JorgeOspina Sardi
El costo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los pilares del proceso de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos, no compagina con sus resultados en distintos frentes.
En ocho años de funcionamiento desde sus inicios a comienzos de 2018, se estima que los contribuyentes colombianos han destinado unos 140 billones de pesos, lo que equivale a mas menos 33.600 millones de dólares. Es decir, un promedio en este período de 4.200 millones de dólares anuales, lo que supera al promedio de los ingresos anuales que el país ha recibido por concepto de sus exportaciones de café.
Después de esos ocho años, la JEP ha dejado en firme sus únicas dos primeras sentencias definitivas. La primera se refiere a los secuestros cometidos por las extinguidas FARC-EP enlas que fueron condenados siete integrantes de su último Secretariado por los delitos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La sanción por semejantes crímenes "ocho años de trabajos restaurativos" en los que no hay penas de cárcel.
La segunda sentencia se refiere a ejecuciones extrajudiciales (los llamados "falsos positivos") en la Costa Caribe, en el que fueron condenados 12 exintegrantes de la Fuerza Pública. La sanción fue de ocho años de "restricciones y obras de reparación".
La JEP tiene una planta de aproximadamente 1.460 puestos, a los que se suma mas de 1.200 contratistas. El gasto promedio anual por funcionario de planta es cercano a los 2.9 millones de dólares (incluyendo ahí el costo de los contratistas que complementan y apoyan el trabajo realizado por esos funcionarios).
Para un país como Colombia se trata sin duda de un muy elevado costo solo justificable si los resultados fueran los mejores. Se podría argumentar que la JEP no ha actuado con la celeridad requerida. Sin embargo, también se podría afirmar que parte del problema tiene que ver con su concepción original.
Por esto último, la JEP no ha estado a la altura de las circunstancias en lo que tiene que ver con desmovilizaciones efectivas, con sanciones a crímenes atroces, con reparaciones a las vícitmas y con la devolución de bienes y dineros adquiridos al margen de la ley.
Es inevitable llegar a la conclusión que la JEP ha sido una institución que ha legalizado la impunidad con sanciones que no guardan correspondencia alguna con la gravedad de los crímines cometidos. Esa fue ni mas ni menos la filosofía del proceso de paz de La Habana que firmó con bombos y platillos el gobierno de Juan Manuel Santos.
Una filosofía de la que ha abusado hasta extremos iconcebibles la clase política colombiana. En la que es suficiente con asignarle "motivaciones políticas" a asesinatos, narcotráfico, secuestros, extorsiones, robos, bloqueos y destrucción de bienes públicos para evitar o eludir las sanciones y condenas establecidas en los códigos de la justicia ordinaria.
En ese río revuelto de la impunidad, ganancia de criminales y oportunistas y por supuesto un mensaje completamente equívoco a las nuevas generaciones y a quienes están llamados a crear riqueza y administrar los bienes públicos y privados de Colombia.