Poderosos funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos pretenden encarcelarla porque no les gustó su fallo en el caso del supuesto “hacker” Andrés Sepúlveda.

 

El 11 de junio de 2014 después del fallo, a la jueza Teresa Barrera la entrevistaron en la radio camino a su oficina y respondió desde un transporte público. Sus respuestas en la radio fueron interrumpidas por un limosnero cantante, de esos que se suben a los buses a ganarse el pan de cada día. Según la jueza, la Fiscalía no logró presentar pruebas suficientes para mantener privado de la libertad a Sepúlveda.

Esta jueza aplicó su criterio como le correspondía hacerlo. Su fallo, sin embargo, fue un duro golpe para las pretensiones electorales de Juan Manuel Santos. Desinflaba un caso que para muchos analistas que no hacen parte de la gran prensa títere bogotana, ha sido un burdo montaje contra la campaña opositora, la de Oscar Iván Zuluaga.  

Pero quién dijo miedo. Los poderosos funcionarios públicos, aquellos que llevan décadas sin utilizar transporte público, resolvieron caerle con todo a la jueza. Demanda penal por prevaricato.

Rayos y centellas sobre ella. Lo único que tiene esta jueza es su buen nombre y su trayectoria profesional. Pero eso, que para ella lo es todo, es lo de menos para estos prepotentes altos funcionarios públicos, que se la pasan discursando sobre justicia social e inclusión.

Teresita se les atravesó en su camino. Y ese es el peor de todos los delitos cuando está de por medio la reelección de Juan Manuel Santos.