En mayo de 2009, las reservas internacionales disponibles de Ecuador cayeron US$550 millones y terminaron el mes en US$2.600 millones.
A su vez, los depósitos del gobierno central en el Banco Central de Ecuador disminuyeron US$380 millones y quedaron en US$820 millones. Las reservas totales corresponden a un nivel inferior a 3 meses de importaciones de bienes (o sea sin contar importaciones de servicios).
Al paso que caían las reservas, el gobierno del Presidente Rafael Correa le ordenaba a los bancos privados repatriar US$1.200 millones de depósitos e inversiones que tienen en el exterior. Para tales efectos, el Banco Central estableció un requerimiento de liquidez que obliga a estos bancos a mantener por lo menos el 45% de sus activos en el país.
La disminución de las reservas internacionales tuvo lugar a pesar de aumentos en los recaudos tributarios (debido especialmente a la aplicación de multas a multinacionales) y no obstante el incremento reciente en los precios internacionales del petróleo. Es evidente que los niveles de gasto del gobierno están desfasados en relación con los ingresos que percibe.
Ahora bien, esta disminución de las reservas lleva al interrogante de si el gobierno ecuatoriano contará con el suficiente margen de maniobra para redimir los llamados bonos soberanos “ilegítimos” o “ilegales” que readquirirá a un precio equivalente al 35% del capital. El valor total de estos bonos es de US$3.200 millones y todavía no se sabe cuántos tenedores se acogerán a la oferta hecha por el gobierno ecuatoriano.
Pero finalmente lo que está en juego es la continuidad de la dolarización. Si no se revierte la tendencia de caída en las reservas internacionales, será inevitable el desmonte de la dolarización. Sólo un significativo aumento del precio internacional del petróleo, o un arreglo rápido con sus acreedores internacionales acompañado de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, sacarían al país del actual aprieto.
Al paso que caían las reservas, el gobierno del Presidente Rafael Correa le ordenaba a los bancos privados repatriar US$1.200 millones de depósitos e inversiones que tienen en el exterior. Para tales efectos, el Banco Central estableció un requerimiento de liquidez que obliga a estos bancos a mantener por lo menos el 45% de sus activos en el país.
La disminución de las reservas internacionales tuvo lugar a pesar de aumentos en los recaudos tributarios (debido especialmente a la aplicación de multas a multinacionales) y no obstante el incremento reciente en los precios internacionales del petróleo. Es evidente que los niveles de gasto del gobierno están desfasados en relación con los ingresos que percibe.
Ahora bien, esta disminución de las reservas lleva al interrogante de si el gobierno ecuatoriano contará con el suficiente margen de maniobra para redimir los llamados bonos soberanos “ilegítimos” o “ilegales” que readquirirá a un precio equivalente al 35% del capital. El valor total de estos bonos es de US$3.200 millones y todavía no se sabe cuántos tenedores se acogerán a la oferta hecha por el gobierno ecuatoriano.
Pero finalmente lo que está en juego es la continuidad de la dolarización. Si no se revierte la tendencia de caída en las reservas internacionales, será inevitable el desmonte de la dolarización. Sólo un significativo aumento del precio internacional del petróleo, o un arreglo rápido con sus acreedores internacionales acompañado de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, sacarían al país del actual aprieto.