Según el preacuerdo a que se llegó en La Habana, todos los colombianos son culpables de los crímenes y delitos que han cometido y siguen cometiendo las Farc. El dinero para resarcir a las “víctimas” saldrá de las arcas públicas.
El gobierno de Juan Manuel Santos anunció con bombos y platillos el 7 de junio de 2014 que por fin las Farc reconocían que sus innumerables actos criminales y delincuenciales han producido “víctimas”. Lo presentó como un gran avance en las negociaciones de La Habana, a pocos días de que los colombianos decidan en una segunda vuelta si reeligen o no a Santos.
Santos ha convertido al proceso de negociaciones de La Habana en el comodín de las actuales elecciones presidenciales, sin pensar en los intereses del país sino en los muy específicos suyos relacionados con su supervivencia política. Todo vale con tal de lograr su reelección.
Ahora bien, urge profundizar en la premisa que está detrás del preacuerdo relacionado con las “victimas”. Ahí básicamente se coloca al gobierno y a sus fuerzas públicas en plano de igualdad con las Farc en la repartición de las culpabilidades de los innumerables crímenes y delitos que esa organización ha cometido y sigue cometiendo. Las implicaciones son de la mayor gravedad.
1) La premisa de la igualdad en las culpas se traduce en que todos los colombianos son responsables de los asesinatos, secuestros, robos, narcotráfico y demás crímenes y delitos que ha cometido y siguen cometiendo los miembros de esa organización. Todos los colombianos son considerados responsables de que las Farc se dedicaran por 50 años a martirizarlos y a convertirlos en sus víctimas.
2) Si todos los colombianos son responsables por los crímenes de las Farc, han de pagar por ello. Es por eso que se da a entender que los resarcimientos a las “víctimas” serán con los recursos provenientes de sus impuestos. No se menciona para nada la entrega por parte de las Farc de sus cuantiosos bienes y dineros mal habidos (y menos aún las armas que adquirieron con esos dineros).
3) En la identificación de las “victimas” y en la decisión sobre la cuantía de los resarcimientos participarán activamente los victimarios, o sea las Farc. Ellas tendrán poder decisorio sobre quienes serán los beneficiarios en la entrega de los dineros públicos.
4) Con este preacuerdo las Farc por fin han logrado lo que siempre han buscado: un reconocimiento de que sus actos criminales y delincuenciales no son de su exclusiva hechura y responsabilidad sino que son producto de condiciones y situaciones atribuibles al entorno social y político imperante en Colombia. El mismísimo gobierno les da la razón en lo que siempre han argumentado: que su conducta criminal y delincuencial es justificable porque se han enfrentado a un gobierno y a unas fuerzas públicas que son sus iguales en su accionar criminal y delicuencial.
5) Las implicaciones jurídicas internacionales son impredecibles. Muchos intereses extranjeros han sido afectados por las Farc y tendrían también el derecho a un resarcimiento. El gobierno colombiano estaría reconociendo su culpa en los crímenes de lesa humanidad y otros muchos de extrema gravedad que han cometido y siguen cometiendo las Farc y que ameritan juicios y condenas por parte no solo de la justica colombiana sino también de las cortes internacionales.
6) Es incuantificable el monto de los recursos públicos que deberán desviarse hacía los “resarcimientos”. Después de todo, son muchos los colombianos que han sido víctimas de las Farc. El impacto sobre las finanzas públicas luce devastador.
A este tipo de preacuerdos es a los que se está llegando en La Habana. Abren un boquete jurídico, político y económico que le traerán al país un gran salto al vacío. Con la tal “justicia transicional” que se aplicará en la implementación de estos acuerdos, no solamente se le perdonará a las Farc lo que no tiene perdón, sino que, para rematar, todos los colombianos tendrán que reconocer que son cómplices y que en la condición de tal, deberán pagar mucho mas de lo que ya han pagado reparando los inmensos daños que esa organización ha ocasionado en estos últimos 50 años.
Sin duda ha llegado el momento de recoger esta pita en la segunda vuelta de las actuales elecciones presidenciales, antes de que sea demasiado tarde.
Santos ha convertido al proceso de negociaciones de La Habana en el comodín de las actuales elecciones presidenciales, sin pensar en los intereses del país sino en los muy específicos suyos relacionados con su supervivencia política. Todo vale con tal de lograr su reelección.
Ahora bien, urge profundizar en la premisa que está detrás del preacuerdo relacionado con las “victimas”. Ahí básicamente se coloca al gobierno y a sus fuerzas públicas en plano de igualdad con las Farc en la repartición de las culpabilidades de los innumerables crímenes y delitos que esa organización ha cometido y sigue cometiendo. Las implicaciones son de la mayor gravedad.
1) La premisa de la igualdad en las culpas se traduce en que todos los colombianos son responsables de los asesinatos, secuestros, robos, narcotráfico y demás crímenes y delitos que ha cometido y siguen cometiendo los miembros de esa organización. Todos los colombianos son considerados responsables de que las Farc se dedicaran por 50 años a martirizarlos y a convertirlos en sus víctimas.
2) Si todos los colombianos son responsables por los crímenes de las Farc, han de pagar por ello. Es por eso que se da a entender que los resarcimientos a las “víctimas” serán con los recursos provenientes de sus impuestos. No se menciona para nada la entrega por parte de las Farc de sus cuantiosos bienes y dineros mal habidos (y menos aún las armas que adquirieron con esos dineros).
3) En la identificación de las “victimas” y en la decisión sobre la cuantía de los resarcimientos participarán activamente los victimarios, o sea las Farc. Ellas tendrán poder decisorio sobre quienes serán los beneficiarios en la entrega de los dineros públicos.
4) Con este preacuerdo las Farc por fin han logrado lo que siempre han buscado: un reconocimiento de que sus actos criminales y delincuenciales no son de su exclusiva hechura y responsabilidad sino que son producto de condiciones y situaciones atribuibles al entorno social y político imperante en Colombia. El mismísimo gobierno les da la razón en lo que siempre han argumentado: que su conducta criminal y delincuencial es justificable porque se han enfrentado a un gobierno y a unas fuerzas públicas que son sus iguales en su accionar criminal y delicuencial.
5) Las implicaciones jurídicas internacionales son impredecibles. Muchos intereses extranjeros han sido afectados por las Farc y tendrían también el derecho a un resarcimiento. El gobierno colombiano estaría reconociendo su culpa en los crímenes de lesa humanidad y otros muchos de extrema gravedad que han cometido y siguen cometiendo las Farc y que ameritan juicios y condenas por parte no solo de la justica colombiana sino también de las cortes internacionales.
6) Es incuantificable el monto de los recursos públicos que deberán desviarse hacía los “resarcimientos”. Después de todo, son muchos los colombianos que han sido víctimas de las Farc. El impacto sobre las finanzas públicas luce devastador.
A este tipo de preacuerdos es a los que se está llegando en La Habana. Abren un boquete jurídico, político y económico que le traerán al país un gran salto al vacío. Con la tal “justicia transicional” que se aplicará en la implementación de estos acuerdos, no solamente se le perdonará a las Farc lo que no tiene perdón, sino que, para rematar, todos los colombianos tendrán que reconocer que son cómplices y que en la condición de tal, deberán pagar mucho mas de lo que ya han pagado reparando los inmensos daños que esa organización ha ocasionado en estos últimos 50 años.
Sin duda ha llegado el momento de recoger esta pita en la segunda vuelta de las actuales elecciones presidenciales, antes de que sea demasiado tarde.