Por iniciativa del gobierno de Juan Manuel Santos el Congreso aprobará un “marco jurídico para la paz” que no es otra cosa que un “marco jurídico para la impunidad”.

 

Según ese marco jurídico, podrán ser perdonados quienes hayan cometido delitos atroces y de lesa humanidad como el de una pandilla de las Farc que ocasionó la muerte de una partera, de un bebé en vientre, de su pequeño hermano, de dos jóvenes policías que los transportaban, y que además hirió gravemente a la madre y a su esposo.

Recibirán también perdón, por ejemplo, y para citar otro caso reciente, los terroristas de las Farc que le hicieron el atentado con bomba al ex ministro Fernando Londoño Hoyos y en el cual hubo dos muertos, múltiples heridos y cuantiosos daños materiales.

Igual con todos los demás asesinos de policías, soldados, y oficiales, los que han entregado su vida por apoyar las labores de erradicación en los innumerables cultivos de coca administrados por las Farc.

El mensaje para los mandos medios de las Farc es que no importa que sigan en su frenesí criminal: el perdón estará ahí esperándolos a la vuelta de la esquina.

¿Y el mensaje  para los grandes capos de las Farc? Todo indica que ellos también podrán ser sujetos de los beneficios del “marco jurídico para la paz”. A la placentera vida que actualmente llevan en Venezuela desde donde orquestan sus crímenes atroces y de lesa humanidad, se agrega ahora que los políticos colombianos, con el Presidente de la República a la cabeza, están expectantes de recibirlos con los brazos abiertos en el seno de su cofradía.

Se repite así en Colombia la historia. Hay unos asesinatos, secuestros, extorsiones y narcotráfico que son de mala familia, y los hay otros que son de buena familia. Los son de mala familia todos aquellos ejecutados por lo que en este país llaman “la delincuencia común”. Los son de buena familia los realizados bajo el pretexto de unos supuestos “móviles políticos”. Bajo el amparo de estos móviles es permitido, y hasta bien visto por algunos, perpetrar todo lo que califica como crimen atroz y de lesa humanidad.

El resultado es un sistema de justicia esquizofrénico. La calificación de los delitos como atroces y de lesa humanidad no depende de su impacto (pérdida de vidas y daños irreparables), sino de la “bandera” y “uniforme” que llevan los asesinos, secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes.

Para quienes dicen actuar con fines políticos, el código penal es uno diferente al que aplica al resto de los mortales: uno en el cual la impunidad total es la norma. De ahí que en Colombia los mas avezados y curtidos delincuentes terminan siempre enarbolando banderas políticas. Ni bobos que fueran en un país donde se ha convertido en regla aquello de que “los fines políticos justifican todos los medios”.

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