Le tienen miedo al mercado. Quieren que el gobierno les garantice un flete mucho más alto del que prevalecería en condiciones de libertad de precios.

 

Actualmente todos los colombianos le pagan a estos transportadores terrestres de carga una especie de impuesto, que no es otra cosa que un flete artificialmente alto, un piso mínimo que establecen gobierno y transportadores arbitrariamente. El actual gobierno pretende desmontar este absurdo sistema que atenta contra la competitividad de Colombia.

La respuesta de algunos transportadores ha sido la de un paro nacional. Pero ante la imposibilidad de incidir significativamente en el volumen de carga transportada, se han dedicado a bloquear las vías de Bogotá y de otras ciudades, así como importantes carreteras a lo largo y ancho del país. Igualmente han agredido a los transportadores que no están con el paro. Se trata de acciones claramente al margen de la ley que empiezan a producir grandes perjuicios a diferentes grupos de la población.  

Ahora bien, un precio artificialmente alto por el transporte induce a que ingresen al negocio más empresarios de lo que lo harían si no existiera ese privilegio. Así las cosas, gracias a los fletes artificialmente altos, los empresarios transportadores enfrentan una mayor competencia de la que existiría en condiciones de libertad de precios. Como las tarifas o fletes son las fijadas entre el gobierno y los transportadores, el impacto de esa mayor competencia no se refleja en el nivel de dichos precios. Pero se refleja adversamente en el volumen de carga transportada por cada empresario transportador.  

O sea que la hora de la verdad es nada lo que estos empresarios ganan con el sistema actual de fijación de fletes. Es un sistema que al propiciar el ingreso de un mayor número de empresarios al negocio termina por afectar el volumen de actividad de los que ya están ahí. Por esta razón, el nivel de ingresos de cada transportador no necesariamente termina resultando mayor al que se daría con libertad de precios.  

Pero además con el sistema actual se desvían recursos y mano de obra hacía un sector donde son redundantes. Por ejemplo, se promueve un aumento innecesario en el parque de vehículos de carga. La existencia de ese exceso de vehículos de carga con sus respectivos operarios es un espada de Damocles que amenaza permanentemente la rentabilidad del negocio.

 

Como si lo anterior fuera poco, la inflexibilidad de precios que introduce el actual sistema dificulta la diferenciación por calidad de servicio. Quienes prestan el mejor servicio no reciben el más alto precio que se merecen. Es un sistema que proteje al ineficiente frente a la competencia del más eficiente.

 

Para rematar, el resto de los colombianos terminan por pagar un sobre costo que no es real. Ello se refleja en los precios de los productos en los supermercados y en los precios con los cuales los exportadores compiten en los mercados internacionales. El mayor ingreso de este sobre costo que pagan todos los colombianos se diluye entre un mayor número de transportadores del que realmente necesita el país.  

Uno de los segmentos más perjudicados con el sistema actual son los pequeños empresarios del transporte. Ellos tienen que soportar una mayor competencia de la que se daría en condiciones de libertad. Los grandes transportadores tienen el capital para ofrecer beneficios alternativos a los clientes y compensar, así sea parcialmente, los fletes artificialmente altos. Los empresarios pequeños no poseen esa capacidad. Se engañan al creer que un viaje con fletes artificialmente altos es suficiente para hacer de su negocio un buen negocio.

Paradójicamente son esos pequeños empresarios del transporte la carne de cañón que utilizan unos grandes capos para promover con métodos abiertamente ilegales y tramposos sus intereses gremialistas particulares frente al gobierno y a la sociedad.