El Congreso de Estados Unidos archivó, al menos por ahora, las dos iniciativas dirigidas a controlar el Internet. Eran absurdamente restrictivas.

 

La iniciativa de la Cámara era la Stop Online Piracy Act (SOPA) y la del Senado la Protect IP Act (PIPA). Ambas iniciativas despertaron una encendida protesta entre los usuarios de Internet y entre numerosos sitios que vieron amenazada su supervivencia si las iniciativas se aprobaban.

La discusión del tema ha alcanzado un elevado tono emocional. Por un lado, se encuentran los defensores de los derechos de autor y de propiedad industrial de quienes crean y producen software, cine, música, libros y documentos, productos farmacéuticos y accesorios de toda clase, primordialmente.  

Por el otro lado, se encuentran millones de usuarios que se han acostumbrado a que todo por el Internet es gratis o muy barato, así como una enorme cantidad de sitios que sin saberlo o sabiéndolo son utilizados para guardar, transportar y comerciar en la red productos y materiales pirateados.

En las dos iniciativas de ley se contemplaban fuertes castigos no solo para los piratas sino también para quienes en la red sirvieran de intermediarios en la difusión y comercialización de lo pirateado. Sitios como Google, Facebook, YouTube, Wikipedia, e incluso Twitter, podrían de manera inadvertida servir de instrumentos de los piratas. Para estos sitios, ejercer un estricto control previo sobre la gran cantidad de material que por ellos circula, es virtualmente imposible.

Tanto SOPA como PIPA se prestarían para sancionar a estos tradicionales sitios y otros menos tradicionales, lo que alejaría del Internet el capital de riesgo que ha sido su principal fuente de financiación de su expansión e innovación. Los inversionistas son reticentes cuando las probabilidades son altas de incumplimiento de la ley. Pero además estas dos iniciativas le otorgarían a los funcionarios del gobierno de Estados Unidos poderes inmensos para intervenir y reprimir, sin concederle mínimas garantías jurídicas a los afectados previamente a las sanciones.

 

Es evidente que en un Internet libre y expansivo como el actual es imposible acabar con la piratería. Esa libertad es la fuente de su dinamismo. Pocos, excepto gobiernos dictatoriales como los de China e Irán, están realmente interesados en sofocarla o reprimirla. Los beneficios planetarios que se han derivado de la expansión del Internet, especialmente en la difusión y ampliación de conocimientos, así como en la reducción de costos en la gran mayoría de las actividades productivas, superan por lejos los perjuicios que han tenido que asumir algunos conglomerados empresariales por la violación de sus derechos de autor y propiedad industrial.

De hecho, tampoco los gobiernos han acabado con la piratería por fuera del Internet. Desde épocas inmemoriales han intentado reprimirla en distintos lugares del planeta. Estos intentos han encarecido los costos de la piratería, lo cual ayuda en el propósito de mantenerla a raya. Pero el incentivo para ejercerla, que no es otro que las utilidades de un negocio al margen de la ley, la hace inevitable.

Incluso, hay quienes defienden a la piratería como la única forma que tiene una porción importante de la humanidad de acceder a determinados bienes y servicios, marginada por los conglomerados en su afán de obtener utilidades. Pero resulta que nadie está dispuesto a producir a pérdida. A estos conglomerados les cuesta producir lo que venden, les cuesta investigar e innovar para mejorar sus productos, y de los ingresos por sus ventas ganan su sustento una gran cantidad de personas y se generan los excedentes para reinvertir y crecer.

Estos argumentos populistas y simplones tampoco tienen en cuenta que para muchos negocios pequeños o medianos, para muchos negocios que apenas se inician, el impacto de la piratería es sencillamente devastador. Sin unas garantías mínimas de respeto por sus derechos de autor o de propiedad industrial, los pequeños no solamente dejan de percibir los frutos de sus esfuerzos y trabajos, sino que son unos avivados con frecuencia más poderosos quienes terminan despojándolos de tales frutos.

Ahora bien, el avance del Internet, con sus elevados beneficios en materia de reducción de costos, ha llevado al abaratamiento de muchos bienes y servicios. Considérese, por ejemplo, el precio actual de descargar música y películas por Internet, así como de distintos tipos de información especializada. Son muy bajos los precios y muy cómodo el acceso a los servicios que proveen sitios como Hulu, Netflix, Amazon Instant Video, iTunes y Xbox, para citar solo algunos. Debido a la mayor competencia que permite el Internet, es previsible que estos precios bajen aun más, pero también lo es que los dueños de los respectivos servicios se beneficien con la creciente masificación de su consumo a costos cada vez más reducidos, igualmente gracias al Internet.

O sea que el crecimiento y evolución del Internet (lo que estaría en peligro con leyes restrictivas como SOPA y PIPA), va de la mano de un abaratamiento de los distintos bienes y servicios que por ahí se distribuyen y comercializan, lo que de por sí constituye una importante arma para combatir la piratería. Y en el caso de productos de marca, de aquellos que por precio no están dirigidos a un consumo masivo, el Internet proporciona las herramientas para que el consumidor de estos productos no se deje engañar por piratas y estafadores.

En otras palabras, así como el Internet facilita la piratería, así también crea anti cuerpos para combatirla. Las leyes actuales de combate a la piratería son por lo general suficientes para caerle a los piratas que actúan en el Internet. Simplemente hay que aplicarlas, en lo cual antes y después del inicio del Internet, ha radicado una gran debilidad. Como en muchas áreas de la justicia, no es cuestión de falta de leyes sino de carencias en la implementación de las mismas.

Dado que con el Internet se ha abierto el abanico de posibilidades de comportamiento positivo y negativo, hay la sensación de que las autoridades no dan abasto para combatir lo negativo. Y efectivamente, no hay que engañarse, no dan abasto, ni nunca darán abasto cualesquiera que sean las leyes existentes.

Desde el punto de vista práctico, la última palabra no está en manos de los gobiernos, sino en el ingenio de los más afectados por la piratería, los cuales tendrán que arreglársela, como siempre lo han hecho, para encontrar los mecanismos que permitan neutralizarla o al menos aminorarla.

Es más, aquellas empresas, que a pesar de tener la ley a su favor (como ya es el caso sin SOPA y PIPA), sean incapaces de defenderse de la piratería, simplemente no son dignas de sobrevivir. No hace sentido alguno que en aras de asegurar su supervivencia, el gobierno de Estados Unidos se comprometa con leyes que le asestan un golpe de gracia a un medio que tantos beneficios le ha traído a la humanidad.

(Advertencia: lanota.com sólo utiliza este nombre. No tiene relación alguna con portales o empresas que emplean la palabra lanota en otras combinaciones de nombres).