El gobierno griego aceptó un paquete de medidas económicas mas duras que las propuestas anteriormente por la eurozona y que fueran rechazadas en un reciente referendo.
Todas las líneas rojas que se propuso inicialmente el gobierno izquierdista de Alexis Tsipras para estas negociaciones, y que habían contado con un amplio respaldo en las urnas, fueron traspasadas. La perspectiva de un inminente colapso económico y financiero dejaron al gobierno griego a merced de sus acreedores.
El nuevo acuerdo contempla aumentos significativos en el impuesto a las ventas; recortes también significativos en las pensiones; independencia de la oficina encargada de llevar las estadísticas públicas; reformulación del sistema de justicia civil; reorganización del sistema bancario para ajustarlo a las normas que rigen en la eurozona; desregulación del mercado laboral; y privatizaciones, incluido el sistema eléctrico, por el equivalente a US$50.000 millones.
Sobre estos US$50.000 millones por concepto de privatizaciones, los griegos lograron que no todo fuera para reducción de deuda, sino que un 25% se destinara a la capitalización del sistema financiero y otro 25% a financiar iniciativas de crecimiento económico. Estos recursos serán administrados por los griegos, pero bajo la vigilancia de las instituciones europeas.
Ahora bien, para recibir recursos por cerca de 82.000 millones de euros, lo que constituiría su tercer rescate desde la crisis de 2009, el parlamento de Grecia debe aprobar las medidas a mas tardar el miércoles 15 de julio y presentar un calendario exacto y obligatorio de su implementación.
Este acuerdo es sin duda un triunfo de Alemania y de los países que adoptaron una posición fuerte frente a las pretensiones del nuevo gobierno de Grecia. Atrás quedaron esas absurdas declaraciones de las autoridades griegas de que ellas cambiarían la institucionalidad y la “historia” de la eurozona. Lo que si cambiará, si el nuevo acuerdo se cumple, es la trayectoria de irresponsabilidad en el manejo económico que ha caracterizado a los griegos desde hace ya varios años.
El nuevo acuerdo contempla aumentos significativos en el impuesto a las ventas; recortes también significativos en las pensiones; independencia de la oficina encargada de llevar las estadísticas públicas; reformulación del sistema de justicia civil; reorganización del sistema bancario para ajustarlo a las normas que rigen en la eurozona; desregulación del mercado laboral; y privatizaciones, incluido el sistema eléctrico, por el equivalente a US$50.000 millones.
Sobre estos US$50.000 millones por concepto de privatizaciones, los griegos lograron que no todo fuera para reducción de deuda, sino que un 25% se destinara a la capitalización del sistema financiero y otro 25% a financiar iniciativas de crecimiento económico. Estos recursos serán administrados por los griegos, pero bajo la vigilancia de las instituciones europeas.
Ahora bien, para recibir recursos por cerca de 82.000 millones de euros, lo que constituiría su tercer rescate desde la crisis de 2009, el parlamento de Grecia debe aprobar las medidas a mas tardar el miércoles 15 de julio y presentar un calendario exacto y obligatorio de su implementación.
Este acuerdo es sin duda un triunfo de Alemania y de los países que adoptaron una posición fuerte frente a las pretensiones del nuevo gobierno de Grecia. Atrás quedaron esas absurdas declaraciones de las autoridades griegas de que ellas cambiarían la institucionalidad y la “historia” de la eurozona. Lo que si cambiará, si el nuevo acuerdo se cumple, es la trayectoria de irresponsabilidad en el manejo económico que ha caracterizado a los griegos desde hace ya varios años.