El Tratado de Libre Comercio (TLC) de Colombia con Estados Unidos se ha convertido en el protagonista de un juego político sin final a la vista.

 

Los actuales dueños del poder político en Washington sencillamente no creen en el libre comercio sino en un concepto farragoso llamado “fair trade”, que apunta a imponerle toda clase de condicionamientos a los flujos comerciales. Siguiendo esa línea, el Representante de Comercio de Estados Unidos Ron Kirk ha dicho que buscará el camino para lograr la aprobación de un TLC con Colombia y Corea del Sur “que refleje nuestros valores sobre los derechos de nuestros trabajadores y sobre la protección ambiental, de manera que haya igualdad en el campo de juego para los trabajadores nuestros”. Habrá que conseguir un traductor de esperanto para que dilucide las implicaciones prácticas de estas afirmaciones.

Ron Kirk también señaló que llevaría a consideración del Congreso de su país el TLC con Panamá, antes que el de Colombia, cambiando el orden que la administración Bush había establecido. Ese sólo hecho debería servir de excusa para que Colombia se retire de este inaudito y humillante proceso.

Los términos del TLC ya fueron negociados por ambos gobiernos, lo que tomó más de tres años. Entonces resulta que ahora hay que renegociarlos de nuevo. ¿Bajo cuáles ambiguos y confusos parámetros? Como están las cosas, a Colombia lo que más le conviene es continuar con el ATPDEA (Andean Trade Preference Act), donde obtiene ventajas arancelarias sin concesiones recíprocas, a cambio de su colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Las concesiones comerciales habría que dárselas solamente a países como Canadá, con gobiernos dispuestos a aprobar acuerdos comerciales en forma expedita. Y cuando los políticos de Estados Unidos estén convencidos de las ventajas de un acuerdo comercial y no de un TPC"J" (tratado político de comercio “justo”), que sean ellos los de la iniciativa.