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Todos los partidos políticos de Colombia menos uno muy minoritario hacen parte de la Unidad Nacional del gobierno de Juan Manuel Santos. Aun así, este gobierno es incapaz de tramitar en el Congreso buenas leyes.
 
Nunca se supo muy bien cuál era la idea detrás de la llamada Unión Nacional, una especie de retorno a las épocas del Frente Nacional (1958–1974), cuando la administración pública se repartía milimétricamente entre los distintos grupos políticos. Santos ganó las elecciones apoyado por el Partido de la U y el Partido Conservador que le garantizaban la mayoría en el Congreso. Pero no contento con este apoyo resolvió buscar el apoyo del Partido Liberal, Cambio Radical y del Partido Verde, y sin solicitarlo mayormente, del PIN. O sea el 95% del Congreso.

Con la Unidad Nacional Colombia retrocedió en el camino de alcanzar una democracia madura con partidos de gobierno y partidos de oposición. En un sistema democrático bien entendido lo uno y lo otro van de la mano. Por falta de oposición los gobiernos se descarrilan. La manguala y la complacencia afloran. Difícil lograr sin oposición una razonable crítica y fiscalización a las políticas y ejecutorias gubernamentales.

Pero bueno, se hubiera creído que con la Unidad Nacional el gobierno tendría al menos buenas posibilidades de tramitar sus proyectos de ley bandera o prioritarios, como lo era el de la reforma de la justicia. Pero para sorpresa de todos, lo que se aprobó en este último caso fue un esperpento que solo dejó feliz a unos pocos directamente beneficiados.

Resulta realmente incomprensible que el gobierno, en cabeza de su Presidente, no hubiera ejercido un claro liderazgo para lograr que el proyecto de la reforma de la justicia se hubiera ajustado en términos generales a lo que inicialmente se propuso. A lo que en su entender eran las mejoras principales que se debían introducir al sistema de justicia.

En una columna en el diario El Tiempo el anterior ministro de Justicia y actual ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras (27 de junio de 2012) muestra que lo que se aprobó no incluyó puntos sustanciales que estaban en el proyecto original de reforma que el Ejecutivo puso a consideración del Congreso. Según Vargas Lleras de lo que se trataba era de "fortalecer la seguridad jurídica, ampliar el acceso y superar la descongestión del aparato judicial, optimizar la gerencia y el manejo de la rama, y reformar algunos aspectos institucionales."
 
Vargas Lleras termina por reconocer que "se perdió una oportunidad de oro para haber adoptado reformas que la justicia requería." Y después remata su conclusión con un lapidario pronóstico: "Muchas cosas tendrán que cambiar en el futuro para que gobierno alguno se atreva a intentarlo de nuevo."

¿A qué horas supo el gobierno que el proyecto se había descarrilado? ¿Sería por esta razón que Vargas Lleras renunció al Ministerio del Interior (y anteriormente también de Justicia)? Pero en realidad la pregunta importante es, ¿por qué Santos y su nuevo ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra se empeñaron en continuar con el proceso de aprobación si en el camino el proyecto inicial había perdido su esencia? Seguramente no quisieron “darse la pela” en su momento sin percatarse del elevado costo político que terminarían por asumir luego de su aprobación final.

Como sea, todavía mas importante es lo que este fracaso legislativo significa para el modelo de la Unidad Nacional que Santos se ha empañado en imponerle al país. Con este modelo se ha ampliado la administración pública. Se han creado tres nuevos ministerios, entre ellos el de Justicia. ¿En que quedó el primer gran desafío que tuvo bajo su responsabilidad el nuevo Ministerio?

Pero sobretodo, ¿cuál es la idea de la Unidad Nacional? O puesto de otra manera, ¿para qué diablos sirve el contubernio de la Unidad Nacional?

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