsidios a la población mas vulnerable. 

El gran objetivo sería convertir a Colombia en el país mas atractivo de la región para la inversión y la actividad productiva privada y así lograr sustanciales avances en materia de crecimiento y generación de empleo formal. Es evidente que el logro de semejante gran objetivo requerirá de una reformulación de las políticas de seguridad pública abandonando los fallidos procesos de paz y fortaleciendo a la justicia ordinaria y a las fuerzas armadas y de policía. 

Duplicar de manera sostenida la tasa de crecimiento anual del PIB del 3% actual a 6%, disminuir la pobreza a niveles inferiores a 20%, reducir la tasa de desempleo a 5%, elevar no solo la cobertura sino también la calidad de los servicios de salud y educación, y proteger con subsidios mas eficaces a la población vulnerable del país, son los ineludibles objetivos de una agenda libertaria de política económica para Colombia.

Estas metas son factibles siempre y cuando se apliquen políticas altamente amigables y favorables a las libertades económicas individuales y empresariales. Implican un nuevo paradigma en áreas clave como las mencionadas atrás, bastante diferente al del modelo consensual de los economistas colombianos. Significa romper con la mediocre inercia en la cual está sumida la economía colombiana desde hace varias décadas y vencer el conformismo que carcome a la dirigencia del país.