Los encargados de administrar los activos de Allen Stanford en Estados Unidos y en Antigua están en desacuerdo sobre la jurisdicción.
Como se sabe, las autoridades de Antigua tomaron control de Stanford International Bank (SIB) y Stanford Trust, cuyas sedes quedan en la isla, y nombraron encargado de la administración de los activos de ambas entidades a Vantis, una firma de abogados con sede en Inglaterra.
Por otro lado, el encargado de administrar los activos de Stanford Group con sede en Estados Unidos es Ralph Janvey. Un juez de Dallas le otorgó a Janvis autoridad sobre todos los activos corporativos y personales de Allen Stanford a lo largo y ancho del planeta. Janvey ha señalado que sus investigadores han localizado 198 compañías del grupo alrededor del mundo, al lado de una multiplicidad de cuentas bancarias bajo la titularidad de estas compañías o del propio Allen Stanford.
Pues bien, Nigel Hamilton-Smith de la firma Vantis (el otro abogado de esta firma relacionado con el caso es Peter Wastell), ha rechazado enfáticamente la autoridad que Janvey dice tener sobre los activos de SIB y Stanford Trust. La tesis de Hamilton-Smith es que estos activos están en distintas jurisdicciones alrededor del mundo, en países diferentes a Estados Unidos. No son activos con base en ese país o resultado de negocios efectuados allí. Dado que los fondos de los depositantes en ambas entidades y demás activos tienen su origen en Antigua —emanaron de negocios con sede en la isla— el encargado de administrarlos tiene el primer derecho a reclamarlos para responderle a sus acreedores. Según Hamilton-Smith, el señor Janvey sólo tiene jurisdicción sobre los activos de negocios con sede en Estados Unidos.
El punto es de crucial importancia para los ciudadanos de Venezuela, México, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador que depositaron su dinero en SIB y Stanford Trust. Si se mantiene la tesis de Hamilton-Smith, el faltante de Stanford en Estados Unidos no podrá ser cubierto con los activos que hay en Antigua, lo que aumentaría la devolución a damnificados de estos países. Estos damnificados no son solamente de América Latina: por ejemplo, recientemente se conoció que en noviembre de 2008 Allen Stanford se reunió con representantes del gobierno de Muammar el-Qaddafi en Libia, después de lo cual llegaron depósitos a SIB provenientes de ese país por más de US$100 millones.
Por ahora, Janvey ha expresado abiertamente su desacuerdo con la tesis de Hamilton-Smith y ha anunciado que se reunirá con sus contrapartes de Antigua en los primeros días de abril para ahondar sobre el tema. El encuentro tendrá lugar en Miami. “A mitad de camino entre Texas y Antigua”, como dice Hamilton-Smith, quien no ha descartado que se pueda llegar a un acuerdo operativo con Janvey.
Por otro lado, el encargado de administrar los activos de Stanford Group con sede en Estados Unidos es Ralph Janvey. Un juez de Dallas le otorgó a Janvis autoridad sobre todos los activos corporativos y personales de Allen Stanford a lo largo y ancho del planeta. Janvey ha señalado que sus investigadores han localizado 198 compañías del grupo alrededor del mundo, al lado de una multiplicidad de cuentas bancarias bajo la titularidad de estas compañías o del propio Allen Stanford.
Pues bien, Nigel Hamilton-Smith de la firma Vantis (el otro abogado de esta firma relacionado con el caso es Peter Wastell), ha rechazado enfáticamente la autoridad que Janvey dice tener sobre los activos de SIB y Stanford Trust. La tesis de Hamilton-Smith es que estos activos están en distintas jurisdicciones alrededor del mundo, en países diferentes a Estados Unidos. No son activos con base en ese país o resultado de negocios efectuados allí. Dado que los fondos de los depositantes en ambas entidades y demás activos tienen su origen en Antigua —emanaron de negocios con sede en la isla— el encargado de administrarlos tiene el primer derecho a reclamarlos para responderle a sus acreedores. Según Hamilton-Smith, el señor Janvey sólo tiene jurisdicción sobre los activos de negocios con sede en Estados Unidos.
El punto es de crucial importancia para los ciudadanos de Venezuela, México, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador que depositaron su dinero en SIB y Stanford Trust. Si se mantiene la tesis de Hamilton-Smith, el faltante de Stanford en Estados Unidos no podrá ser cubierto con los activos que hay en Antigua, lo que aumentaría la devolución a damnificados de estos países. Estos damnificados no son solamente de América Latina: por ejemplo, recientemente se conoció que en noviembre de 2008 Allen Stanford se reunió con representantes del gobierno de Muammar el-Qaddafi en Libia, después de lo cual llegaron depósitos a SIB provenientes de ese país por más de US$100 millones.
Por ahora, Janvey ha expresado abiertamente su desacuerdo con la tesis de Hamilton-Smith y ha anunciado que se reunirá con sus contrapartes de Antigua en los primeros días de abril para ahondar sobre el tema. El encuentro tendrá lugar en Miami. “A mitad de camino entre Texas y Antigua”, como dice Hamilton-Smith, quien no ha descartado que se pueda llegar a un acuerdo operativo con Janvey.